Sevilla

Esta historia bien podría ser el guion de una película americana de gánster o de mafiosos. No falta detalle alguno: política, grabaciones ocultas, chantaje, extorsión, drogas… Pero los protagonistas están muy lejos de ser los Corleone de Nueva York… La trama se desarrolla en el pueblo sevillano de Dos Hermanas y los principales actores son concejales, empresarios y hasta un gorrilla que, presuntamente, se unen para urdir un plan y evitar un posible giro en el devenir político del municipio en las elecciones de 2015.

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En todo acto de conspiración hay una víctima. En esta película es Manuel Varela, quien presentó su candidatura a la Alcaldía del municipio nazareno por Ciudadanos en los últimos comicios municipales, aunque se retiró 24 horas antes de la cita con las urnas tras ser, supuestamente, amenazado con la difusión masiva de un vídeo en el que aparecía consumiendo cocaína si no daba un paso atrás. Y lo hizo. Inicialmente aludió a motivos personales, pero finalmente contó su verdad en los juzgados.

Tras año y medio de investigación, de recabar pruebas, realizar multitud de testificales y haber tenido el caso bajo secreto de sumario, el juez instructor, Óscar Rey, tiene claro el relato de los hechos con la imputación de cinco personas por los posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de amenazas condicionales: el presidente de NNGG de Andalucía y concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento nazareno, Luis Paniagua; el exportavoz popular Manuel Alcocer; el teniente de alcalde y portavoz del gobierno socialista, Agustín Morón; el director de un periódico local y un aparcacoches.

De izquierda a derecha: Luis Paniagua, Manuel Alcocer y Agustín Morón.

Para el magistrado “no existe duda” de la gravedad de los hechos investigados y de que la actuación de los acusados fue un atentado a la democracia: “supone forzar a un candidato democrático a abandonar el día de las elecciones su candidatura y, de este modo, alterar el resultado democrático de las mismas”. Y, aunque el juez admite que no se ha podido encontrar el vídeo grabado a Varela, en el auto de procedimiento abreviado desmonta una a una las versiones de los acusados.

La trama de esta película de chantajes y cocaína comenzó poco antes de la cita electoral. “Pudo ser el 19 de mayo de 2015”, dice el magistrado. El candidato de Ciudadanos se reúne con José Luis Olivares, director de un periódico local, para tratar una información que le había llegado, pero el encuentro versó sobre un tema bien diferente: le comentó que existía un vídeo en el que aparecía consumiendo drogas. Días después, le mostró la grabación, recibió las llamadas de los supuestos extorsionadores y le transmitió la “amenaza” de que retirara su candidatura.

Para llegar a este punto, al juez le llama poderosamente la atención el cruce de llamadas entre los acusados los días previos a la dimisión de Varela. Las explicaciones que han ofrecido en sede judicial han sido insuficientes e injustificadas para el juez, que detalla que la mayoría de estas conversaciones telefónicas entre miembros los concejales de PP y de PSOE, otro ex dirigente popular y el director del periódico se produjeron el 21 de mayo por la tarde, “momento en el que se considera que se tuvo acceso al vídeo”, y dos días después, cuando el denunciante se retiró de la carrera política.

Las llamadas amenazantes a Varela que se realizaron esa tarde del 23 de mayo se hicieron desde un teléfono que pertenecía al Ayuntamiento de Dos Hermanas para el que se compró una tarjeta con el fin de hacer más difícil el rastreo de las llamadas. Además, para eludir responsabilidades, esta tarjeta la adquirió un “tercero interpuesto” –dice textualmente el auto judicial-, “un gorrilla”.

El vídeo del chantaje se realizó en el despacho de Manuel Alcocer, un ya exdirigente del PP de Dos Hermanas. Para Varela no fue casual aquella reunión. En su relato, el denunciante rememora aquel día porque, “casualmente, era un día en el que la disposición del despacho era distinta de lo habitual”, un hecho que “resulta curioso coincidiendo con el día de la grabación”, añade el juez Rey. De las testificales se desprende, además, que éste no sería el único vídeo contra el entonces candidato de Ciudadanos.

La tesis judicial sostiene que Agustín Morón, teniente de alcalde y portavoz del gobierno socialista, “se habría encargado de hacer gestiones directas con Manuel Alcocer [exdirigente del PP] y Luis Alberto Paniagua [concejal del PP] para la obtención del vídeo (…) y, posteriormente, coordinar con José Luis Olivares [el director del periódico] la exhibición de la cinta a Manuel Varela [el denunciante] y la recepción de las llamadas en las que se habría transmitido la amenaza de abandonar la candidatura a cambio de no difundir masivamente el vídeo”.

La motivación que llevó a estos dirigentes de PP y PSOE a, presuntamente, liderar esta extorsión no es otra que política. Así lo reflejó la Fiscalía y así lo comparte el magistrado: “De la instrucción practicada se desprendía sin lugar a dudas, más allá de un problema personal, una motivación de naturaleza política (…), la de conseguir que el candidato de Ciudadanos se retirara de las elecciones causando de este modo un perjuicio electoral a dicha formación, lo que claramente redundaría en las otras dos formaciones políticas”.