La Mesa de diálogo social de pensiones retomará este martes su agenda de reuniones un mes después del último encuentro entre el Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos. Comisiones Obreraras (CCOO) acude esta vez con una propuesta que también ha barajado el Gobierno: un calendario para eliminar el tope máximo en las bases de cotización, lo que popularmente se conoce como destopar las cotizaciones. Actualmente los salarios sólo pagan a la Seguridad Social por los primeros 3.751,20 euros mensuales, a partir de ahí, la renta está exenta. Si se suman todos los sueldos altos que no cotizan, el resultado supera los 30.000 millones de euros, lo que supone un caladero de recaudación para la Seguridad Social que CCOO quiere aprovechar.

Si estas rentas salariales abonasen la cotización correspondiente (el 23,6% en el caso de las empresas y el 4,7% los trabajadores) los ingresos de la Seguridad Social aumentarían en 8.600 millones de euros (con datos de 2015, a medida que suben los salarios, el coste también aumenta). Esta medida tendría un gran impacto en las cuentas del sistema, ya que incrementaría las cotizaciones en un 8% y solucionaría la mitad del déficit actual.

De llevarse a cabo, aliviaría una buena parte del agujero de la Seguridad Social, pero alguien tendrá que asumir este coste. ¿Cómo se financiaría? La mayor parte de la factura recaería sobre las empresas, que son quienes soportan el grueso de la cotización. Las compañías que pagan sueldos altos, en su mayoría grandes empresas, sufrirían un incremento notable en sus costes laborales. En concreto, las empresas soportarían el 62,5% del precio de destopar las pensiones, lo que significaría un abono anual de casi 5.400 millones de euros.

Los trabajadores con sueldos altos verían reducida su paga mensual debido a las retenciones para pagar las cotizaciones. Para ellos la factura ascendería a 900 millones de euros (un 10% del total). Un asalariado que cobre 4.751 euros mensuales vería reducida su paga mensual en 30 euros, lo que tendría un coste al final del año de 355 euros.

El Estado también paga

Una parte del coste de los 8.600 millones lo abonará la Administración Central a través de menores ingresos tributarios. Esto es así porque tanto los trabajadores como las empresas pueden utilizar las cotizaciones para rebajar su factura con Hacienda. De este modo, se puede entender que el Ministerio financiaría una parte del destope de las cotizaciones con sus menores ingresos. Sería una especie de transferencia desde los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social que superaría los 2.300 millones de euros. En total, el Estado asumiría el 27% del coste de elevar el tope de cotización.

Los asalariados utilizan su cotización para reducir la base del IRPF, por lo que cuanto más paguen a la Seguridad Social, más IRPF podrán ahorrarse. Cada euro extra de retención que tenga cada trabajador por elevar las bases máximas, podrá reducir entre 37 y 45 céntimos en su pago de la Renta a Hacienda.

En el caso de las empresas, el abono de los salarios (incluidas las cotizaciones) se utiliza como gasto deducible dentro del Impuesto de Sociedades. Aunque la cuantía que se deducen varía en función del tipo de empresa, la media se situaría en el 25% según los cálculos de CCOO. Esto significa que por cada euro de más que tenga que abonar la empresa a la Seguridad Social, puede rebajar en 25 céntimos su pago de Sociedades.

En resumen, cualquier subida de las bases máximas de cotización se financia del siguiente modo: un 62,5% lo abonan las empresas, un 10,5% los trabajadores y el 27% restante el Estado.

Una medida para corregir la regresividad

Para CCOO completar el destope de las cotizaciones sería una medida “importante” ya que ayudaría a repartir la carga de la financiación del sistema entre todos los trabajadores y acercaría a España al resto de Europa. La base máxima de España es una de las más bajas de Europa. Países como Francia o Italia tienen su tope por encima de los 100.000 euros anuales de salario, más del doble que España que lo tiene en 45.000 euros. Otros como Bélgica, Irlanda, Portugal, Finlandia o Reino Unido no tienen tope y cotiza todo el salario.

En cuanto a la distribución por niveles de renta, el esfuerzo que se le pide a las rentas más bajas en España es superior al del resto de Europa, pero el esfuerzo de las clases altas, es más bajo. Por ejemplo, el 10% de los hogares con menores ingresos destinan casi el 15% de su renta a la Seguridad Social (pública y privada), mientras que el 10% con mayor salario paga un 6%. Para CCOO, si se exige un mayor esfuerzo a este segmento, el sistema será más progresivo (quien más tiene, más paga).