El PSOE se desmarca del Gobierno de Manuela Carmena. Ha dicho "sí" a la reprobación de los dos concejales de Ahora Madrid que la Justicia investiga por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La condena simbólica de la Cámara a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer sólo era posible con el beneplácito de los socialistas, partido bisagra en el Consistorio que hizo posible en 2015 la llegada de la candidatura ciudadana de izquierdas a la alcaldía.
PP, PSOE y Ciudadanos coinciden en que los dos ediles deberían dimitir o ser cesados por la regidora. "Ha sido una decisión muy difícil para el grupo socialista, pero la situación es muy grave. Deben asumir sus responsabilidades políticas", ha aclarado Purificación Causapié, portavoz de los socialistas en la capital.
No habrá comisión de investigación
En cualquier caso, no será posible una comisión de investigación, ya que el PSOE no considera necesario este extremo, estando abierta al mismo tiempo la causa judicial.
La reprobación del pleno del Ayuntamiento de Madrid no reviste carácter ejecutivo, se trata de una instancia a Manuela Carmena. La alcaldesa ya ha dejado claro que confía en Mato y Mayer y que no los apartará de sus cargos.
No obstante, la líder del PSOE madrileño ha presionado: "Yo espero que no haga como Rajoy o Cifuentes, que han mantenido a su ministro o consejero cuando han sido reprobados por la Cámara".
El precedente de Mauricio Valiente
Esta situación tejerá un desenlace similar a lo ocurrido con el tercer teniente de alcalde de Carmena y responsable del plan de los Derechos Humanos, Mauricio Valiente. Tras una entrevista con este periódico en la que se confesó admirador de Lenin y no exigió la liberación de los presos políticos de Venezuela, el PSOE, como ahora, se unió a PP y Ciudadanos para lograr su reprobación. La alcaldesa lo mantuvo en su cargo.
Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer acudieron a la Fiscalía a espaldas de su alcaldesa para denunciar posibles delitos de corrupción en la gestión que hizo el Partido Popular del Open de tenis de Madrid. Aportaron unos informes contratados a bufetes externos, a pesar de haber que los servicios jurídicos del Ayuntamiento negaron antes la existencia de irregularidades. De ahí que el juez les haya llamado a declarar por presunta malversación de caudales públicos.