Fiscalía de Valladolid pide un conjunto de penas que suman 59 años de cárcel para seis personas que en 2018 fueron detenidas por la Guardia Civil en el marco de una operación antidroga desplegada en el bar Tribes de Laguna de Duero.

El juicio por estos hechos se celebrará a partir de este lunes, día 18 de enero, en la Audiencia Provincial, donde el principal encausado, Miguel Ángel E.M, titular del citado bar, se expone a la pena más elevada, un total de once años de privación de libertad, por un delito contra la salud pública cometido en establecimiento abierto al público, con la agravante de reincidencia, y otro de pertenencia a grupo criminal.

El banquillo lo ocuparán igualmente sus hijos Iván y Noelia, así como el novio de otra de sus hijas, Ángel D.M, y los también allegados Fulgencio P.B. y Álvaro F.D.S, para quienes la acusación pública, por idénticos delitos, solicita para cada uno un total de ocho años y, al igual que en el caso del presunto cabecilla, multas de 28.362 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La detención se enmarca en la operación antidroga desarrollada por el Instituto Armado y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2, el mismo que, además de los 'pinchazos telefónicos' realizados al hostelero procesado, autorizó la captación de imágenes del interior del bar y distintos registros desarrollados en el establecimiento, viviendas y locales de los investigados.

COCAÍNA, CRISTAL, MARIHUANA Y HACHÍS



Los registros, efectuados el 15 de mayo de 2018, se saldaron con una importante cantidad de dinero aprehendida (13.790 euros) así como de pequeñas cantidades de droga, entre cocaína, cristal, hachís, cogollos de marihuana y más de dos kilos de sustancias de corte.

También se ocuparon más de una quincena de teléfonos móviles, un cuaderno azul y una tarjeta de plástico con restos de sustancia, amén de diferentes útiles para, presuntamente, la distribución de la mercancía, como cuatro básculas de precisión, numerosos recortes circulares de plástico y alambre de jardinería de color verde, así como cuatro libretas con anotaciones entre las que figura un integrante del clan de los Monchines como supuesto destinatario de parte de la mercancía.

Las investigaciones de la Guardia Civil, a través de las escuchas telefónicas y el visionado de las imágenes dentro del bar, llevaron a la convicción de que el local era utilizado como enclave para la distribución de sustancias.

En esa actividad, el Instituto Armado sitúa al dueño del bar, ya condenado por idénticos hechos en 2005 a cuatro años y seis meses de cárcel, como cabecilla de una actividad en la que, supuestamente, contaba con la colaboración de sus dos hijos y de los otros tres encausados.