Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han denunciado, en la mañana de este jueves y a través de los diferentes sindicatos, las condiciones a las que la Junta tiene sometido al sector, sobre todo, en lo referente a la relación de puestos de trabajo, dado que, según ha manifestado la agente medioambiental en León y delegada sindical de CSIF, Sara Mateos, el Gobierno regional pretende modificar este documento donde se fijan las condiciones de los funcionarios "a través de una propuesta que elimina 70 plazas, cuando no hay efectivos". 

En este sentido, el agente medioambiental en El Bierzo y delegado sindical de CCOO CyL, Ricardo Fernández, ha anunciado movilizaciones ante las delegaciones territoriales de las diferentes provincias de la Comunidad durante el mes de noviembre, explicando que la primera está convocada para el día 17 del próximo mes, cuando tendrá lugar una asamblea y posteriormente una concentración ante la Junta "por el trato que se nos da".  

Además, según ha destacado Fernández, las direcciones de los diferentes sindicatos ya han enviado una carta al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a través de la cual le han solicitado una reunión urgente para tratar los problemas a los que se enfrentan estos trabajadores.

"Vamos a movilizarnos, pero también queremos negociar. No hemos conseguido nada yendo con nuestra buena fe, pero queremos que nos reciba el consejero para intentar llegar a un acuerdo. Sino, continuaremos con movilizaciones y llegaremos a dónde sea necesario, porque el cansancio del colectivo es muy grande", ha advertido. 

La delegada sindical de CSIF, también ha denunciado que actualmente no se pueden realizar servicios en pareja debido a la falta de efectivos y que, por tanto, están obligados a trabajar solos y desarmados. "No es razonable. Además, no nos van a compensar el trabajar en los municipios rurales más aislados y es algo sorprendente porque somos un servicio esencial en ese entorno", ha expresado. 

Asimismo, Mateos ha asegurado que actualmente no se están reconociendo las funciones de los agentes medioambientales y que, pese a ser "los únicos que gestionamos personas armadas", les mantienen en el nivel más bajo dentro de los funcionarios. 

Por todo ello, exige que la Junta reconsidere su postura con respecto a la relación de puestos de trabajo y que, además, escuche y atienda las peticiones de los sindicatos, pues, de lo contrario, la situación va a afectar, y mucho, a la sociedad. 

Por su parte, Esaú Escolar, agente medioambiental en Burgos y delegado sindical de APAMCyL-USCAL, ha centrado su intervención en denunciar que la Junta ha incumplido en su totalidad el Real Decreto publicado el año pasado por el Gobierno, a través del cual se aprobaban una serie de medidas urgentes que tenían que implantar todas las Comunidades de manera obligatoria, entre ellas, la de establecer un operativo de prevención y extinción de incendios durante todo el año. Una medida que, según han afirmado, la Junta se ha saltado al suspender todas las guardias. 

"A día de hoy, si hay un incendio en cualquier punto, no hay ningún personal de dirección para dirigir el poco operativo que se pueda mandar", ha añadido el delegado sindical de UGT y agente medioambiental en Salamanca, Francisco Comuñas. 

Escolar también ha aprovechado la ocasión para criticar la última actuación de la Administración regional en relación al contrato de teléfonos. Al parecer, ha cambiado de compañía contratando a una que "tiene un 30% menos de cobertura, sobre todo, en las zonas rurales y montañosas", lo que asegura que va a suponer grandes problemas de comunicación y una merma en la seguridad. 

"El ostracismo enfermizo de la Junta con este colectivo nos está cansando, estamos hartos, porque siempre procuran dejar al colectivo en el más absoluto obscurantismo, cuando somos los que más dispersos estamos en el medio rural", ha espetado. 

Finalmente, Comuñas se ha sumado a las palabras de sus compañeros afirmando que el colectivo lleva pidiendo una mejora de condiciones desde el año 2007, cuando se firmó un acuerdo de 10 puntos de mejora de condiciones, que fue incumplido por la Junta y, por tanto, judicializado por el colectivo. 

En él la administración se comprometía, entre otras cosas, a mejorar las oficinas comarcales, "nuestros centros de trabajo", dado que estas no cuentan con vestuarios, duchas, internet y, por si esto fuera poco, sufren goteras y humedades; así como a reorganizar el sistema de agentes medioambientales para poder hacer servicios en pareja. Pero, al parecer, nunca cumplió nada. 

Es más, pese a las diferentes reuniones que han mantenido con los sindicatos durante estos años, ellos siguen teniendo la sensación de que reunirse con la Junta es como "hablar con una pared".