El PSOE acaba de registrar una pregunta parlamentaria a la Mesa del Congreso de los Diputados para que el Gobierno expliqué porqué Hacienda lleva desde abril sin responder a los requerimientos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el 'caso Conde', tal y como publicó EL ESPAÑOL.
Según ha podido saber este diario, la diputada socialista Margarita Robles ha presentado una pregunta parlamentaria para que sea respondida por escrito, en la que recoge que “el Juez de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional se ha visto obligado a dictar resolución recordando al Ministerio de Hacienda la obligación constitucional y legal del Gobierno de colaborar con la Administración de Justicia toda vez que desde el 29 de abril de 2016 tanto la Intervención General del Estado como la Dirección General de Agencia Tributaria han incumplido la solicitud de dicho órgano judicial para designar funcionario público como interventor judicial de las empresas HYC y Demerquisa, intervenidas tras operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción”.
“¿Cuáles son las razones para que, como ocurrió en momentos anteriores respecto a las solicitudes de otros juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, no se atiendan con la agilidad necesaria por el Ministerio de Hacienda y de los organismos que de él dependen los requerimientos de la Audiencia Nacional generando de ese modo un retraso en la tramitación de las causas penales?”, señala la diputada y quien ostentaba el cargo de magistrada del Tribunal Supremo hasta su salto a la política.
Directamente al ministro
Como ya publicó este diario, Pedraz se ha visto en la obligación de requerir directamente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que le asigne un interventor judicial para dos sociedades del expresidente de Banesto, Mario Conde, intervenidas desde que éste fue detenido el pasado mes de abril.
El instructor se dirige directamente al titular de Hacienda después de que dos organismos públicos dependientes de su Ministerio haya hecho caso omiso a los requerimientos judicial.
Es más, en la providencia, Pedraz advierte que su comportamiento “trasciende de la mera desobediencia a la autoridad competente para convertirse en atentatorias del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación del derecho de ejecución”.