Una pareja de policías entrará en el aula para charlar con los chicos “lo que implica la piratería”. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los colegios, para “sensibilizar”. Era una de las promesas que lanzó hace año y medio Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, para crear “la primera generación antipiratería”. Año y medio después, ninguna pareja de la policía ha entrado aún en un aula y, tal y como informan desde la Secretaría de Estado de Cultura a este periódico. “Todavía no hemos empezado esta campaña. Los materiales educativos los está preparando la Coalición de Creadores. Están en ello”. Y no tienen plazo de inicio. “Cuando lo tengamos todo”.

“Estamos sin duda inmersos en una batalla en la que, salvo que ganemos, todos seremos perdedores”, dijo Benzo para justificar su plan de choque contra “piratería digital”. Esta medida de “sensibilización”, amparada por el Ministerio del Interior, pretende que los “jóvenes interioricen lo que supone y las consecuencias” de la vulneración de los derechos de los creadores.

Sin embargo, mientras el Gobierno busca piratas en las aulas, el juzgado de lo mercantil número uno de Madrid paró hace unos días una “apropiación indebida” de derechos de autor a escala millonaria. Sony debía pagar 27,29 céntimos por cada teléfono vendido y 27,29 céntimos por unidad de tarjetas de memoria, pero no lo hizo ni en 2009, ni en 2010, ni en 2011.

Apropiación indebida

La sentencia aclara que la multinacional no tenía ninguna excusa para no abonar la compensación por copia privada a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (AIE, AGEDi y SGAE). Y, a pesar de ello, “desobedeció de manera consciente y voluntaria el mandato del legislador”. Ahora tendrá que desembolsar 6,2 millones de euros a favor de los autores.

Lo más grave en el fallo del juzgado puede leerse cuando afirma que la actuación del demandado “raya en la conducta tipificada en el artículo 253 del Código Penal” como apropiación indebida. Es decir, robo. Para entendernos: los usuarios pagan el canon a Sony al comprar sus móviles y la empresa no entrega ese canon a sus propietarios. Simplemente, pasó a formar parte del balance favorable de sus cuentas esos tres años (antes de que el PP eliminara el antiguo canon, en 2012).

El juzgado explica a Sony -y al resto de empresas de la tecnología que actúan de la misma manera-, que si no está de acuerdo con el pago, lo que deben hacer es liquidar a las entidades de gestión y, luego, “si considera que existía alguna infracción legal, iniciar el pleito correspondiente para solicitar el reintegro de aquellas cuyo pago no fuera debido”.

Los autores, al final

¿El delito, con sentencia en primera instancia, contra Sony es una práctica habitual o es un caso aislado? El propio ministro de Educación, Cultura y Deporte reconoció hace unos días, en el Congreso de los Diputados, que el sistema de tarifas que creó el PP, en 2014, es un fracaso de tal calibre que las empresas que contratan contenidos (musicales, audiovisuales, etc) no los pagan. Entre ellas figuran Movistar, Telecinco, Atresmedia (Planeta, vaya paradoja) o la Asociación de las Radios.

La apropiación de contenidos es sencilla: como el protocolo creado por el PP ayuda a enfangar las negociaciones entre usuarios de contenidos y propietarios de los mismos, los pagos se quedan congelados. No se llega a un acuerdo, pero el servicio debe seguir dándose. En España el monopolio de la gestión de los derechos sigue siendo monopolio -por poco- y están obligados a dar servicio, aunque no se llegue a un acuerdo en el precio de lo contratado. Y así se ha generado unas cuentas pendientes millonarias, que están por resolverse, apuntan desde ADEPI, por lo mercantil o por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Un desastre de ley

Desde las entidades de gestión explican a este periódico que la ley “ha sido un desastre, porque no ha facilitado la relación mercantil”. “Se ha generado una situación de conflictividad extrema. Hay usuarios muy importantes que siguen explotando las licencias otorgadas, sin pagarlas”, nuestra fuente se refiere a operadoras de telecomunicaciones, cadenas de radio y de televisión. Llevan sin cobrar sus derechos desde 2016. “Simplemente se niegan a seguir negociando y como ellos no pueden quitar la licencia…” Tan mala es la orden que especifica el método mercantil, que el Tribunal Supremo acaba de tumbarla.

Méndez de Vigo y Montojo lo resumía en su intervención para salvar la chapuza de la trasposición de las directivas europeas a la Ley de Propiedad Intelectual de esta manera: “La actual fragmentación del mercado interior en estos servicios dificulta la difusión y también la remuneración de las obras musicales a los autores”.

La chapuza mayúscula

También reconoció -a su manera- que habían aprobado un real decreto-ley para evitar una multa de la Unión Europea de 123.928 euros diarios, como ya avanzó este periódico. Así que hay que volver a rehacer la ley entera, otra vez, seis años después de su aprobación, con dos de retraso y un mes más tarde con el nuevo decreto. Una obra impropia de la norma más importante para las industrias culturales. El ministro señala que es urgente la intervención en la transparencia de las sociedades de gestión de derechos, la entrada de operadores privados y un nuevo protocolo de negociación de las tarifas entre las entidades que representan a los titulares de los derechos y los clientes de sus contenidos. En 2015, las entidades recaudaron 356,5 millones de euros.

Méndez de Vigo avanzó que las condiciones de las tarifas deben ser “generales, simples, claras y razonables, y que atiendan al valor económico de la utilización de los derechos negociados, al uso de las obras y al valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión”. La cuenta atrás ha empezado, las gestoras tienen menos de diez días para negociar con la oposición la inclusión de una guía de negociación que acabe con la “apropiación” sin remuneración de los derechos de los autores.

Consenso (por narices)

Porque es la oposición la que lleva la voz cantante en esta nueva reforma de la reforma de la reforma de la Ley. Viendo la lluvia de críticas contra la gestión de la pareja Benzo-Méndez de Vigo arreció en el Congreso, el PP tendrá que asumir que “aun teniendo clara la importancia capital de esta materia, se ha tomado cuatro años para tramitar esta directiva que se podía haber tramitado desde 2014”, como le espetó Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos). “El límite para trasponerla venció el 10 de abril de 2016 y ustedes la llevaron al Consejo de Ministros el 13 de abril de 2018. Llegan dos años tarde”. Y esto obliga al consenso (por narices).

A Eduardo Maura (Podemos) tampoco le convencieron las excusas del ministro. Pidió máximo respeto al trabajo de los creadores y una construcción de normas y prácticas “que garanticen los derechos de los usuarios y la sostenibilidad de la vida y del trabajo cultural, o lo que es igual, debemos garantizar que dibujar, componer, diseñar, escribir, editar, distribuir, exhibir, colajear o archivar puedan ser actividades y/o profesiones de las que vivir dignamente”. Recordaba Maura la oportunidad que ofrece la sentencia del Supremo contra el método de pago de las empresas para “permitirnos abordar esta cuestión con más garantías y con mejores soluciones”.