El Tribunal de Cuentas ha condenado finalmente a Alonso y a Maroto por causar un perjuicio económico de 393 mil euros a las arcas públicas. El ministro de Sanidad en Funciones y el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, firmaron, mientras estaban al frente del Ayuntamiento de Vitoria (2007), un contrato público con un empresario a un precio demasiado alto.
Por este contrato, firmado con Gonzalo Antón, el Gobierno municipal debía pagar 12.500 euros al mes (más IVA) por el alquiler de un local, durante 20 años. El importe se elevaba a 7,6 millones, mientras que su propietario lo había comprado por tan solo 2,7 millones. De hecho, los técnicos municipales tasaron la cuantía en poco más de 10 mil euros, según determinó la Comisión de Investigación del Consistorio.
Además de todo esto, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales. Entre ellas figura una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes del tiempo establecido de veinte años, debía abonar toda la renta que faltaba hasta completar el precio acordado.
En la vista del 11 de abril, el letrado Silverio Fernández Polanco negó con rotundidad que la actuación de Alonso y el resto de concejales conllevase un menoscabo de los fondos públicos. Sin embargo, no contó con que al haber transcurrido 9 años desde la firma del contrato, la acción podría haber prescrito. Asimismo declaró que el "Ayuntamiento rebajó el precio que reclamaba el propietario, que era de 20,61 euros por metro cuadrado". En aquel momento el ayuntamiento de Vitoria pedía que reintegrasen 500 mil euros, pero la defensa negó el perjuicio.