La Diputación foral de Bizkaia obvió la denuncia interna que el inspector fiscal José Delfino Suárez presentó antes de acudir a la Fiscalía Anticorrupción.
En el escrito elevado el pasado diciembre ante el órgano penal, que ahora investiga la Fiscalía vizcaína, Suárez asegura haber puesto con anterioridad en conocimiento de sus superiores, y en concreto del jefe de la Inspección Fiscal de Hacienda, el subdirector Antonio Pérez, los presuntos tratos de favor objeto de su denuncia.
Su carta, remitida en junio de 2015, seguía sin contestación cinco meses después cuando se jubiló a finales de noviembre del año pasado. En ella pedía que se informara también de las irregularidades que describía al entonces director de Hacienda, Félix Ayarza, que fue sustituido tras las elecciones forales por Aitor Soloeta.
La Diputación de Bizkaia no ha querido comentar nada sobre el contenido de la denuncia interpuesta ante Anticorrupción, en la que se describen supuestos tratos de favor otorgados por la Hacienda Foral a determinados contribuyentes.
Tras revelar EL ESPAÑOL la investigación abierta por la Fiscalía de Bizkaia, se ha limitado a manifestar “su interés en que se esclarezcan los hechos y su total disposición a colaborar con el Ministerio Público”.
“No nos podemos pronunciar, la investigación es incipiente y no somos quienes para enjuiciar las acusaciones”, ha manifestado un portavoz de Hacienda, que no ha sabido explicar qué pasó con el escrito trasladado internamente a los jefes del Departamento.
José Delfino Suárez mantiene en su denuncia que en el servicio de Inspección Fiscal se producen irregularidades y anomalías en beneficio de determinados contribuyentes, que privan a la Diputación de ingresos de millones de euros.
Pone el foco de sus acusaciones en el sector de compra y venta de chatarra y asegura que hay empresas a las que se les ha apartado de los planes de inspección y otras a las que se les han condonado cuantiosas sumas de dinero.
Establece una analogía entre esta situación y los hechos juzgados en el llamado ‘caso Ibarra’, por el que el entonces jefe de la Inspección de Tributos fue condenado en 2012 a 4,5 años de cárcel por el Tribunal Supremo.
La sentencia confirmó la existencia de un delito de falsedad continuada en documento público en el proceder de Juan Ramón Ibarra, pero le absolvió de las acusaciones de prevaricación, cohecho y desobediencia. Su fallo se fundamentó en la creación por parte de Ibarra de una aplicación informática que permitía un trato de favor al impedir que los contribuyentes incluidos en su lista fueran inspeccionados.
Suárez y otros dos inspectores denunciaron la conducta de Ibarra ante la Fiscalía Anticorrupción en 2003.