La última vez que se le vio en un acto público fue hace cinco meses, en la toma de posesión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde que Mariano Rajoy le negó ser candidato, Ignacio González ha optado por esconderse y desaparecer del escenario público hasta este viernes, cuando ha sido el invitado estrella a la comisión de investigación sobre corrupción abierta en la Asamblea de Madrid por su responsabilidad en la venta de vivienda pública del Ivima.
En este tiempo, el que fue el hombre más poderoso del Ejecutivo madrileño en la pasada legislatura ha visto cómo su sucesora ha lanzado una enmienda a la totalidad a la Ciudad de la Justicia, su proyecto estrella; le ha quitado la seguridad de su casa y está a punto de echarle del Consejo Consultivo de Madrid, donde todavía dispone de coche oficial y secretaria.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, que lo fue todo con Esperanza Aguirre a los mandos de la región, todavía es el secretario general del PP madrileño, un puesto que quiere dejar cuando se celebre el congreso regional, después del 20-D. Antes de deshacerse de su último cargo como político y sin resolver todavía cómo adquirió su lujoso ático en Marbella, Ignacio González ya se ha dado de alta en el Colegio de Abogados como paso previo a empezar una nueva vida alejado del foco público.
Ignacio González empezó su intervención en el Parlamento madrileño con el tono bronco que le caracteriza, en un intento de demostrar cuál iba a ser su postura el tiempo que durase su comparecencia. Estuvo especialmente duro con el líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que le manifestó sus dudas sobre la legalidad del proceso de venta de viviendas públicas; y con el diputado de Podemos Ramón Espinar, que le revolvió cuando afirmó que “la vivienda protegida no está hecha para quien tiene testaferros en Delaware o áticos en Estepona”. Tras casi dos horas en la sala de comparecencias, mucho más hábil que el resto de sus contrincantes, González abandonó la Asamblea sin que ninguno de los grupos de la oposición consiguiera demostrar alguna irregularidad por su parte en la venta de inmuebles del Ivima.
Sin una estrategia clara
Para zanjar la supuesta desunión que existe en el Grupo Parlamentario Popular desde que EL ESPAÑOL hiciese público un WhatsApp que envió el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, en el que decía que González pedía una estrategia conjunta de cara a esta comparecencia, un grupo de diputados del PP ha apoyado con su presencia dentro de la sala de la Comisión al expresidente. “Somos un partido unido, y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho durante los últimos veinte años”, resaltaban.
Pese al mal trago de volver a ser el foco de atención del que se ha propuesto huir, comparecer en esta Comisión no es la mayor preocupación de Ignacio González. A corto plazo, su obsesión es resolver su inmediato futuro laboral, en el aire desde que Cristina Cifuentes pactara con Ciudadanos eliminar el Consejo Consultivo que da cobijo a todos los expresidentes por el módico sueldo de 8.500 euros al mes. La idea del expresidente es empezar una nueva vida como abogado y alejarse definitivamente de a vida pública. Prefiere no tomar posesión de su puesto como técnico superior del Ayuntamiento de Madrid, un puesto que consiguió por oposiciones en 1984, y tiene alguna oferta laboral encima de la mesa “que todavía no ha valorado”, según fuentes cercanas al expresidente.
La polémica del ático
Lo que de verdad inquieta a González es las dudas que sobrevuelan la compra de su ático en Marbella. Hay que recordar que no está imputado en ningún caso, pero sus explicaciones no han servido para disipar las dudas sobre cómo adquirió ese inmueble de lujo. El asunto de la compra del ático saltó a la luz hace tres años, cuando era vicepresidente del Ejecutivo autonómico con Aguirre.
En 2011 mantuvo una reunión con varios mandos policiales para pedirles que no trascendiera que era inquilino de un ático adquirido por un testaferro a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Él se apresuró a negarlo, pero ofreció una versión radicalmente diferente. Reconoció que sí se había reunido con los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, pero aseguraba que en el encuentro fue víctima de un intento de “extorsión policial” para que retirase las denuncias por la investigación sobre el ático.
Este viernes, en la Asamblea de Madrid, se presentó de nuevo como una víctima y pidió a los partidos de la oposición que renuncien a “seguir tejiendo mantos de sospecha sobre la clase política. Yo ya no estoy en esto, pero creo que se hace un flaco favor. Es importante dignificar la política para solucionar los problemas que tiene este país”. El portavoz del PP en la Comisión, Alfonso Serrano, defendió a su compañero. “Hay algo peor que la mentira. La cobardía de insinuar pero no afirmar, de difamar y a ver qué queda”.