Una de cal y otra de arena. Los dos partidos independentistas del Parlament han avanzado este martes en su tarea de apuntalar las leyes de la "desconexión" pero por otro lado han demostrado lo alejados en materia económica. La CUP ha escenificado su rechazo al proyecto presupuestario del Govern presentando una enmienda a la totalidad que, según la consellera Neus Munté, puede dejar "tocado" el proceso soberanista. En paralelo, no obstante, ha pactado con Junts pel Sí la primera "ley de desconexión" que servirá de embrión para la creación de una futura Seguridad Social catalana.
El movimiento de la CUP puede poner en riesgo la alianza parlamentaria entre las dos fuerzas independentistas y, de hecho, está tensando las relaciones CDC-ERC. Mientras desde el flanco convergente advierten de que no van a ceder a los postulados de los 10 diputados anticapitalistas, fuentes de ERC denuncian que los "dardos" lanzados por dirigentes de CDC, como Francesc Homs, "envenenan la negociación".
Si la CUP no retira la enmienda a la totalidad, y ya ha advertido de que no tiene intención de hacerlo, el pleno del Parlament rechazará la semana que viene el proyecto presupuestario del Govern, que sólo podrá contar con el aval, insuficiente, de JxS.
Tras la reunión de hoy del Govern, Neus Munté ha negado que exista margen para incumplir el techo de déficit marcado por el Gobierno, como exige la CUP, y ha condicionado una posible revisión del IRPF a que se levante el veto a los Presupuestos. Munté ha asegurado que el Govern "quiere negociar y se puede hablar de todo, pero a partir de que los Presupuestos superen el debate a la totalidad", que tendrá lugar el próximo miércoles.
La consellera ha señalado de que es "poco compatible" hacer un "llamamiento al diálogo", como hace la CUP, y a la vez anunciar una "enmienda a la totalidad".Ha avisado, además, del riesgo de que quede "tocado" el proceso soberanista si no se aprueban las cuentas. Preguntada por si el Govern ve posible también un aumento fiscal a las rentas más altas, ha dicho que "el objetivo del Govern y de estos presupuestos es iniciar la reducción de la presión fiscal a los que más han sufrido los embates de la crisis, que son las rentas más bajas, y no hay nada más sobre la mesa".
Pero los mensajes que ha hecho llegar hoy la CUP no invitaban precisamente a pensar en un acuerdo, ya que exige al Govern que presente unos nuevos Presupuestos y dan por hecho que no retirarán su enmienda a la totalidad al actual proyecto. Los "mínimos" que reclama la CUP pasan por "desobedecer el tope de déficit" marcado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, incluir los impuestos suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC), una fiscalidad progresiva para que paguen más los ciudadanos con rentas más altas y revertir recortes y privatizaciones.
Acuerdo para la Seguridad Social catalana
El pulso por los Presupuestos ha contrastado con el acuerdo entre las fuerzas independentistas sobre una futura Seguridad Social catalana. JxS y la CUP han registrado hoy en el Parlament la proposición de ley de creación de la Agencia Catalana de Protección Social, que es el "embrión" de una Seguridad Social catalana y la primera de las tres leyes de "desconexión" del Estado que tienen previsto aprobar.
El articulado crea la Agencia Catalana de Protección Social, que aglutinará a todos los organismos y estructuras de los que ya dispone la Generalitat actualmente en materia de protección social, pensiones no contributivas, sanidad y Seguridad Social
El portavoz parlamentario de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha asegurado que la ley de creación de la Agencia Catalana de Protección Social "nace muerta" porque "desarrolla" la resolución del 9N suspendida por el Tribunal Constitucional.
La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha considerado "irresponsable" que el Govern haya presentado los Presupuestos de 2016 sin tener ningún apoyo para su aprobación y ha sugerido que podría "retirarlos" del pleno de la semana que viene al no contar con el apoyo de la CUP.
Mientras tanto, Catalunya Sí Que Es Pot (CSP) ha presentado una proposición de ley para subir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a un 10 % de los contribuyentes, lo que permitiría incrementar los ingresos de la Generalitat entre 400 y 500 millones de euros, una medida que pondrá a prueba la cohesión entre CDC y ERC.