La decisión del Ministerio de Industria de ordenar el cese de las emisiones ilegales de ETB en Navarra, cumplimentada el 5 de mayo por el ente público vasco, ha sido recibida por ambas Administraciones como una deriva más del Gobierno de Mariano Rajoy para “minar el autogobierno” del País Vasco y la comunidad foral.

Al mismo tiempo que lo denunciaban, los Gobiernos de Íñigo Urkullu (PNV) y Uxue Barkos (Geroa Bai) se han puesto manos a la obra para solucionar el problema dentro de un protocolo de colaboración suscrito con toda solemnidad este martes en Ajuria Enea por ambos ejecutivos.

El acuerdo, más amplio que cualquier otro anterior, conlleva la voluntad política de estrechar relaciones entre ambas comunidades y cooperar en 18 ámbitos de actuación tan diversos como el fomento del euskera, la reparación de todas las víctimas, la atención sanitaria , la movilidad de las personas, la protección social o la difusión de EiTB, para avanzar juntos en el camino del autogobierno y defenderse de los "ataques" del Gobierno central.

'APAGÓN' ORDENADO POR INDUSTRIA

La batalla por la captación de la señal de ETB en Navarra no es de ahora sino que forma parte de una guerra enquistada a lo largo de los últimos años, que tiene componentes políticos, legales y económicos y que alcanza un gran repercusión pública en la comunidad foral, donde se han movilizado miles de personas a través de las redes sociales reclamando su derecho a recibir la oferta televisiva vasca.

La falta de desarrollo del artículo 40.4 de la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010 y la desconfianza del Gobierno de UPN hacia las intenciones del ente público de comunicación, gestionado en esencia por el nacionalismo, explican en gran parte el origen del conflicto y la situación a la que se ha llegado después de que EiTB decidiera persistir en sus emisiones, a pesar de carecer de respaldo legal. Si finalmente cesó en su difusión fue por la amenaza del precintado de los equipos transmitida en la orden del Ministerio de Industria.

La Ley de 2010 establece que las emisiones audiovisuales de una comunidad a otra limítrofe y con “afinidades lingüísticas y culturales”, como es el caso, podrá hacerse “siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad”.

PACTO CON LÓPEZ

La señal digital de ETB llega sin problemas a los municipios navarros fronterizos con la comunidad autónoma a través de los repetidores que el ente público tiene en territorio vasco, pero no se capta en su capital, Pamplona, y su comarca, donde se concentra el mayor número de habitantes, ni tampoco en el sur de Navarra ocupado por La Ribera.

El último conflicto comenzó con el apagón analógico de 2009 y los cambios tecnológicos de la emisión en TDT. En aquel año la llegada a Ajuria Enea del socialista Patxi López, que sustituía a Juan José Ibarretxe (PNV), introdujo cierta distención en las relaciones institucionales de la comunidad autónoma con sus vecinos navarros.

Por esa razón el lehendakari y el presidente de Navarra, Miguel Sanz, de UPN, pudieron firmar un protocolo de colaboración en el que se incluía facilitar la difusión de la radiotelevisión pública vasca, aunque aquel pacto nunca llegó a adoptar la preceptiva forma de convenio, fuente de obligaciones jurídicas entre las partes.

Tras intensos tiras y aflojas el acuerdo se quedó en agua de borrajas en 2010 y ello a pesar de contar con la concesión del Ministerio de Industria de un segundo multiplex (banda de frecuencia con varios subcanales) para Navarra desde el que pudiera emitir ETB.

El ente público vasco acabó por rechazarlo por una razón económica que aún subsiste. El Gobierno de Sanz se negó a asumir parte del coste y el Ejecutivo vasco desestimó hacerse cargo del total de la operación, valorada en un millón de euros.

¿Quién debe pagar la factura para que los programas de la televisión vasca lleguen a los receptores navarros? La pregunta se mantiene pasado el tiempo.

En el protocolo firmado por López y Sanz el pago de los costes de transporte y mantenimiento de las dos señales (ETB-1 y ETB-2) correspondía a la televisión pública vasca, pero ésta consideró entonces “inasumible” la prestación del servicio.

OTROS FRACASOS

Los siguientes intentos resultaron fallidos. Eusko Alkartasuna llegó a colocar una antena pirata en el monte de El Perdón, provocando la intervención de Industria que la clausuró a petición del Gobierno de Yolanda Barcina (UPN).

Con el regreso del PNV a la Lehendakaritza en 2012 la dirección de EiTB, encomendada a Maite Iturbe, decidió un año después optar por la vía de los hechos y digitalizar la red analógica de ETB en Navarra, ocupando una frecuencia para la que no tenía licencia.

No pudo hacerlo; tuvo que dar marcha atrás y rectificar casi de inmediato. El freno lo puso el propio lehendakari Urkullu atendiendo a las quejas de Barcina que acusó al Gobierno vasco de vulnerar el espíritu de “respeto institucional” que se había comprometido a observar en sus relaciones con la Administración navarra en el primer encuentro mantenido entre ambos dirigentes.

Un “respeto” que en opinión de UPN era y es continuamente vulnerado cuando EiTB “se apropia” de Navarra al incluirla en su mapa de tiempo y sus contenidos.

Las negociaciones entre ambos ejecutivos se recondujeron, no obstante, y prevaleció la idea de acudir a Industria para solicitar un nuevo multiplex que diera cobertura legal a las emisiones. El intento fracasó porque el Ministerio, en el intervalo entre la nueva solicitud y la anterior, había optado por introducir reformas en la TDT y decidido no conceder segundos multiplex a ninguna autonomía, según comunicó a los peticionarios en el verano de 2014.

USO DE MEDIOS PRIVADOS

Ante el bloqueo de la situación Iturbe decidió de nuevo actuar y EiTB fue objeto de una nueva reclamación por parte del Ejecutivo de Barcina, que en marzo de 2015, poco antes de que UPN saliera del Gobierno, denunció ante Industria haber detectado emisiones desde la antena de Yoar sin licencia ni convenio que las amparase .

El actual Gobierno cuatripartito navarro que preside Uxue Barkos, de Geroa Bai, coalición en la que se integra el PNV, achaca fundamentalmente a UPN y su animadversión hacia “lo vasco” la situación a la que se ha llegado, pero existen más agentes que intervienen en el conflicto generado.

La empresa Infraestructuras y Gestión 2002 S.L., proveedora de la distribución de la señal por TDT, denunció en diciembre del año pasado ante el Ministerio de Industria y la delegación del Gobierno en Navarra la ocupación de dos canales radioeléctricos. A través de ellos ETB llegaba desde el 26 de octubre de 2015 a los receptores de la comarca pamplonesa en las mismas condiciones que el resto de las televisiones, sin disponer de la pertinente autorización ni afrontar los gastos correspondientes.

EiTB dejará de emitir en Navarra siguiendo órdenes de Industria

El Ministerio de Industria ya le había advertido con anterioridad de que ocupaba medios privados y se adentraba en el terreno de la competencia desleal, pero EiTB siguió emitiendo desde las instalaciones llevadas a cabo por Itelazpi, la sociedad pública vasca de telecomunicaciones, en los repetidores de El Perdón y San Cristóbal.

En su actuación contó con el respaldo del Gobierno de Barkos, que quería marcar pronto la diferencia respecto al comportamiento del Ejecutivo de Barcina y que los navarros visualizaran enseguida la llegada del cambio a Navarra.

EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN

Los Gobiernos vasco y navarro se esfuerzan ahora por encontrar una solución técnica a la que dotar de cobertura legal.

Ante las dificultades y el coste de optar a la concesión de un nuevo multiplex, el Ejecutivo de Barkos explora la posibilidad de hacerse hueco en la banda de frecuencias que ya gestiona Navarra. El multiplex autonómico le faculta para la concesión de cuatro canales, ocupados en este momento por los dos de Navarra Televisión, por Nafar Telebista y el de de cursos en inglés de Vaughan.

Su mejor opción para dotar de seguridad jurídica a la captación de ETB pasa en estos momentos por el convenio al que se han comprometido ambos Ejecutivos y por llegar a un acuerdo con las televisiones locales, con las que ya ha iniciado contactos para diseñar “un plan económico y técnico” que permita y respalde las emisiones.

“GRAVE DAÑO CAUSADO”

La interrupción de la señal de EiTB en Navarra, que no afecta a las emisoras de radio del grupo, ha causado un gran revuelo político en las dos comunidades autónomas afectadas, donde prácticamente todos los partidos critican la decisión del Ministerio. Sólo UPN y PP han puesto el acento en el aspecto legal; la mayoría lo considera una nueva agresión del Gobierno español.

El Consejo de Administración de EiTB, donde están representados los grupos parlamentarios vascos, se reúne este martes por la tarde con carácter extraordinario con el único punto en su orden del día de aprobar una declaración, promovida por el PNV y presentada por 14 de los 19 consejeros, en la que se insta a los tres Gobiernos implicados, incluido el español, a “solucionar el grave daño causado” y “retomar inmediatamente las emisiones”.

Se propone que se haga primero de “forma transitoria”, a través del espectro radioeléctrico de cuya ordenación es competente el Gobierno de Navarra, y que se “oficializen, sin pérdida de tiempo, con el correspondiente amparo legal”.

En la declaración, cuya aprobación se da por sentada, EiTB protesta ante lo acontecido y considera que la nueva situación rompe “el principio de ocupación pacífica del espacio radioeléctrico, siempre sin afección a terceros,” preservado desde 1986 hasta la fecha.

Asegura que el espacio natural de sus emisiones es “la geografía del euskera”y el conjunto de Euskal Herria y reivindica que en su calidad de servicio público debe atender la demanda de la ciudadanía navarra, que según cuantificó el portavoz del Gobierno vasco se eleva a una audiencia al día de 100.000 expectadores .

Además alude a la protección especial que se debe prestar a una “lengua minorizada” y a que el apagado ordenado cercena el derecho a la información y a la libre elección de un medio “que sirve a la normalización del euskera”.

Los socialistas vascos apoyan en general el contenido de la declaración y reprochan al Ministerio la interrupción de las emisiones. En su opinión las “irregularidades” se podían haber subsanado sin necesidad del apagón ordenado, que ha causado un “daño irreparable”

En la explicación de su postura, en una nota remitida a los medios de comunicación, cuestiona, no obstante, que quienes emiten ahora “legítimas criticas” a la resolución administrativa del Ministerio obvien otras “igual de legítimas” al tratamiento que recibe la realidad institucional de Navarra en el ente público vasco.

El discurso de los dos representantes del PP se ciñe a la vulneración del marco legal por parte de EiTB, de la que hacen responsable a su directora general, Maite Iturbe, ya que el ente público anunció su emisión generalizada en la comunidad foral hace seis meses y medio pese a ser “consciente” de que no estaba habilitado para hacerlo.

Los populares, que no apoyan la declaración que previsiblemente saldrá adelante, quieren dejar claro que no se oponen a las emisiones de ETB en Navarra sino a que se realicen sin estar debidamente legalizadas.