El compi yogui de la reina Letizia (44 años), Javier López Madrid (49), ha dejado este lunes su asiento del consejo de OHL, la compañía propiedad de su suegro, Juan Miguel Villar Mir (86). Lo ha hecho aduciendo "motivos personales". Sin embargo, más allá de la explicación oficial, para entender la verdadera razón que ha movido al amigo íntimo de Felipe VI (49) a abandonar el máximo órgano de gestión de OHL hay que retroceder 18 días atrás, concretamente hasta el 20 de abril. Ese día, López Madrid fue detenido en el marco de la Operación Lezo por haber pagado un millón de euros en comisiones al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (56). 

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Javier López Madrid era, hasta este lunes, consejero de OHL, la empresa de su suegro. Gtres

Ese día, OHL envió un comunicado explicando que el hasta ahora consejero y no ostentaba ningún cargo de responsabilidad ejecutiva en la compañía y sus compañeros en el consejo comenzaron a hacer visible un malestar que venía de lejos, pues en el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas se establecen reglas que obligan a los consejeros a informar y dimitir en los casos que perjudiquen al crédito y reputación de la sociedad. "Y que si un consejero resultara procesado (...) el consejo decida si procede o no que el consejero continúe en su cargo". Pero la renuncia de López Madrid a su asiento en el consejo sólo ha sido el último de los charcos en el que se ha metido el íntimo del monarca español, con el que mantenía una amistad que duraba ya décadas.

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La relación de confianza, nacida entre los pupitres y cuadernos del colegio Los Rosales, comenzó a quebrarse en 2014. Ese año salió a la luz la polémica de las tarjetas black de Caja Madrid, en la que el nombre de López Madrid apareció como uno de los investigados. La reina Letizia quiso entonces apoyar a al amigo de su marido, con el que compartía afición al yoga. 

"Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y y a sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!)".

Los reyes Felipe y Letizia, durante un acto este lunes. Gtres

El mensaje enviado por Letizia y publicado en los medios desató entonces una tormenta que terminaría por impactar de lleno en la amistad del empresario y el rey.

Pero el descalabro mediático, social y judicial de López Madrid no había hecho nada más que empezar. La dermatóloga Elisa Pinto le denunció poco después por acoso, amenazas y coacciones, llegando a afirmar que había sido apuñalada incluso por culpa del enfrentamiento que mantenía con el empresario. A día de hoy, el caso sigue en los tribunales más recrudecido que nunca.

La doctora Elisa Pinto durante su visita a la redacción de EL ESPAÑOL. Diego Sinova

A López Madrid, hasta aquel momento confidente y compañero de juergas de Felipe VI, aún le quedaría una mancha más que se suma a su ya de por sí extensa lista de escándalos judiciales: el pago de comisiones al Partido Popular y la presunta financiación del grupo de Madrid. Según desveló hace meses EL ESPAÑOL, el empresario hizo entregas de dinero con el objetivo de costear las obras de reforma de la primera planta de la sede del partido en la madrileña calle Génova.

Todas estas polémicas derivaron en dos drásticas decisiones: por un lado, López Madrid puso tierra de por medio y se trasladó a vivir a Londres, donde ejercía de presidente de Ferroglobe hasta hace sólo unas semanas. Por otro, la distancia física del empresario con el rey patrio se convirtió también en distancia emocional y su íntima amistad hizo aguas, sobre todo cuando la Guardia Civil detuvo al yerno de Villar Mir por una nueva hornada de comisiones, esta vez a Ignacio González y en el marco de la Operación Lezo para financiar un contrato millonario del tren de Navalcanero. 18 días ha tardado López Madrid en renunciar a uno de los puestos de gestión que aún le mantenían en OHL, la empresa que fundó el padre de su mujer, Silvia.

Detenido el empresario Javier López Madrid por el caso Canal