El apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 tiene otras contrapartidas además del desbloqueo del Cupo y el acuerdo alcanzado para los próximos cinco años. Las más importantes están relacionadas con el trazado ferroviario de alta velocidad, la reducción de la tarifa eléctrica para la industria vasca y la participación de la Ertzaintza en foros policiales europeos, una presencia largamente reivindicada por los nacionalistas vascos.

El compromiso adquirido sobre la 'Y' vasca se plasma en un plan de inversiones plurianual, cuya financiación asciende a 3.380 millones de euros, y un cronograma cerrado para la realización de las obras. Según el calendario pactado el trazado estará concluido en 2023 y dos años después finalizarán también los accesos soterrados a las estaciones de Bilbao y Vitoria y estará disponible la conexión directa con el TGV francés. Además se presupuestarán 100 millones de euros para impulsar la plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa en Gipuzkoa y 120 más destinados a la terminal intermodal de Júndiz en Álava. Ambas infraestructuras son consideradas claves para dinamizar el transporte de mercancías y su conexión con los puertos de Bilbao y Pasaia.

Otra consecuencia del acuerdo es que a partir de 2018 las empresas vascas se ahorrarán alrededor de 50 millones de euros anuales en el coste de la luz gracias a la unificación de las tarifas eléctricas. Las diferencias existentes imponían un sobrecoste a las industrias de la comunidad autónoma que el PNV venía denunciando desde hace tiempo porque lastraban su competitividad y su producción. El acuerdo beneficiará a otras comunidades con acometidas de suministro similares.

Fuera del ámbito económico, y en materia de autogobierno, el apoyo presupuestario del PNV se traduce en mayores competencias para la Ertzaintza. La policía autonómica vasca ingresará en ámbitos de decisión europeos como el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) y podrá traspasar la frontera española para acometer persecuciones en caliente. Su inclusión en al acuerdo de Schengen, para intercambiar información con otros cuerpos policiales europeos, ha sido una reivindicación constante de las consejerías de Interior, hoy de Seguridad, siempre dirigidas por el PNV. La policía vasca tampoco tendrá problemas para fijar sus plantillas y convocar las OPE pertinentes según un acuerdo enmarcado en la misma negociación pero conocido con anterioridad.

COMO EL PACTO ARZALLUZ-AZNAR



En estos tres logros, unido al de Cupo, ha sustentado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el valor del pacto entre su partido y el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque ha asegurado que hay partidas presupuestarias “repartidas por toda la geografía vasca”. La Universidad de Mondragón, Euskaltzaindia, el Museo Marítimo de Bilbao, el Festival de Cine de San Sebastián…, son sólo algunas de las entidades para las que se ha conseguido un sitio en las cuentas.

Ortuzar ha comparecido esta tarde en Sabin Etxea para explicar el acuerdo con el PP, alcanzado “sin complejos” y en cumplimiento de la “agenda vasca”, y hacer frente a las fuertes críticas de la oposición por pactar con un partido inmerso en graves casos de corrupción.

El dirigente nacionalista ha comparado la importancia del acuerdo con el negociado por Arzalluz y Aznar en 1996 y ha hecho suyas las palabras que pronunció entonces expresidente de su partido sobre que “al PNV nunca le iba a temblar el pulso para pactar si lo creía útil para la causa de Euskadi”.

Ortuzar ha destacado que el acuerdo suscrito este miércoles al mediodía “pone el contador a cero” de la relación hasta ahora “en negativo“ entre la comunidad autónoma y el Estado. Ha incidido sobre todo en el conseguido en materia de infraestructuras, del que ha dicho que palia el desfase existente en la red ferroviaria y acaba con un sobrecoste en las tarifas eléctricas de doce años de duración.

“Por primera vez tenemos un cronograma preciso con los plazos de ejecución y el montante económico de la 'Y' vasca (trazado ferroviario de alta velocidad)”, ha explicado tras recordar que fue en 1987 cuando se empezó a hablar de la obra y se fijaron las primeras previsiones, luego incumplidas.

Fuera del acuerdo ha quedado la política penitenciaria, que Ortuzar ha negado que haya estado encima de la mesa de negociación, y el futuro de la Ley vasca de abusos policiales sobre la que el Gobierno de Rajoy tiene anunciada la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El presidente del PNV ha aclarado que el pacto se limita a los Presupuestos de este año, aunque ha reconocido que es un “paso adelante” en la implicación de su partido en la estabilidad política de España, como el llevado a cabo por Arzalluz cuando apoyó a Aznar, y ha destacado el clima de “mayor confianza” generado con el Ejecutivo de Rajoy a raíz de las negociaciones.

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