La CUP exige al Gobierno catalán modificar el proyecto presupuestario de 2017, para subir el IRPF a las rentas de entre 60.000 y 175.000 euros, reducir el mínimo exento del impuesto de patrimonio hasta los 450.000 euros, recortar las retribuciones a los altos cargos y derogar una ley clave para el proyecto BCN World.
La CUP ha difundido un documento que maneja su equipo negociador en el que se recogen las reivindicaciones que pone sobre la mesa del ejecutivo catalán para poder dar su visto bueno a los presupuestos de 2017, y que están contenidas en sus 40 enmiendas al articulado de los Presupuestos, 100 enmiendas de "alta y reasignación" de partidas y 70 enmiendas a la "ley de acompañamiento".
El documento no detalla el texto de las enmiendas que defiende la CUP a la ley de presupuestos y a la de acompañamiento, pero sí contiene un resumen de las propuestas planteadas, y entre ellas, la de prever un salario mínimo de 1.200 euros brutos mensuales para los trabajadores de empresas sometidas a procesos de licitación y contratación pública.
Los anticapitalistas piden modificar la escala autonómica del IRPF, en la que se establecería un tramo para las rentas situadas entre los 60.000 y los 90.000 euros, y a las que se les aplicaría ahora un tipo del 22,50 %, un punto más de lo que pagan ahora.
Las rentas de 90.000 a 120.000 euros pagarían un tipo del 23,50%, dos puntos más que ahora, mientras que las situadas entre los 120.000 y los 175.000 euros subirían un punto, hasta el 24,50%, y las rentas superiores a 175.000 euros se quedan en un 25,50%.
También se modifican los tipos de la escala del impuesto de patrimonio y su mínimo exento, que pasa de los 500.000 a los 450.000 euros.
La CUP basa su estrategia presupuestaria en la creación de varios fondos estructurales de carácter interdepartamental dentro de la Generalitat, lo que permite transferir recursos de unos departamentos a otros y prever nuevos ingresos sin las restricciones que impone que no pueda modificarse el límite de gasto de cada consellería.
Además de preconizar medidas de control parlamentario de grandes inversiones y del nombramiento de administradores de empresas participadas por la Generalitat, la CUP se muestra partidaria de "derogar" la ley que modificó la tributación del juego para beneficiar la instalación del macro-complejo de ocio BCN World.