César González Bueno, consejero delegado de ING en España y Portugal.

César González Bueno, consejero delegado de ING en España y Portugal. EFE

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La Fiscalía holandesa investiga el contrato de ING que demuestra la traición a los Dolset

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La Fiscalía de Holanda se ha reunido este martes con los abogados de la familia Pérez-Dolset y ha recibido la documentación que demuestra no sólo que ING firmó un contrato como asesor y coordinador exclusivo con Zed para la estructuración financiera de la compañía, sino que lo incumplió. 

El contrato, firmado en 2012, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, demuestra un punto que hasta el momento no había podido ser confirmado, dado que los papeles pasaron años en el limbo. Y es que ING firmó un contrato con Zed por el que cobró casi un millón de euros y por el que se comprometía a cumplir con la regulación financiera contra el blanqueo de capitales. Un punto que se probó incumplido desde el momento en que el banco, que opera en España con licencia neerlandesa, reconoció haber blanqueado una suma indeterminada de dinero.  

Durante la vigencia de dicho contrato se creó Zed+ en Holanda y se sumaron a esta nueva matriz tanto Vimpelcom como el resto de socios rusos. Desde la familia Pérez-Dolset afirman que ING puso como condición previa la entrada de los rusos para la firma del nuevo crédito sindicado que lideraban, por importe de 140 millones de euros. 

Para Zed, lo grave está en el hecho de que, desde 2012, ING falsificó su información sobre blanqueo de capitales y ocultó tanto a Zed como a las autoridades sus propias transacciones ilegales con Vimpelcom, de las que recientemente se declaró culpable. 

El contrato oculto

Para la Fiscalía, puede ser incluso más grave que este contrato haya permanecido oculto desde hace 18 meses y que ING se lo escamotease de entre el legajo de documentos que ING entregó a las autoridades durante las investigaciones previas a la declaración de culpabilidad.

Desde la defensa de los Dolset insisten en que la relación entre Vimpelcom e ING no nace en este acuerdo, sino que es previa a él. Desde 2009 hasta 2011, ING era conocedor del pago de sobornos para obtener licencias en mercados y participó en operaciones de blanqueo de capitales con esta misma compañía.

Esta relación y este interés de ING por ocultar los hechos delictivos que estaban teniendo lugar en el seno de Vimpelcom tuvo su reflejo en el cierre de la operación al llevar a cabo el proceso de investigación de cliente, el llamado know your customer (KYC).

Desde la defensa de los Dolset ponen énfasis en que al estructurar socialmente la nueva Zed+ se hizo otorgando a Vimpelcom poder suficiente como para bloquear la compañía y hacerse con el control paulatinamente.

Todo ello amparado por ING, quien finalmente forzaría el concurso de acreedores asfixiando a la compañía hasta su insolvencia.

Los abogados de los Dolset consideran que se cumplen varios tipos delictivos en el proceso y deben perseguirse dos delitos, de estafa y de corrupción en los negocios. También aplicaría el de bancarrota, o causación dolosa de insolvencia, de no ser porque es un artículo fruto de la reforma del código penal de 2015, posterior al hecho delictivo.

Asesoramiento falso

“Es sorprendente que este contrato no haya aparecido hasta ahora y lleve desaparecido 18 meses. Creo que refleja claramente como ING nos proporcionó un asesoramiento falso en beneficio de sus clientes rusos y ocultando la realidad de la corrupción que desarrollaba con ellos. No tenemos todavía una posición jurídica de que es lo que vamos a hacer ahora tras esta nueva evidencia ya que nuestros abogados solo lo recibieron ayer. Lo decidiremos en los próximos días”, señaló Dolset.

“Me queda muy claro que alejarnos de la documentación de estas corrupciones ha sido uno de los motivos principales para la aparición de la documentación falsa en nuestra contra. Esto es lo que ocurre cuando denuncias las redes masivas de corrupción en Europa”, señaló el empresario.

Dolset ingresó en prisión provisional y sufrió graves daños reputacionales por una supuesta desviación de fondos que no sólo no se ha demostrado, sino que tenía como base documentos falsificados sobre presuntos ingresos en bancos en Panamá que, en algún caso, ni siquiera existían. Dichos documentos fueron entregados a la Fiscalía por Planeta, socio de los rusos.