El juicio contra Hasier Arraiz por pertenecer a la Mesa Nacional que pretendía reorganizar la ilegalizada Batasuna ha transcurrido según el guión previsto desde que el presidente de Sortu decidiera seguir los pasos de sus compañeros juzgados por la Audiencia Nacional en enero, a pesar de la imposibilidad de llegar al mismo acuerdo de conformidad con las dos acusaciones populares del proceso, Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Arraiz ha reconocido su participación en los hechos descritos en la acusación del ministerio público, que incluyen pertenencia a banda terrorista, y se ha reafirmado en el contenido de una declaración trasladada antes de la vista al fiscal, Juan Calparsoro, por el que ha expresado su compromiso con la renuncia de la violencia y su deseo de contribuir a la reparación de las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento causado. Justo en los mismos términos que los asumidos por los otros 35 miembros de la Mesa Nacional, detenidos como él en Segura en 2007, y que eludieron el ingreso en prisión a través del pacto alcanzado con todas las partes de la causa, incluidas Dignidad y Justicia y la AVT.
Oída la declaración de Arraiz, el fiscal ha modificado sus conclusiones y rebajado su petición de pena de 6 a 2 años de cárcel, en un escrito presentado conjuntamente con la defensa, en el que se demanda la inhabilitación de Arraiz para el ejercicio de cargo público “de ámbito municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo” por el mismo periodo de tiempo. En el pacto cerrado en la Audiencia Nacional no se incluyó la inhabilitación para los parlamentos autonómicos.
Las otras acusaciones, -que rompieron previamente las negociaciones para llegar a un acuerdo-, han mantenido la reclamación de diez años de cárcel, aunque la AVT ha presentado una alternativa, que reduce la condena a la mitad, para el caso de que la sala considere que ha habido dilación indebida en el proceso.
El juicio ha quedado visto para sentencia tras un alegato final de Arraiz, que ha sido juzgado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y no por la Audiencia Nacional por su condición de aforado como actual parlamentario autonómico.
ELUDIR LA CÁRCEL
El tribunal, compuesto por el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y los magistrados Roberto Sáiz y Nekane Bolado, deberá dictar sentencia en las próximas semanas.
En medios de la izquierda abertzale y el propio Arraiz asumen que su fallo le impedirá continuar como miembro del Parlamento vasco y presentarse a los próximos comicios autonómicos, previstos para este otoño, pero confían en eludir el ingreso en prisión y en que los jueces tengan en cuenta el precedente del veredicto emitido por la Audiencia Provincial .
En este sentido consideran que el pacto alcanzado entre la Fiscalía y la defensa de Arraiz aumentan las posibilidades del presidente de Sortu, que si es condenado a la pena acordada no deberá volver a la cárcel porque ya estuvo en prisión provisional durante dos años.
Medios jurídicos consultados por El Español mantienen la misma impresión sobre el veredicto, por lo que un fallo que sobrepasara los dos años de cárcel constituiría una sorpresa.
HECHOS DE “MENOR GRAVEDAD”
Arraiz fue detenido en la Casa de Cultura de Segura junto a los otros integrantes de la dirección de la ilegalizada Batasuna, de la que formaba parte desde octubre de 2005. Según el relato de la Fiscalía contribuyó desde su cargo a “perpetuar la estrategia diseñada por ETA” y a burlar la ilegalización de la formación abertzale a través de las siglas ANV y PCTV.
El ministerio público sostiene que era consciente de “actuar al servicio de las actividades y finalidades de ETA”, una organización que se desdoblaba en una estructura armada y otra que le daba cobertura a través de los grupos y partidos del MLNV. Como miembro de la Mesa Nacional actuaba de forma “complementaria” y “coordinada” con ETA en su objetivo de “conseguir la independencia de Euskalherria mediante la utilización de la violencia”.
El fiscal Calparsoro en la exposición de sus conclusiones ha expuesto los fundamentos jurídicos del fallo adoptado por la Audiencia Nacional en enero. Ha aludido al atenuante tenido en cuenta en función de la última reforma del Código Penal, en vigor desde julio de 2015. Según el artículo 579 bis,4 , en los delitos de terrorismo cuando los hechos objetivamente sean de menor gravedad se podrá reducir la pena entre uno o dos grados.
Calparsoro ha reparado igualmente en la otra circunstancia - dilación indebida- atendida por la Audiencia, en razón de la larga duración del proceso.
La defensa de Arraiz, ejercida por el abogado Íñigo Iruin, ha incidido en esos mismos argumentos. Ha señalado que los actos atribuidos al acusado tienen que ver con la participación política y no con el uso de la violencia y expuesto las largas demoras sufridas por el proceso.
Iruin ha reprochado a Dignidad y Justicia su cambio de criterio respecto al mantenido en la Audiencia Nacional, mientras que la abogada de la asociación ha mantenido que haber actuado al servicio de ETA merece mayor reproche penal que una condena de dos años.
“OBLIGACIÓN ÉTICA”
Hasier Arraiz ha intervenido brevemente al final del juicio para justificar su “actividad política”, lamentar las víctimas de las “diferentes violencias” y confiar en que su actitud contribuya a dar más pasos para abrir “las puertas de las prisiones”.
Ha mantenido que la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna crearon un escenario “perverso” y que en aquella situación “su actividad política” era “una obligación ética” porque mucha gente entendió que se “perseguían ideas políticas” y se ponía en riesgo “un proyecto político independentista y de izquierdas”.
Ha reivindicado el papel jugado por los dirigentes de Batasuna –incluido él mismo- apresados en Segura en el cese de la lucha armada y pedido “memoria, reconocimiento y reparación” para todas las víctimas.
Tras expresar que la paz y la convivencia tienen que ser y hacerse entre “todos”, ha esperado que su postura de reconocer los hechos pueda ser imitada por los presos de ETA para vaciar las cárceles.
El presidente de Sortu ha afrontado el juicio con el respaldo expreso de EH Bildu y PNV. Ambos grupos suscribieron la semana pasada un texto conjunto en su apoyo en el Parlamento Vasco y le han acompañado en su comparecencia ante el TSJPV. Decenas de cargos de la coalición abertzale le esperaban a su llegada al Palacio de Justicia, con una pancarta contra los “juicios políticos” y el propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha acudido a saludar de forma efusiva a Arraiz.