Desde que en 2004 Alfonso Rus es nombrado presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia no tienen otro objetivo en la cabeza que llegar a la presidencia de la Diputación. El asalto tenía fecha: 2007. Y para ello, se valió de la construcción de centros educativos en la Comunidad Valenciana para, mediante mordidas, obtener la financiación necesaria para alcanzar su meta. Esto es lo que sostiene la UCO de la Guardia Civil tras analizar grabaciones, documentos, informes de fiscalización, expedientes de adjudicaciones… en el marco de la operación Taula. Las mordidas a los colegios se habrían ejecutado a través de la empresa pública de la Generalitat conocida como CIEGSA que, según un reciente informe de la Intervención, habría sumado mil millones en sobrecostes. Durante años, la Sindicatura de Cuentas (el Tribunal de Cuentas valenciano) estuvo advirtiendo de irregularidades en las adjudicaciones. Ahora, la UCO concluye que los hechos “van más allá de ser calificados como una mera mala gestión” y habla de que tendrían que ver más “con conductas relacionadas con la corrupción”.

La UCO, en su informe aportado a la causa Taula y que es uno de los documentos que constan en la pieza principal cuyo secreto se levantó este jueves, habla de adjudicación fraudulenta de contratos, el uso injustificado de modificados para cobrar más comisiones, etc. “En definitiva, de  todos los indicios que apuntan a la existencia de un plan preconcebido para recaudar dinero con la doble finalidad de financiar a los partidos políticos (hablan del PP a nivel regional y a nivel de sus tres provincias) y del enriquecimiento personal, y que acaban generando sobrecostes”, recoge el documento.

EL PLAN DE ALFONSO RUS

Los investigadores sostienen que a partir de 2004, quien acababa de alcanzar la presidencia del partido en la provincia de Valencia y cuyo cargo público era el de alcalde de Xàtiva, pone a Marcos Benavent (que había sido concejal de su equipo entre 1999 y 2003) en contacto con el consejero delegado de CIEGSA, Máximo Caturla. El objetivo: que fueran intermediarios, conseguidores o recaudadores en la adjudicación de proyectos educativos para financiar su proyecto político mediante el cobro de presuntas comisiones ilegales. Esta injerencia del regidor de Xàtiva llegó a provocar un conflicto de intereses con altos cargos de la Generalitat que también pugnaban por las presuntas comisiones, tal y como ha publicado EL ESPAÑOL.

Las mordidas a los colegios se habrían ejecutado a través de la empresa pública de la Generalitat conocida como CIEGSA que, según un reciente informe de la Intervención, habría sumado mil millones en sobrecostes.

“La labor de Benavent como conseguidor ha de ser puesta en contexto del proyecto político que lidera Rus desde 2004 con el objetivo de llegar a gobernar la Diputación en 2007”, resume la UCO. Para llegar a esta conclusión han sido determinantes varias conversaciones que el arrepentido recaudador del PP grabó durante aquellos con Caturla como interlocutor. Ambos centran sus conversaciones en dos ámbitos: la promoción política y las mordidas.

INDICIOS DE LA RECAUDACIÓN”: “DOS MIL, TRES MIL, CUATRO MIL…”

Para la UCO un indicio “evidente” de la recolecta de dinero es la conversación entre ambos grabada en diciembre de 2005 donde, según los agentes, Benavent le entrega dinero a Caturla y lleva otra parte a Rus. La conversación es esta:

- Benavent: Cuéntatelo Max (Máximo Caturla). Cuéntatelo tú. Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, once mil, doce mil, trece mil, “…mil”…

Y sigue:

- Benavent: y ahora le llamaré a Alfonso que me ha llamado esta mañana. Alfonso, me han dado treinta”. “Hostia”. “Es lo que hay”.

- Caturla: Él pensaba eso, ¿no?

- Benavent: No, él yo creo que se había hecho la idea al principio de 30. Al final son 20.

El arrepentido recaudador del PP explica a los agentes lo que hay detrás de esta conversación en su declaración policial de junio de 2015, una vez que la diputada provincial de Esquerra  Unida, Rosa Pérez, presentó la denuncia que ha destapado todo este caso. En ese interrogatorio, Benavent confirma que se trata de una entrega de dinero a Caturla, quien previamente le había enviado a una empresa para recoger una determinada cantidad de dinero en efectivo, concretamente 30.000 euros. Este dinero, según dice, corresponde a una comisión ilegal por una adjudicación (de Ciegsa) que no puede concretar. Y que de esos 30.000 euros le deja 10.000 a Caturla y los otros 20.000 se los lleva personalmente a Rus.

OTRA PRUEBA, LOS SOBRECOSTES DE UN CENTRO DE TORREVIEJA

- Caturla: … Yo mañana tengo que tener una reunión con este hombre , con él..., porque le he firmado la adjudicación ayer

- Benavent: ¿Es lo de Torrevieja?

- Caturla: Es lo de Torrevieja.

- B: ALFONSO me ha dicho un 3.

- C: ALFONSO ya sabes, va apretando 2.

- B: Y yo le dije: "¿Un tres?, bien".

- C: No lo sé, déjame que yo lo hable con él, porque le voy a intentar negociar el 3.

- B: Bien, vale. Lo que puedas

- C: Yo lo que te puedo decir es que está por la labor...

- B: y ha hecho baja, ha hecho baja...

- C: ...Dieciséis por cien.

- B: ¿Y de cuánto?

- C: De un 16%, la máxima baja. Tengo el 16% de baja, espera. Tengo

que arreglarle ahí 200 millones de pesetas, que el arquitecto ha montado

una pirula de las suyas. Que dentro luego yo tengo un problema, claro.

(No se entiende)

- B: Claro.

- C: Claro. Un 16 por baja más el 16 del IVA, eso hay que descontarlo,

porque ¿no? claro, hay que descontar las dos cosas. Pero luego tu eso

¿qué tienes que arreglar? ¿un modificado de esos?

- B: El 20%, de... ¿Cuánto es? ¿Mil kilos?

- C: Son 7 punto 5. Son 1200, 1100 millones, 1200 (hablan en pesetas).

- B: ¿Qué empresa es?

- C: Son treinta y tantos, yo tengo que negociar con esos de treinta y

tantos. Treinta y cinco, treinta. Lo tengo que arreglar, lo tengo que

arreglar. Tú primero hasta, o sea, en principio si que tienes que ir...

- B: No, tú dile "oye, ya te llamarán".

(…)

En su declaración policial, Benavent explica que lo de arreglar 200 millones de pesetas es la cantidad que “tenían” que arreglar para compensar la baja realizada por los licitadores. Que siempre se arreglaban cantidades para que las adjudicatarias pudieran compensar pérdidas de la baja y la mordida. El exyonqui dice no recordar de qué adjudicación se trataba, pero la UCO, analizando fechas y expedientes concluye que se trata del instituto de Torrevieja número 4 Mediterráneo adjudicado el 31 de mayo de 2005.

- Benavent: Cuéntatelo Max (Máximo Caturla). Cuéntatelo tú. Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, once mil, doce mil, trece mil, “…mil”…

Y concluyen esto porque las cifras cuadran. Según el informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2007, el centro se licitó por 8,5 millones de euros y se adjudicó por 7,1. De ahí la bajada del 16%. “Se habla además de arreglar un modificado con 200 millones de pesetas, la bajada es de 1,36 millones de euros (220 millones de pesetas), y finalmente se aprueba un modificado de obra de 1,34 millones”, dicen desde la UCO. Además, el cálculo de Caturla que habla de “35 o treinta y tantos”. Los investigadores recalcan que el 3% del precio de adjudicación son justamente 35,7 millones de pesetas.

2007: CULMINA LA ESTRATEGIA

Los agentes concluyen que esta estrategia de financiación para los presuntos fines de Rus y sus colaboradores termina en 2007, cuando es nombrado finalmente presidente de la Diputación de Valencia. Es a partir de entonces cuando entrará en juego la empresa Imelsa.

Para los investigadores, CIEGSA estaría financiando casi desde su creación a diferentes estructuras del PP en la Comunidad Valenciana, bien al partido regional y a los partidos provinciales. Además de las mordidas que, según el informe, habría hecho el equipo de Rus. Es por ello que llegan a darse intereses cruzados y amenaza de “guerra de laterales” entre las dos partes interesadas en las adjudicaciones. En este sentido, la UCO señala que  resulta “inverosímil” pensar que toda esta gestión de fondos públicos y los sobrecostes sean solo atribuibles “a la injerencia en la empresa pública del alcalde de Xàtiva”.