Los agentes medioambientales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado este miércoles ante las Cortes de Castilla y León para intentar, sin éxito, mantener un encuentro con el grupo parlamentario del Partido Popular.

El sindicato denuncia que su petición de reunión, solicitada el pasado 4 de diciembre, sigue sin respuesta a pesar de celebrarse hoy el último pleno ordinario del mandato.

La movilización tiene como objetivo reclamar al PP que no "retrase ni entorpezca" la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la comunidad.

El pasado 26 de noviembre, las Cortes de Castilla y León aprobaron la toma en consideración de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, registrada por el grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! en el mes de mayo, pasando a su tramitación y abriendo un periodo para la presentación de enmiendas que finaliza el próximo 23 de diciembre.

Desde la organización sindical han criticado con dureza la postura de los populares, señalando que son" el único grupo" que no apoya abiertamente al colectivo tras el impacto de los incendios del pasado verano.

CSIF insta a la Junta a convocar la ponencia de la ley inmediatamente después de que expire el plazo de presentación de enmiendas, fijado para el martes 23 de diciembre. De este modo, la norma podría salir adelante en esta legislatura a través de la Diputación Permanente, el órgano que rige las Cortes tras su disolución.

Asimismo, defiende que se trata de una "buena ley" que dota al cuerpo de mayor formación y una estructura "adecuada a las necesidades del servicio, además de cumplir con la normativa estatal básica de agentes forestales aprobada recientemente en noviembre".

Asimismo, han calificado de "chapucero e incoherente" el anterior Decreto-Ley propuesto por el Ejecutivo autonómico, el cual decayó en el Parlamento al no reconocer la figura de bombero forestal para quienes extinguen los fuegos en el monte ni solucionar las deficiencias del operativo. “Es inaudito que sigamos exactamente igual", critican.

Para CSIF, esta es la "última oportunidad" del Gobierno autonómico de actuar con responsabilidad antes de los comicios, agilizando una aprobación que consideran obligatoria por mandato estatal y esencial para la protección del medio ambiente en Castilla y León.