El mensaje del Rey Felipe este martes dirigido a la Nación tiene un gran alcance histórico y supone un hecho relevante y fundamental ante los graves acontecimientos que el separatismo está provocando en Cataluña. Con un discurso absolutamente inequívoco y sin equidistancias ni ambigüedades, Felipe VI dejó claro al Gobierno de Mariano Rajoy, a las instituciones del Estado, a los partidos políticos constitucionalistas y a los Tribunales de Justicia que el desafío independentista es una cuestión central y que todo el Estado está y debe estar implicado en las soluciones y en aplicar la Constitución y las leyes con todas las consecuencias. Poner punto final al golpe del separatismo en Cataluña no es una cuestión del Gobierno o del PP, sino de todo el Estado, sus partidos y sus instituciones, y la Monarquía desde luego va a estar inequívocamente en el lado correcto, como demostró en el Rey en este mensaje clave y llamado a pasar a la Historia.

Es evidente que este mensaje va a tener profundas consecuencias y obliga a todo el mundo a situarse de forma clara y rotunda ante este enorme desafío y ahí no caben posiciones ambiguas por parte de nadie en el ámbito de los partidos políticos, con especial relevancia en los casos del PP, el PSOE y Ciudadanos, los tres únicos partidos en España declaradamente constitucionalistas que ahora tendrán que tomar posiciones frente a los dirigentes secesionistas de la Generalitat. Tomar posiciones y actuar en consecuencia.

Independientemente de la evolución de los acontecimientos en España, el discurso del Rey, por su profundidad, tiene una evidente perspectiva castellano-manchega derivada de la complicada existencia de un Gobierno regional bipartito en el que una de las partes, la de Podemos, es abiertamente contraria al sentido del mensaje de Felipe VI y a todo lo que significa, cuestionando la Constitución, la legalidad vigente y la actuación del Estado y el Gobierno central en Cataluña, pero nunca a la Generalitat que está fuera de la ley. El sentido del discurso real debilita la posición del Ejecutivo castellano-manchego porque sitúa al PSOE en el difícil equilibrio de mantener dentro de su Gobierno a un partido radical y antimonárquico que está atizando la división y la ilegalidad y cuestionando al Estado en un asunto tan crucial como la unidad de España, algo incompatible con formar parte de la estructura de poder en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Podemos no puede estar a la vez en dos sitios antagónicos y su presencia en el Gobierno de Castilla-La Mancha es cada día más una circunstancia sin sentido.