Si Cristóbal Montoro cumpliese la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó su propio Gobierno en abril de 2012 para meter en vereda a las comunidades autónomas y ayuntamientos, Extremadura y Aragón estarían intervenidas. Se habría iniciado el proceso para que dejen de recibir parte de lo que les entrega cada mes el Estado procedente de los impuestos generales (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) y sería el propio Estado quien se encargaría de gestionar ese dinero. Montoro no interviene ni piensa hacerlo de momento, aseguran a EL ESPAÑOL fuentes de la Administración, a pesar de las veces que ha avisado de que iba el lobo (dos avisos les ha mandado ya) y de que en los últimos informes de Hacienda se reconoce que estas dos autonomías están desde noviembre en situación de “iniciar el procedimiento de retención” de impuestos, el grado máximo de medidas correctivas que fija el artículo 20 de la citada Ley de Estabilidad.
Han incumplido el plazo máximo de pago a proveedores (60 días) desde septiembre de 2014, han recibido ya dos veces la comunicación por parte de Hacienda exigiendo el ajuste, rehecho otras tantas veces su plan de tesorería como exige la ley y vuelto a incumplir dos meses consecutivos. ¿A qué se debe esta arbitrariedad?
A dos causas fundamentales. La primera es que los fondos de liquidez del Estado, que se idearon en 2012 por el Gobierno del Partido Popular para desahogar las asfixiadas autonomías y ayuntamientos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, debían tener carácter temporal, servir mientras las regiones iban ajustando sus desequilibrios entre gastos e ingresos. Esta fórmula se ha enquistado, se está volviendo estructural.
Las comunidades cuentan para sus gastos sanitarios, farmacéuticos y sociales en general, así como para la refinanciación de los vencimientos de deuda y el pago de intereses no sólo con los fondos de liquidez que les cubren el déficit previsto (y que reciben cada mes) sino con la parte extra que el Estado ha decidido ya dos veces pagarles de la parte de déficit no prevista en los presupuestos. La Intervención General del Estado ya ha advertido incluso a Hacienda de que ocho autonomías están utilizando los fondos de liquidez no sólo para refinanciar deuda con bancos o vencimientos de bonos, sino para pagar al propio Estado las primeras devoluciones de los primeros fondos de liquidez, entregados en 2012.
A mitad de año, muchas de las regiones ya no tienen recursos para seguir pagando a sus proveedores en los plazos establecidos por la ley y estos empiezan a sufrir retrasos en los pagos que llegan a superar con creces los 100 días de media (138 en el caso de Extremadura en noviembre de 2015 y 100 días en el caso de Aragón).
¿Hasta cuándo tienen que esperar los proveedores? Aquí está la segunda causa de que Montoro no intervenga. El Gobierno está utilizando los pagos extraordinarios de los fondos de liquidez para hacer política. El primer pago extra, el que abonó a las CCAA el dinero de déficit no cubierto en años anteriores a 2014 más los primeros meses de 2015, lo hizo en marzo del año pasado, dos meses antes de que se celebrasen elecciones autonómicas y municipales en la mayor parte de España. La caída brusca en los plazos de pago fue evidente en la mayoría de las autonomías, que recibieron en total 6.853 millones de euros.
El pulso secesionista
A mediados de año, las autonomías esperaban que les llegase la segunda lluvia de dinero. Más de 7.000 millones de euros del déficit no previsto de 2014. El pago se esperaba desde mediados de año. Los plazos de pago a proveedores (como se observa en el gráfico) se empezaron rápidamente a dilatar entre agosto y septiembre. Entre los proveedores que sufrían los nuevos retrasos estaban los de los conciertos sanitarios (1.004 millones de euros pendientes), las farmacias (666,43 millones) y los conciertos de servicios sociales y atención a la Dependencia (248 millones). En total, cerca de 650.000 facturas aguardaban el momento de ser abonadas.
Los meses pasaban y el Gobierno no aprobaba el pago del llamado FLA extraordinario. La causa había que buscarla de nuevo no en los datos económicos ni en las leyes que exigen el ajuste de gastos e ingresos públicos, emanadas del artículo 135 de la Constitución que fue revisado a finales de 2011 por acuerdo del PP con el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La razón estaba de nuevo en la política. En concreto, en el pulso secesionista del Gobierno de Cataluña con el Estado español a pesar de su dependencia financiera de los fondos de liquidez del Estado. El Ejecutivo de Rajoy no estaba dispuesto a aprobar así como así el pago de los más de 3.000 millones de euros del FLA extra (42,6% del total) que correspondían al déficit no previsto de Cataluña.
Esperó hasta diciembre. Hasta que presidentes autonómicos como el del Gobierno de Valencia, Ximo Puig, vinieron incluso a Madrid para pedir que se aprobase cuanto antes el pago o los proveedores iban a empezar a cerrar la ventanilla. Esa prolongación de los plazos llevó a las autonomías que ya habían recibido los dos apercibimientos de Hacienda a incurrir en causa de intervención. Montoro sabe que ahora ya tienen el dinero pero hasta marzo (cuando se conozcan los datos de morosidad de las administraciones de enero) no se reflejará el cambio. Por eso hace la vista gorda incumpliendo la ley que estableció su Gobierno.
Se arriesga sin embargo en exceso con el caso de Extremadura, que no sólo ha incumplido durante 15 meses el plazo máximo de pago a proveedores, sino que es la excepción que confirma la regla. Cuando recibe dinero extra, incrementa el periodo medio de pago, lo que podría significar que según recibe dinero está aflorando facturas aún guardadas en los cajones. Sólo ha reducido el plazo un mes.
El FLA de 2016
El Gobierno, hoy en funciones, del Partido Popular, planea aprobar esta semana las nuevas condiciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para 2016. El año pasado decidió dejar a cero el tipo de interés que le pagan las autonomías al Estado por asumir el pago de sus vencimientos de deudas e intereses y los citados pagos a proveedores. De nuevo, el PP cuenta con el arma que definirá el grado de asfixia de las regiones en el próximo ejercicio.