Preguntar por Francisco Martínez en el pueblo donde gobernó durante 24 años es un esfuerzo baldío, sobre todo en vísperas del día en el que este hombre, que fue durante años la mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, se va a sentar en el banquillo para enfrentarse a penas de hasta cuatro años de cárcel acusado por presuntos delitos de corrupción. “Aquí no habla nadie”, sentencia un vecino de Vall d’Alba, la localidad de 3.000 habitantes situada a 30 kilómetros al norte de Castellón que Martínez dirigió con modos de cacique y a golpe de inauguraciones desde 1991. Hasta que su implicación en un pelotazo le obligó a abandonar la política el pasado año.
El tema es tabú. “¿El alcalde va a ser juzgado por corrupción?”, reacciona con sorpresa una tendera que asegura no tener ni idea del asunto. “No sé nada, solo llevo aquí medio año”, se excusa. Más ejemplos. Dos mujeres pasean por el centro del pueblo y simplemente niegan con la cabeza y se les tuerce el gesto cuando se les pregunta por Martínez. Nada que decir. Otras dos mujeres conversan en otra calle mientras dejan sus bolsas de la compra en el suelo. Es mentar a Martínez y la reacción se repite. Una de ellas mira hacia otro lado, la otra zanja el tema: “No somos del pueblo”. Y así otra media decena de veces.
Los que sí hablan se cuidan mucho de no ser descubiertos. “Si te doy el nombre van a saber quién soy”, dice otra tendera. “Yo te cuento lo que quieras, pero el nombre no. No nos estarás grabando, ¿no?”, exclama otro vecino, un agricultor. “Es que tiene mucha mano”, agrega mientras que su compañero le corrige: “La tenía”. ¡Eso, eso!
Uno de estos dos agricultores fue víctima de las formas de actuar de Martínez cuando a finales de los 90 se proyectó un polígono industrial y el Ayuntamiento fijó un coste para la expropiación. A los vecinos afectados les llegaba una carta para acudir a una notaría y cobrar lo establecido (unas 500 pesetas el metro). Nadie rechistó. Solo unos pocos se negaron, acudieron a los tribunales y ganaron. “Yo vendí por dos millones (de pesetas) cuando me tenían que haber pagado cuatro”, dice este agricultor.
PATRIMONIO DE 1,5 MILLONES
Francisco Martínez regentaba una tienda de ultramarinos en Vall d’Alba antes de acceder a la alcaldía. Cuatro años después fue llamado por Carlos Fabra a la Diputación. Durante años se sentó a su derecha en la mesa presidencial, como vicepresidente. Era su hombre de confianza. El día que Fabra dejó la Diputación durante algo menos de medio año para someterse a un trasplante de hígado fue Martínez quien ocupó su sillón. Fueron 24 años como alcalde y casi veinte como diputado provincial. Pasó de regentar la tienda a hacer público un patrimonio de 1,5 millones de euros, el mayor de entre sus compañeros diputados. Su enriquecimiento es uno de los capítulos de su trayectoria política con más interrogantes. No es ningún secreto que el exalcalde del PP ha reunido grandes extensiones de terrenos por compras, donaciones, herencias de vecinos o por inscripción de fincas no registradas. Casi nadie en el pueblo osaba llevarle la contraria por temor a hipotéticas listas negras. Eran años en los que una expresión corría por Vall d’Alba: contra mayores no vayas.
La caída del número dos de Fabra llegó con un pelotazo frustrado en una parcela de apenas 2.706 metros cuadrados en Borriol, un pueblo cercano que gobernaba Adelino Santamaría, otro diputado provincial del PP.
EL PRINCIPIO DEL FIN: UN PELOTAZO FRUSTRADO
El concejal de Compromís en Borriol, Silverio Tena, comenzó a finales de 2013 a investigar por qué el Ayuntamiento iba a pagar precios que él estimaba desorbitados por la expropiación de los terrenos donde iba a construirse una depuradora. En enero de 2014 encontró la respuesta. Tena descubrió que una finca de 2.706 metros cuadrados afectada por la expropiación era propiedad de una sociedad, Franvaltur, tras la que se escondía Martínez y sus dos hijos, que habían sido administradores de la empresa familiar. El solar tenía una valoración de 3.000 euros pero de haberse expropiado al coste que fijó el Ayuntamiento de Borriol, Martínez e hijos se habrían embolsado 51.000 euros. La operación se abortó en el último momento, tras estallar la conexión.
Daba la ‘casualidad’ de que Francisco Martínez era el diputado provincial de obras y servicios y, como tal, el responsable de proyectar y gestionar decenas de proyectos por toda la provincia de Castellón. Gracias a este puesto –y por extensión de su influencia en la Generaliat- premió a su municipio con multitud de dotaciones que ha dado a Vall d’Alba una capitalidad en su comarca que no le correspondía. El municipio tiene un centro de salud 24 horas, una comisaría de la policía autonómica, instituto, centros europeos, gimnasios, piscina, una plaza de toros que cuando se construyó tenía más capacidad que vecinos, un ‘paseo marítimo’ en un pueblo de interior, etc. Una alcaldesa de un pueblo vecino, también del PP, solía decir de él que era un buen alcalde, pero un mal vicepresidente de la Diputación por su peculiar reparto de infraestructuras.
Desde ese puesto dirigió también los últimos pasos del proyecto de la depuradora de Borriol que antes había sido competencia de la Generalitat. El fiscal sostiene que Martínez y el alcalde de Borriol, junto a otras personas que también se sentarán en el banquillo, se compincharon para incluir la citada parcela en el proyecto de expropiación -pese a que no era necesaria-, y esconder su propiedad tras el nombre de una empresa y varios apoderados nombrados a propósito. “En cualquier Diputación y ayuntamientos hay cientos de expedientes expropiatorios que afectan a alcaldes, diputados y sus familiar, y por tanto es todo perfectamente legal”, dijo el número dos de Fabra tras conocerse el pelotazo. La aprobación de la depuradora en esos terrenos le habría reportado 51.000 euros.
En la trama están acusados Martínez y sus dos hijos, el alcalde de Borriol, un socio de Martínez (con el que comparte otras sociedades) que estaba vinculado al resto de terrenos afectados por la obra, y un trabajador de éste. La Fiscalía acusa al exalcalde de Vall d’Alba de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. En total, le pide 4 años de cárcel. Sus dos hijos también se sentarán en el banquillo para afrontar penas de 3 y dos años. El exalcalde de Borriol y el socio de Martínez se enfrentan por su parte a tres años de prisión.
UN CACIQUE EN RETIRO
El escándalo obligó a la retirada política de Francisco Martínez tras 24 años en el que ha cambiado al municipio con obras y dotaciones públicas. Hasta construyó una ermita y se inventó una procesión anual. En el altar del templo se colocó un cuadro donde se ve su rostro. Un gusto que copió de Fabra. Ahora su reinado ha acabado, aunque él parece resistirse.
Fernando Grande, portavoz socialista en la oposición y quien durante años ha sufrido las consecuencias de enfrentarse al alcalde, asegura que a Martínez suele verse en el Ayuntamiento. “Se queda en la planta baja, no sube a la planta noble donde están los despachos”, dice. Cuenta que un día una vecina le dijo que había ido al consistorio a primera hora, recién abierto, que allí estaba el exalcalde, sentado en una de las mesas de atención al público, que cuando entró éste le preguntó qué quería y que ella le dijo que ver a la alcaldesa. “Sí, ¿pero qué quieres? De ti nada, hablar con la alcaldesa”, según la reproducción de la escena que relata Grande.
También se ha diluido el grupo de vecinos que le eran afines y leales. La ‘jet set’ del pueblo, según les define uno de los dos agricultores que no tenían problemas en hablar del quien fue su alcalde durante décadas. Ahora el ambiente del pueblo parece más relajado, asegura.
Francisco Martínez se sienta a partir de este lunes en el banquillo de los acusados para ser juzgado por el escándalo de la depuradora de Borriol.