KPMG, consultora que audita las cuentas del Canal de Isabel II, ha percibido de esta institución pública cuatro millones de euros desde el año 2010, según datos oficiales facilitados por la Comunidad de Madrid a la Asamblea. En el documento elaborado por la Consejería de Presidencia de Justicia y Portavocía se incluyen, entre otros, trabajos de consultoría, auditorías, due diligence, proyectos I+D+I, estudios diagnósticos u “otros servicios profesionales”.
Estos datos proceden de una petición de información que realizó el pasado mes de octubre la diputada autonómica socialista Mercedes Gallizo. El papel de KPMG ha sido cuestionado por los grupos parlamentarios de la oposición, especialmente a partir de la Operación Lezo por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Se investiga el presunto desvío de decenas de millones de euros por parte del entramado de filiales que componían el Canal. Un desfase que, de confirmarse, nunca fue alertado por los auditores.
Frente a la consideración de los partidos de la oposición, desde Kpmg -que revisa las cuentas del Canal desde 2008, ya que antes fueron Deloitte y PWC las encargadas de analizarlas- se muestran tranquilos y mantienen que su papel no fue nunca detectar este tipo de operaciones presuntamente ilegales, ya que los trabajos de auditoría tienen un alcance y un objetivo distinto: velar por la veracidad de las cuentas presentadas y que estén bien contabilizadas
Además, portavoces de la consultora explican que sus trabajos se realizaron siempre a precio de mercado y tras resultar ganadores de los concursos públicos pertinentes gestionados desde la Administración.
Euros y dólares
El departamento que dirige el número dos de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, actual presidente del Canal, contestó a la petición del PSOE el pasado diciembre y, según los documentos aportados, KPMG ha cobrado un total de 3,5 millones de euros y 400.000 dólares a partir de distintos contratos con el Canal. Figuran hasta 85 pagos que oscilan entre los 440 y los 2.152.000 euros. Los trabajos fueron encargados a KPMG Asesores S.L., KPMG Auditores y KPMG Abogado S.L, tres de las filiales del holding.
Desde la auditora consideran que estos ingresos no comprometen la independencia de sus informes y recuerdan que los trabajos contratados por el Canal fuera de las auditorías anuales suponen un 30% sobre la facturación total a la empresa, lo que está por debajo de los márgenes legales.
Contrato de más de dos millones por auditar las cuentas del Canal.
Como ya adelantó este diario, el contrato más cuantioso responde al “servicio de auditoría de las cuentas anuales de las sociedades del grupo Canal de Isabel II firmado en 2013”. Desde KPMG aseguran que esa suma incluye además a las auditorías de los años 2014, 2015 y 2016. En la relación que incluyen estos documentos también aparece reflejada la due diligence que alertó al Canal de los riesgos de comprar Emissao, una de las partes centrales del caso Lezo. Este trabajo -un borrador realizado por la filial brasileña de KPMG- fue valorado en 56.926 euros.
La 'due diligence' sobre Emissao también figura en el documento.
A pesar de que este informe fechado en octubre de 2013 advertía de los riesgos que envolvían a Emissao, el Canal adquirió la sociedad días después pagando 21 millones de euros públicos. Los investigadores del caso sospechan que se pagó un precio muy por encima de su valor real para luego repartirse el sobrecoste entre varias personas. El pasado mes de octubre dos representantes de KPMG comparecieron ante la Asamblea de Madrid para comparecer sobre su relación con el Canal. En sus explicaciones omitieron la existencia de esta due diligence que ha resultado clave en la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre el supuesto saqueo del Canal.
Nueva petición de citación
Este mismo miércoles, el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha pedido una nueva citación de los dos socios de la consultora, Borja Guinea y Miguel Ángel Faura, “al objeto de informar sobre la denominada Operación Lezo (caso corrupción del Canal de Isabel II)”. El pasado octubre acudieron a la llamada Comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública, pero en este caso Ciudadanos quieren que declaren en la Comisión de Investigación sobre Corrupción en la Comunidad de Madrid.
La petición de información del PSOE se interesó expresamente por los contratos suscritos por el Canal de Isabel II, Canal Extensia o por alguna de sus sociedades dependientes con KPMG en los años 2010 a 2016, con expresión de la finalidad del mismo y de su importe. Entre las empresas, aparece Inassa, presidida durante diez años por Edmundo Rodriguez Sobrino, uno de los principales investigados en el caso Lezo y actualmente en prisión. Inassa encargó servicios a KPMG valorados en 180.801 dólares en el periodo solicitado. Figuran también otras filiales del grupo como la Triple A de Barranquilla, ASAA o AAA Dominicana, entre otras.
Tanto PSOE como Ciudadanos y Podemos han puesto el foco en el trabajo de la auditora. Podemos ha llegado a afirmar que tienen "indicios bastante evidentes de que los auditores parecen no haber cumplido con sus obligaciones legales" y han anunciado que harán una propuesta de denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas contra la firma. Por su parte, la consultora mantiene que todos los trabajos se realizaron con un cumplimiento escrupuloso de la legalidad y consideran infundados los reproches sobre su trabajo.