La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes la puesta en marcha de un plan de modernización de la administración periférica del Estado que abarcará un período de cinco años.

Sáenz de Santamaría ha hecho este anuncio durante su intervención en el pleno del Congreso para exponer las directrices del presupuesto del Ministerio de Presidencia y para la Administración Territorial, del que es titular.

El plan afectará, en consecuencia, a las delegaciones del Gobierno y a las subdelegaciones, así como a la representación de la administración general del Estado en los archipiélagos canario y balear.

Una infraestructura y logística que supone casi 300 inmuebles y absorbe competencias como las oficinas de extranjería, la sanidad exterior, la sanidad animal y vegetal, en vacunación internacional y las unidades de coordinación en lucha contra la violencia machista.

Para reforzar esta administración y para acercar su gestión al ciudadano, la vicepresidenta ha anunciado un plan de modernización a cinco años con la finalidad de conseguir una "administración moderna y ágil" sobre la premisa de la "mejora de la calidad de los servicios públicos", ha dicho la ministra para la Administración Territorial.

Oficinas digitalizadas





Las oficinas de la administración general del Estado en cada territorio estarán mejor conectadas gracias al impulso de la digitalización de los servicios, según sus palabras.

Porque tres serán los ejes del citado plan: la potenciación de la administración digital, la modernización de la imagen ante el ciudadano y la racionalización de los recursos materiales.

Tal y como ha recalcado la vicepresidenta, se trata de acercar la administración al ciudadano, pero sobre todo a los ciudadanos que no residen en las grandes ciudades.

Y así Sáenz de Santamaría ha citado uno de los principales objetivos de su Departamento para la legislatura en curso: la redacción de la Estrategia Nacional para el reto demográfico, uno de los compromisos suscritos en la última Conferencia de Presidentes, en enero.

Según ha resaltado la vicepresidenta, "cada vez con más intensidad se notan los efectos del descenso de la natalidad, de que hay menos jóvenes y del acusado proceso de envejecimiento", así como de la despoblación de las zonas rurales.

El Estado de Bienestar o la red de infraestructuras se someten, así, a una tensión que el Gobierno quiere atajar con una Estrategia que dé respuesta con "alcance global" y con respuesta de futuro.

Uno de los objetivos esenciales será "mantener la población en el medio rural", ya que el 60% de los municipios españoles tiene menos de 1.000 habitantes, ha apuntado.

Asimismo, la vicepresidenta ha subrayado que en este presupuesto se incluyen varios de los compromisos que el Ejecutivo adquirió con las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes.

Ha recordado así el aumento de 5.400 millones en recursos a las comunidades para financiar servicios esenciales; el aumento en 100 millones para el sistema de dependencia o la aportación para las políticas activas de empleo, que superará los 2.000 millones.

Ha subrayado asimismo la importante oferta de empleo público, unas 70.000, que recogen estas cuentas para cumplir con los compromisos con las comunidad en esta materia.