En sus tres primeros años de legislatura -no hay estadísticas oficiales de lo que llevamos de 2015-, el Gobierno de Mariano Rajoy ha vendido material de defensa y de doble uso por valor de 9.064,7 millones de euros: esto es, material militar y productos de uso civil que pueden ser destinados a uso bélico. La cifra, todavía sin incluir el último año de mandato, ya supera en un 64% la cantidad total que se vendió durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: entre 2008 y 2011, años en los que gobernó el presidente socialista, se suministró material por valor de 5.840,4 millones de euros.
Detalle, año por año, de los ingresos por material de defensa y doble uso.
Atendiendo a los tres últimos años, los principales socios para España en este mercado han sido los países miembro de la Unión Europea y de la OTAN, quienes han adquirido material por valor de 4.500,8 millones. Lejos de estas alianzas, Australia es el primer comprador de material de defensa español: los contratos que el país oceánico mantenía con Navantia -los astilleros públicos de construcción naval militar- supusieron un desembolso de 1.148,8 millones entre 2011 y 2012.
Los socios del Golfo Pérsico
2013 y 2014 han sido los años en los que España ha vendido más material de defensa. Según estadísticas del Instituto de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), nuestro país ocupa la sexta posición en la lista de países vendedores en el mundo. Este repunte corresponde con la incorporación de los países del Golfo Pérsico como nuevos socios de peso de España.
EEUU y Rusia se alternan como principales exportadores.
Según fuentes diplomáticas, los proyectos industriales militares en común con países como Francia, Alemania e Italia han propiciado este aumento en la cuota de mercados. Esta colaboración se centra, sobre todo, en la producción de aeronaves, como el avión de combate europeo EF-2000 y de los aviones de transporte A400M y C295.
Entre 2013 y 2014, Emiratos Árabes Unidos ha comprado a España material de defensa por valor de 727 millones, especialmente aeronaves y bombas de aviación. Arabia Saudí, por su parte, ha invertido 699,3 millones en aviones, repuestos y munición.
India se mantiene como el principal comprador en los dos últimos años.
Cuando Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio, compareció ante el Congreso de los Diputados en el pasado mes de junio, apuntó que "en todas las operaciones" se exigen "documentos de control" sobre el destino o empleo final del material. Según la legislación española (ley 53/2007), se denegarán las solicitudes de artículos de defensa a aquellos agentes sospechosos de promover acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional.
La Secretaría de Estado de Comercio analiza cada una de estas solicitudes no sólo por el país de procedencia, sino también por el agente que la tramita. Como ejemplo, en 2014 se vendió material a Egipto por valor de 182 millones de euros: la mayoría de esta mercancía tenía como destinatario a las Fuerzas Armadas del país. Sin embargo, se denegaron cuatro licencias de exportación de botes lacrimógenos a la república árabe debido "al riesgo de uso indebido del producto" y "a la situación de debilidad interna".
Sin embargo, instituciones como el Centro Delàs de Estudios por la Paz critican que estas prohibiciones obedezcan a "momentos mediáticos" y que, "en uno o dos meses", se levanta el embargo a los países afectados: "El caso de Egipto es paradigmático -señala Jordi Calvo, miembro de la organización-. Cuando las revueltas estaban bajo el foco, se fortalecieron los controles en la venta de material a este país. Después se volvió exactamente al mismo punto que había antes de las revueltas".
En los informes relativos a 2012, 2013 y 2014 figuran, además, varias denegaciones de exportación de material a países como Guinea Bissau (cartuchos de caza), Taiwán (vehículos aéreos no tripulados y espoletas para granadas de montero), Egipto (siete pistolas), Libia (avión de transporte militar), Bahréin (gafas de visión nocturna, un sistema de observación y sistemas de tiro para torretas móviles) y Costa Rica (pistolas y revólveres de diferentes calibres).
Pero para asociaciones como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Greenpeace y Fundipau (Fundació per la Pau), estos controles "son insuficientes": "Debería reforzarse el sistema de exportación no sólo con más funcionarios o controles previos, sino con un análisis más minucioso y un seguimiento post envío", considera Alberto Estévez, que actúa como portavoz de estas cuatro organizaciones en materia de venta y tráfico de armamento.
Evolución de las exportaciones españolas en el mercado de material de defensa.
¿Vende España armas a países en conflicto?
Atendiendo a los informes publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, en los últimos diez años España ha vendido material de doble uso a Siria por valor de 535.460 euros. Concretamente, en 2007 se concedió una licencia por valor de 7.368 para la exportación de rodamientos, crisoles y máquinas-herramienta; en 2008, se vendieron al Gobierno de Bashar Al Asad material y maquinaria destinados a la producción de cereales por valor de 28,092 euros; en 2009 se asumió la partida más importante, basada en la venta de un liofilizador -aparato empleado para deshidratación de elementos- por medio millón de euros.
En todos estos casos, la entidad pública española señaló que estos materiales de doble uso -a los que también se les puede dar una salida militar- fueron acreditados con fines civiles, motivo por el que se accedió a su venta. Sin embargo, en esos mismos años figuran varias peticiones del Gobierno sirio a la industria española que finalmente fueron rechazadas "por riesgo de desvío" a "producción de armas de armas de destrucción masiva", o "por existencia de riesgo de que el equipo se desvíe dentro del país a un uso no autorizado".
Las negativas de la industria armamentística española, no obstante, no significan que Siria no haya logrado de nuestro país material susceptible de ser empleado con fines bélicos. En los últimos años, las Fuerzas de Seguridad del Estado han consumado varias operaciones contra empresas españolas que exportaban de forma fraudulenta material de doble uso a países sobre los que existe un embargo internacional; entre ellos, Siria, India y, sobre todo, Irán.
Controles sobre países compradores
Además, organizaciones humanitarias lamentan que no se haga un control más estricto a aquellos países "susceptibles" de derivar el material de Defensa a otros agentes que vulneren Derechos Humanos: "Manejamos informes con indicios de que Arabia Saudí -uno de los principales compradores a España de material de defensa y de doble uso en los últimos años- ha canalizado armas y apoyo a grupos de oposición a Siria", detalla Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Greenpeace y Fundipau. "En estos casos -añade-, es importante establecer controles sobre los países compradores para determinar a dónde van a parar las armas".
Como ejemplo, Estévez destaca el envío de 2.000 cajas con medio millón de cartuchos a una armería de Camerún que, en parte, terminó desviada a milicias de República Centroafricana. "Cuando preguntamos al Gobierno sobre este asunto -cuenta-, nos dicen que no es su problema, que es un tema que corresponde a Camerún. Es por eso que pedimos que los agregados de Defensa de las embajadas hagan un seguimiento a estos envíos. Lamentablemente, nos dicen que ni en Camerún ni en República Centroafricana hay agregados".
Además, Jordi Calvo, miembro del Centro Delàs de Estudios por la Paz, critica la ambigüedad de la Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 en la que se limita el acceso a la información que suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa o los intereses económicos y comerciales, entre otros: "Hay muchas cosas que caben dentro de los llamados secretos de Estado, que en España no tienen fecha de caducidad -apunta-. Si vemos un montón de incongruencias en la información que se hace pública, lo que no aparece debe ser escandaloso".
Por su parte, fuentes diplomáticas consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que se llevan a cabo todos los controles posibles sobre los compradores de material. "Prueba de ello son las diferentes denegaciones que se registran año tras año", apuntan. Estas mismas fuentes señalan que, en la mayoría de casos, es "inabarcable" hacer un seguimiento de las armas procedentes de España: "En muchas de nuestras embajadas en el extranjero no hay agregados de Defens".