Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina de Borbón ya tienen autorización para vender dos apartamentos que disponían en Palma. El juez José Castro ha autorizado el desembargo de los bienes para que procedan a la venta. Entre la comisión que tienen que pagar al intermediario y el pago de las hipotecas que soportaban, van a aportar de esa venta al Juzgado 27.000 euros.
El matrimonio ha conseguido encontrar un comprador que los adquiera por 250.000 euros. En el auto, el magistrado señala que el precio está por debajo del mercado pero aún así da su autorización. El tasador fijó su precio en 316.000 euros. “Valoración que, nos parezca o no escasa, es aquella de la que debemos partir para resolver si el precio ofertado, también escaso en su comparación con aquella, es o no asumible, cuestión de imposible resolución de manera objetiva”, señala la resolución.
No obstante, Castro tiene en cuenta que “la crisis del mercado inmobiliario aun no ha desaparecido por completo y que la urgencia por vender siempre se traduce en una lógica depreciación del bien que se pretende canjear”. De ahí que entienda que el precio de 250.000 euros “aunque ciertamente escaso, representa una oferta seria que en las condiciones actuales es aceptable, tanto mas cuando absolutamente ninguna de las partes acusadoras ha manifestado lo contrario”.
El palacete, vendido
El magistrado ha resuelto después de que la defensa de Urdangarin presentara un escrito hace unos días recordándole que llevaba meses sin resolver el desbloqueo de estos apartamentos para poder venderlos. El matrimonio ya vendió el palacete de Barcelona por 6,9 millones de euros, de los cuales 4,4 millones fueron para sufragar la hipoteca. Con este dinero, la infanta cubrió su fianza de responsabilidad civil de cerca de 600.000 euros fijada por la Audiencia Provincial de Palma, y que rebajaba la inicialmente impuesta por Castro de 2,5 millones de euros. Por su parte, su marido tenía una fianza de 13,6 millones de euros.
Los dos apartamentos de los que ahora se deshacen están ubicados en segunda línea del paseo Marítimo, una de las zonas más caras de Palma, a menos de un kilómetro del Palacio de Marivent. En su día, se compraron con una hipoteca de 391.850 euros. Los pisos cuentan con aparcamientos y trasteros y, al ser adquiridos, fueron vinculados a la sociedad patrimonial de los exduques de Palma, Aizoon.
Resolución sobre la infanta en los próximos días
Ambos se sentaron en el banquillo de los acusados el pasado 11 de enero, junto a otros 16 acusados, entre los que se encuentran el socio de Urdangarin en el Instituto Noos, Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, y el ex presidente balear, Jaume Matas. El primero día de juicio se centró en las cuestiones previas, en el que los abogados plantearon una serie de nulidades de actuaciones.
La sesión se centró en la exposición por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la defensa de la Infanta, de que la hermana del Rey Felipe VI no puede estar sentada en el banquillo de los acusados por dos razones: porque no ha cometido ningún delito y porque no puede estar sentada en el banquillo bajo la única acusación del sindicato Manos Limpias. En los próximos días, el tribunal va a anunciar su postura al respecto.
Las tres magistradas que componen la Sala tienen dos posturas contradictorias encima de la mesa. Por un lado la sostenida por el juez Castro y por la acusación popular, quienes consideran que la infanta debe ser juzgada por dos delitos fiscales, como cooperadora necesaria de las defraudaciones cometidas por su marido, bajo la tesis de que “Hacienda somos todos” y, por tanto, cualquier ciudadano puede acusarla.
Dos caras de la moneda
Sin embargo, Fiscalía, Abogacía del Estado y defensa mantienen que en el delito fiscal hay un perjudicado claro y directo, que es la Agencia Tributaria. Es Hacienda la responsable de recaudar los impuestos y controlar las declaraciones y es ésta quien tiene la potestad de actuar contra los infractores. Si la Agencia Tributaria no aprecia delito nadie puede suplantar su papel de perjudicado. La jurisprudencia del Tribunal Supremo fija que si en un delito que existe un perjudicado directo éste no acusa, y la Fiscalía, que representa el interés general tampoco, no se puede llevar a esa persona a juicio, tal y como ocurre en este caso.
Ahora, el tribunal debe decidir con cual de las dos posturas se queda. En caso de mantener la de la acusación, representada por Manos Limpias, la hija de Juan Carlos I deberá volver al juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares para enfrentarse a dos delitos y tendrían que sentarse en el banquillo junto al resto de acusados. Por el contrario, si el tribunal anuncia que se le debe aplicar la doctrina del Tribunal Supremo, el caso para ella quedaría archivado y no tendría que volver al juicio. Únicamente tendría que afrontar su responsabilidad como partícipe a título lucrativo, una figura que no es de acusada sino que representa a aquellos que han beneficiado de dinero ilícito sin conocer su procedencia y, por tanto, ese dinero disfrutado debe ser devuelto.
Torres reclama 850 euros por una sesión de juicio
Por otra parte, la defensa de Diego Torres y de su mujer ha pedido que desbloqueen parte del dinero de las cuentas del matrimonio para acudir al juicio. En un escrito, el abogado Manuel González- Peeters explica que no tienen dinero para pagarse los traslados de Barcelona a Palma, el hotel y la manutención. Ambos tendrán que pagar esos desplazamiento hasta junio que está previsto el juicio, siempre y cuando no se acojan a la opción ofrecida por el tribunal de poder ausetnarse una vex que acaben los interrogatorios de los acusados.
El letrado ha aportado las facturas del coste de su estancia en Palma para asistir a la vista celebrada el pasado 11 de enero. Entre las facturas de un hotel de cuatro estrellas, la comida y los vuelos, el matrimonio gastó para un sólo día de sesión 850 euros. Al terminar aquel día la vista a las 22:30 tuvieron que hacer otra noche de hotel, encareciendo su estancia allí.