La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Juliane Kokott, ha pedido este jueves confirmar la multa de casi 19 millones de euros impuesta por Bruselas en 2015 por la manipulación de las estadísticas del déficit en la Comunidad Valencia mediante la ocultación sistemática de parte del gasto sanitario. El dictamen pide que se desestime el recurso presentado por España contra esta sanción. También alega que las autoridades españolas no han presentado su queja ante el órgano adecuado, ya que en realidad correspondía al Tribunal General (la primera instancia judicial europea) examinar el caso.
El dictamen de la abogada general todavía no es definitivo, aunque el TJUE suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. La sentencia final se conocerá en los próximos meses. El Tribunal de Justicia podría decidir devolver el caso a la primera instancia o directamente desestimar el recurso de España.
La multa contra la Comunidad Valencia fue la primera que impuso la Comisión por el falseamiento de las cifras de déficit. El Ejecutivo comunitario concluyó que el Gobierno valenciano de Francisco Camps había ocultado un total de 1.900 millones de gasto sanitario sin registrar (las denominadas 'facturas en los cajones') entre 2008 y 2011. Un comportamiento que tachó de "negligencia grave".
El falseamiento de las estadísticas de la Comunidad Valenciana se destapó en mayo de 2012, cuando España estaba sufriendo el peor momento de la crisis de deuda. En cuestión de semanas, las autoridades españolas informaron a la oficina estadística de la UE, Eurostat de una revisión al alza del déficit en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9%. La mayor parte del desfase extra venía de la Comunidad Valenciana. La investigación posterior de Bruselas desveló que la ocultación de parte del gasto sanitario empezó en 1988 y se agravó a partir de 1993. La multa sólo cubre los últimos cuatro años de incumplimiento por motivos de seguridad jurídica.
Rechazadas todas las alegaciones de España
En su dictamen de este jueves, la abogada general rechaza todas las alegaciones de España contra la multa. En primer lugar, considera que la Comisión sí respeto el derecho de defensa de las autoridades españolas y no vulneró la exigencia de imparcialidad.
A continuación, Kokott concluye que "España tergiversó ciertos datos cuando notificó, en marzo de 2012, cifras que se basaban en una infracción de las reglas contables y que, por consiguiente, no eran correctas". "La corrección de los datos no respondió a que éstos tuvieran carácter provisional ni a cambios en los métodos de cálculo, sino que resultó necesaria porque la Comunidad Valenciana había infringido las normas contables", dice el dictamen.
Finalmente, la abogada general considera que Bruselas estableció correctamente el periodo de referencia para calcular el importe de la multa. España alegaba que sólo debían haberse tenido en cuenta los gastos sanitarios no registrados en 2011 (1.893 millones de euros) y que la multa tendría que reducirse a 8,62 millones. Pero el dictamen avala que se tuvieran en cuenta los gastos no registrados entre 2008 y 2011 (1.900 millones de euros). Y confirma el importe de la multa, cuyo importe exacto asciende a 18,93 millones de euros.