La cuantificación de la deuda histórica del Estado con la comunidad autónoma de Aragón llevaba meses cocinándose en los pasillos del Palacio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. El pago de la deuda supone un objetivo ambicioso del ejecutivo socialista que deberá atender el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Especialmente, será encargo del dueño de las cuentas públicas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es la primera vez que se arrojan las cifras, en un detallado informe, de la deuda del Estado con la comunidad.
Después de que se conociera la deuda del Estado con la comunidad hoy gobernada en minoría por el PSOE, el gobierno de la comunidad aragonesa ya se plantea las exigencias que le pondrá sobre la mesa al gobierno de Rajoy. Una de ellas es acelerar los trámites para que los dirigentes de la comunidad y del nuevo gobierno de Mariano Rajoy se sienten a la mesa a debatir sobre este aspecto hasta ahora desconocido.
ARAGÓN RECLAMA, MONCLOA DECIDE
El Consejero de Presidencia del ejecutivo socialista, Vicente Guillén, ha hecho pública la deuda histórica en plena interpelación parlamentaria a la diputada del Partido Aragonés (PAR), María Herrero. Un dato que ha sorprendido a los diputados de la cámara al ser la primera vez que un gobierno resalta las cifras de manera detallada.
Guillén ha dividido el montante total de la deuda –7.566 millones de euros– en distintas partidas. A juicio del Gobierno de Aragón, el Estado le debe 835 millones por mermas tributarias, 535 como déficit por la no-financiación del gasto comprometido en dependencia, 76,6 en materia de educación –a los que hay que sumar 5,6 millones por la implantación de la LOMCE-, 4.887 millones por infraestructuras y, finalmente, 1.227 millones en sanidad.
El informe ha sido presentado en las Cortes de Aragón para que sea consensuado con todos los grupos parlamentarios. Se trata de una “bandera política” del Gobierno PSOE-CHA con cifras “rigurosas y plena credibilidad”, según reconocen fuentes gubernamentales.
La deuda histórica será uno de los asuntos a tratar en la Comisión Bilateral Aragón-Estado que, tras la formación del nuevo Gobierno de España, el ejecutivo aragonés entiende que “se tiene que hacer ya”. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, esta mañana el Gobierno de Aragón ha remitido una carta al Gobierno nacional pidiendo la celebración de dicha comisión para debatir sobre las reivindicaciones de Aragón al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy.
DEMANDAS HISTÓRICAS
Unido a la necesidad de un acuerdo económico-financiero con el Gobierno de España, el ejecutivo de Javier Lambán pretende exigir la ejecución íntegra de las obras del Pacto del Agua, el respeto al Plan de Cuenca del Ebro o la reivindicación del papel de Aragón como “eje vertebrador” ante la misiva soberanista de Cataluña. El ejecutivo aragonés pretende también obtener el retorno de los bienes religiosos retenidos por la Generalitat en Lérida.
Ha recordado también el consejero Guillén la petición de las conexiones ferroviarias con el Mediterráneo, el Cantábrico y el sur de Francia. Y ha dedicado una especial mención a la situación de la sanidad, la educación y los servicios sociales en la comunidad autónoma. A juicio de Guillén, el nuevo sistema de financiación autonómica debe contemplar los costes reales para “tratar igual a los iguales sin despreciar a nadie”.
El Gobierno de Aragón considera que la deuda histórica alcanza el carácter de “preocupante” en infraestructuras públicas debido a la diferencia entre lo presupuestado y lo definitivamente ejecutado. Un déficit en obra pública “alarmante durante décadas”, lo cual considera el ejecutivo que “desvertebra el territorio”. Son conocidos, ha dicho Guillén, proyectos truncados como la reapertura del Canfranc, el desdoblamiento de la N-232 y la N-II o la autovía Pamplona-Huesca-Lérida.