Desde el momento en que Cristina Cifuentes fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid, en junio de 2015, se comprometió firmemente a materializar una de sus más ambiciosas apuestas electorales: la regeneración democrática. Una pretensión que parecía quimérica en el Madrid de la Púnica y otros sonados escándalos que han salpicado al PP. "El objetivo es garantizar la ejemplaridad de la conducta de los responsables políticos, eliminar sus privilegios jurídicos, y adecuar el número de representantes a las necesidades reales de la Comunidad", dijo en su discurso de investidura.
Este martes, el Ejecutivo autonómico ha dado un gran paso para cumplir con ese compromiso de "mejorar la calidad del sistema democrático" limitando los privilegios de los cargos públicos. El Consejo de Gobierno ha analizado el informe sobre la puesta en marcha de la iniciativa del PP denominada 'Plan de Regeneración Democrática de la Comunidad de Madrid', que se llevará a cabo mediante dos leyes, según ha anunciado en rueda de prensa la presidenta.
Las medidas "irrenunciables" que conforman la primera parte de dicho plan incluye la reducción del número de diputados y la supresión del aforamiento de los diputados regionales y de los miembros del Gobierno regional, incluida su presidenta, para acabar con los privilegios de los que gozan frente al resto de ciudadanos. También se limitará el mandato del presidente y de los consejeros a dos legislaturas para favorecer la renovación de los cargos públicos y mejorar la transparencia de la gestión. Asimismo se recoge la modificación de la circunscripción electoral de la provincia. Para poder llevar a cabo estas medidas, el Gobierno regional modificará los artículos 10.2, 11.6 y 25.1 del Estatuto de Autonomía.
La segunda parte del plan requerirá el cambio de cuatro artículos de la Ley Electoral y de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Aquí se incluye la imposibilidad de que un concejal o alcalde pueda ejercer simultáneamente como diputado autonómico con el objetivo de eliminar duplicidades.
También introduce un sistema electoral de listas abiertas y se incluirá la consideración de que la dedicación no exclusiva de los diputados tendrá un carácter residual. Por último se concretarán los gastos de representación de los altos cargos de la Comunidad de Madrid en la ley anual de Presupuestos para evitar gastos arbitrarios.
Un plan que necesita tiempo y consenso
No será un cambio inmediato. Puesto que la introducción de todas estas normas requiere la modificación de leyes orgánicas y ordinarias y el consenso de los grupos parlamentarios, la transición llevará un tiempo no inferior a ocho meses.