El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado en 2017 un total de 82.452 actuaciones inspectoras en materia de consumo y en un 5,1 por ciento de ellas ha habido algún tipo de práctica irregular o infracción. Respecto al control de calidad, la Dirección General de Salud Pública y Consumo ha tomado 146 tomas de muestras, correspondientes a campañas regionales y nacionales, entre las que destacan los productos alimenticios, los juguetes, los cosméticos y productos de higiene personal o las herramientas y productos de bricolaje.

De las muestras analizadas, una quinta parte presentaron alguna determinación analítica no conforme con la normativa vigente, ha informado el Gobierno regional en un comunicado. En cuanto a la seguridad de los productos, se han gestionado 2.216 notificaciones de alertas de las que sólo nueve han tenido origen en los productos de la región, lo que supone el 1,6 por ciento a nivel nacional. Y sobre las acciones de identificación y localización de productos notificados por la red de alerta europea Rasff se ha derivado la intervención de 27.268 unidades de producto.

Los servicios de inspección de la Dirección General de Salud Pública y Consumo y los inspectores locales de las oficinas municipales de información y consumo (OMIC) llevan a cabo durante todo el año "exhaustivos" controles de calidad y seguridad de los artículos que se comercializan y de los establecimientos de venta, y toman muestras para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Numerosas actuaciones

Estas actuaciones se complementan con la inmovilización cautelar y retirada de aquellos artículos que puedan presentar algún tipo de riesgo o hayan sido notificados en el sistema de intercambio de información de la red europea de alerta de productos peligrosos. Como complemento a estas actuaciones, las direcciones provinciales de sanidad atienden las reclamaciones y denuncias que cualquier persona consumidora desee plantear en relación a algún producto concreto.

Asimismo, la Dirección General de Salud Pública y Consumo ha suscrito cuatro convenios con distintas entidades, entre ellos con la Consejería de Bienestar Social en materia de vulnerabilidad y pobreza energética. En cuanto a la atención a consumidores y usuarios, el número de demandas registradas en las OMIC y los servicios de las direcciones provinciales ha alcanzado las 77.515, de las que 53.197 corresponden a consultas, 23.448 son reclamaciones, 220 denuncias y 650 quejas. Los sectores más demandados están relacionados con el ámbito de las telecomunicaciones, el suministro eléctrico, la banca y los servicios financieros, los seguros y el suministro de gas.

En cuanto a la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha, durante 2017 se han registrado 414 solicitudes de arbitraje, 369 expedientes admitidos a trámite y 395 laudos dictados, y el sector de las comunicaciones ha sido el de mayor volumen, con un 44,18 por ciento. Este sistema de resolución alternativa de litigios cuenta ya en Castilla-La Mancha con 12.200 empresas adheridas, según la información aportada por el Gobierno regional.

La Consejería de Sanidad está trabajando en el borrador de la ley sobre los derechos de los consumidores y en decretos sobre el Consejo Regional de Consumo.