Manos Limpias, en representación de la empresa italiana SEL – Sport & Events Logistics SRL, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, y contra otros directivos de la compañía que gestiona los derechos del campeonato del mundo de MotoGP por delitos contra la Hacienda Pública, según publica este miércoles el diario italiano La Repubblica.
En la querella interpuesta se solicita el ingreso en prisión de forma provisional de Ezpeleta “dada la gravedad de los hechos que se le imputan y al existir riesgo de fuga”. El colectivo de funcionarios públicos ha pedido estas medidas provisionales porque considera que el CEO de Dorna, que se encuentra en Argentina donde se disputa la segunda cita del calendario mundialista de MotoGP, dispone de capital fuera de España y porque se aprecia riesgo de destrucción de documentos. La Audiencia Nacional podría decidir en un plazo de dos semanas si admite o archiva la querella interpuesta.
La empresa italiana SEL – Sport & Events Logistics SRL, con sede en Turín y propiedad del grupo Arcese, se encargó del transporte de todo el material del campeonato del mundo de MotoGP desde 2009 hasta 2014. Pier Carlo Bottero, presidente de la compañía transalpina, explica en La Repubblica que su relación laboral con Dorna se vio interrumpida cuando él pidió información, sin éxito, sobre la compañía holandesa DWW “que parecía creada para eludir el IVA español”. “Me vi obligado a pedir formalmente referencias sobre la empresa con sede en Amsterdam, pero en realidad todo pasaba por las oficinas de Dorna en Barcelona y Madrid”, concluye Bottero.
Ezpeleta ya fue sancionado por otros delitos
El pasado 1 de marzo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo consideró probado que Dorna Sports, empresa que gestiona los derechos del Mundial de MotoGP, y sus directivos Carmelo Ezpeleta y Enrique Aldama, simularon en los años 2003 y 2004 una compraventa de acciones para obtener ventajas fiscales y realizar un reparto de dividendos encubierto, acciones que suponen una infracción grave a la Ley General Tributaria.
En base a ello, el TS impuso a ambos directivos de la empresa subsidiaria de Bridgepoint Capital CPP Investment Board la obligación de hacer frente a las liquidaciones del impuesto de sociedades e IRPF correspondientes a los dos ejercicios fiscales. Una cantidad que Hacienda ha calculado en 25,5 millones de euros con intereses de demora, aunque será calculada a la baja.
Además, el Supremo impuso una multa de 6,6 millones de euros a Ezpeleta y Aldama al mediar ocultación en la infracción. La decisión, plasmada en 12 sentencias, suponía que los socios de Dorna, con sus respectivas cónyuges en cada caso, debían pagar 3,9 millones de euros (Ezpeleta) y 2,7 millones (Aldama), en concepto de IRPF del año 2004.
Dorna emitió entonces un comunicado en el que informaba que sus abogados estudiaban el proceso a seguir. “Dorna quiere manifestar su discrepancia con el contenido del fallo relativo a la calificación jurídico-tributaria como simuladas de operaciones de recapitalización apalancada (leverage recapitalization) realizadas en los ejercicios 2003 y 2004. Dichas operaciones son normales y frecuentes en las economías de nuestro entorno y plenamente válidas desde el punto de vista mercantil. Su calificación como no simuladas es reconocida incluso por varios magistrados del Tribunal Supremo que han manifestado expresamente su discrepancia con el contenido de las sentencias formulando los oportunos votos particulares a las mismas”, rezaba el comunicado.