El PSOE ya ha conseguido su primer triunfo ante el Gobierno. Mariano Rajoy se ha comprometido a subir un 8% el Salario Mínimo Interprofesional para 2017 a cambio de que los socialistas apoyen el techo de gasto que el Ejecutivo quiere aprobar este viernes en el Consejo de Ministros.
El Gobierno central pretende elevar los ingresos en 8.000 millones de euros el año que viene con un plan muy concreto: eliminar las deducciones a grandes empresas en el impuesto de Sociedades y subir la tributación a tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. Este pacto de estabilidad que han sellado este jueves PP y PSOE ha dejado a Ciudadanos en un plano totalmente secundario, a pesar de que Albert Rivera debería ser el socio prioritario del Gobierno tras sellar 150 medidas que permitió a Mariano Rajoy sacar adelante su investidura.
En Ciudadanos no han fingido el malestar que sienten con el Gobierno por haber sacado adelante el techo de gasto sin tener en cuenta sus reivindicaciones. El propio Albert Rivera afeó a la vicepresidenta del Gobierno en su intervención en la Comisión Constitucional su ninguneo. El líder del partido naranja confirmó que se había enterado "por la prensa" de la subida de impuestos especiales que han cerrado populares y socialistas. A la salida, Soraya Sáenz de Santamaría recordaba que los partidos que gobiernan en comunidades autónomas son el Partido Popular y el PSOE, aunque no quiso desvelar si habían convertido a los socialistas en sus nuevos socios preferentes.
La entrada del PSOE en las negociaciones con el Gobierno supone un cambio de rumbo en el preparativo de todo el ciclo presupuestario, que comienza con el reparto de los objetivos de déficit y terminará con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Hacienda se ha movido en los últimos meses bajo una premisa innegociable: cualquier medida que anunciara tendría que contar con los apoyos suficientes para aprobarla. Todo para evitar que el Congreso rechace sus decisiones.
El PP, cómodo para los Presupuestos
Ahora que cuenta con el respaldo del PSOE, el Gobierno ya se siente cómodo para anunciar el viernes la batería de medidas económicas que será el grueso del Plan Presupuestario que enviará a la Comisión Europea en los próximos días. El aumento de la recaudación se centrará especialmente en un tributo: el Impuesto de Sociedades. El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros eliminar deducciones a los beneficios en el extranjero, a la inversión y al uso de bases imponibles negativas con el objetivo de elevar la base del impuesto y así elevar la recaudación.
Conviene recordar que los resultados empresariales están ya en los niveles máximos previos a la crisis, mientras que la recaudación de este impuesto no llega ni a la mitad de la que era entonces. Antes de la reforma de septiembre para recuperar el mínimo en el pago fraccionado la previsión era que se recaudarían 15.000 millones, mientras que antes de la crisis se conseguían más de 40.000 millones de euros. El Ejecutivo aprobará una reforma del tributo para recaudar 5.000 millones de euros, por encima de los 3.000 millones que pactó en verano con Ciudadanos.
Más de dos millones de personas
Según la Encuesta de Estructura Salarial (indicador que utiliza como referencia Eurostat para estudiar los salarios en España) indica que en 2014 cobraban el salario mínimo o menos el 13% de los trabajadores. En cifras absolutas, unos 2,4 millones de trabajadores. Pero la subida del SMI también afectará a todos los empleados cuyo salario oscile entre los 655,2 euros (el SMI actual) hasta los 706,6 euros (el futuro SMI). Esto significa la subida del salario mínimo beneficiará a más de 2,5 millones de personas.
El PSOE ha conseguido arrancar otra medida que consideraba imprescindible: una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% hasta los 706,6 euros mensuales para una jornada de 8 horas y en 14 pagas. De esta forma, el grueso del esfuerzo fiscal para 2017 recaerá sobre las empresas. Por ejemplo, la subida del SMI afectará a más de 2,5 millones de personas, lo que supondrá una gran ayuda para los trabajadores con rentas bajas, pero que exigirá un esfuerzo a las empresas.
Desde Ciudadanos reclamaban a la Agencia Tributaria exigir el dinero a los defraudadores que tributaron al 3% cuando debieron hacerlo al 10% en la amnistía fiscal. Un acuerdo que el Gobierno tuvo que haber firmado antes del 30 de noviembre. La primera promesa incumplida del pacto PP-C´s para la investidura de Rajoy. En Ciudadanos confían en que el Gobierno cumplan con su promesa, aunque reconocen que no se fían del Ejecutivo.
De hecho, en la formación naranja reconocen que la información que les llega desde el ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y el del ministerio de Economía de Luis de Guindos son totalmente distintas. Sin embargo, en Ciudadanos se resignan al pacto alcanzado entre PP y PSOE y lo justifican con que, al menos, no han subido el IVA y el IRPF, los dos impuestos que Ciudadanos comprometió al PP a no subir.
La hucha se acaba
Montoro explicó que su intención era que la subida de impuestos fuese lo más neutra posible, pero la realidad es que el grueso de las nuevas exigencias recae sobre las empresas. Y esto solo para sacar adelante los Presupuestos. Pero hay otra reforma importante en curso que también supone una amenaza para las compañías: la de las pensiones. La urgencia es máxima, ya que el jueves el Gobierno sacó otros 9.500 millones de euros para pagar la extra de Navidad. En lo que va de año ya ha sacado 19.700 millones de euros, nunca antes había retirado tanto.
El Ministerio de Empleo está valorando alternativas para elevar los ingresos de la Seguridad Social. Una de las opciones que está negociando con el PSOE es la de elevar el tope en la base máxima de cotización. Actualmente los salarios solo cotizan hasta los 3.642 euros, a partir de ese punto están exentos. Elevar este nivel permitiría a la Seguridad Social aumentar sus ingresos.
Esta es una opción intermedia a eliminar por completo el tope en la base de cotización de los trabajadores. Esto es lo que popularmente se conoce como ‘destopar’ las cotizaciones. El equipo de Fátima Báñez está valorando esta posibilidad, aunque esperará a las recomendaciones del Pacto de Toledo antes de tomar ninguna decisión.
Esta medida supondría un aumento de los ingresos de más de 7.000 millones de euros a la Seguridad Social, un coste que recaería principalmente sobre las empresas. Son ellas quienes pagan la mayor parte de las cotizaciones: abonan el 23,60% del salario del trabajador frente a un 4,7% que recae sobre los empleados.
Subida en las cotizaciones
Algunos de los expertos que han pasado por la Comisión del Pacto de Toledo han propuesto subir las cotizaciones sociales en dos o tres puntos como una solución para elevar los ingresos de la Seguridad Social de forma inmediata. Por cada punto que se suban las cotizaciones, el sistema genera unos 3.500 millones de euros. Serán los legisladores quienes decidan si se adopta esta medida y sobre quién recae, pero es probable que afecte a las empresas.
En definitiva, el sector empresarial tiene por delante unos meses de elevada incertidumbre. El PSOE ya lamentó el año pasado el “regalo fiscal” que el PP había hecho a las empresas en los Presupuestos de 2016. Ahora que hay que hacer ajustes, la mayor parte del esfuerzo recaerá sobre ellas y no sobre las familias.