Los abogados del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes en el caso del espionaje ha enviado un escrito en el que reconoce la existencia de los espías durante el mandato de Esperanza Aguirre y que fueron financiados con dinero y medios públicos, según la Cadena Ser.
En el escrito pide que los seis imputados se sienten en el banquillo por malversación de fondos públicos y pide 18.000 euros de multa y tres años de suspensión de empleo para Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad y 9.000 euros y la misma suspensión para el entonces subdirector, Miguel Castaño.
Para los tres agentes de la Guardia Civil y un empleado público que supuestamente habrían realizado los seguimientos pide 1.800 euros de multa y un año de suspensión, según la información de la Ser.
"Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían", reza el escrito.
Fueron "tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones".
Las víctimas de estos supuestos seguimientos fueron Manuel Cobo, entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado regional del PP.
Para el Gobierno de Cifuentes, que ejerce como acusación, estos espías "cumplieron las órdenes dadas por su superior", empleando medios públicos como "vehículos y móviles corporativos, desvirtuando así su legítimo uso". Y ese superior sería Sergio Gamón, persona de confianza de Aguirre.