La Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Aranda-Burgos tildó este sábado de “circo político” del Gobierno los actuales Presupuestos Generales del Estado para 2022. Según la organización, el Ejecutivo “busca de nuevo sacar un interés ante las posibles elecciones y no medidas efectivas para problemas graves que podían haberse solucionado”, tal y como informa ICAL.  

Mientras tanto, los integrantes de la plataforma anunciaron que siguen trabajando “arduamente y codo con codo” con un bufete de abogados con el fin buscar al “responsable directo” de lo que consideran “la desaparición de los más de diez millones de euros” supuestamente destinados al mantenimiento de la línea de ferrocarril, “sean agentes políticos o responsables técnicos”.  

La plataforma, que solicitó este año, como en los anteriores, una partida en los Presupuestos Generales del Estado, reveló que llamó a la puerta de los diferentes partidos políticos y mantuvo numerosas reuniones. Sin embargo, como resultado, obtuvieron “la mediocridad y la baja altura de miras, después de los importantes estudios que se han llevado a cabo durante estos años”, en palabras de su presidente, Jorge Núñez.  

Los defensores del ferrocarril burgalés lamentaron que “de nada sirvieron los dos avisos en forma de queja registrados ante la Comisión Europea”, algo que consideraron una “falta de atención” de sus representantes. Tampoco sirvió, prosiguen, la presentación de estudios independientes “de relevancia” que certifican “cientos de millones de euros de ahorro que no se consigue con infraestructuras de alta velocidad, a donde sí van a parar ingentes cantidades de dinero”.  

Presentación de enmiendas

La Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Aranda-Burgos explica que logró este año la presentación de seis enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado 2021-2022, una más que el año anterior. El resultado fue la denegación de las mismas, según Núñez, “sin justificaciones reales y creíbles por parte del Gobierno”.  

Todas ellas obtuvieron el voto en contra en un primer intento y solo una, la presentada por Compromís, llegó a una segunda votación a petición del propio partido y de la Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid- Aranda- Burgos. El resultado volvió a ser negativo con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, a favor de Ciudadanos y las abstenciones del PP.  

Por otro lado, la plataforma recordó que continúa a la espera de reuniones con los responsables políticos del PSOE en el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta que forman parte de ella organizaciones afectadas de Segovia, Burgos y Madrid. “La falta de las partidas prometidas por esta formación y la falta de trabajo conjunto de la oposición hacen que este recurso estratégico y necesario sea, a día de hoy, una sencilla especulación de votos y ahonde en la carestía de atención hacia la sociedad y el empresariado, eliminando la poca confianza hacia la política que acaba, como siempre, con los movimientos sociales de esta ninguneada Comunidad”, manifestó Núñez.  

La respuesta judicial

La plataforma entiende que la vía política “está agotada”, después de la “raquítica partida” prometida por la ministra de Transportes que contempla diez millones de euros para eliminar la bateadora que obtura la línea ferroviaria en el túnel de Somosierra desde 2011. Un dinero “escaso”, entienden, cuando la inversión necesaria “aconseja 300 millones de euros”.  

“Nos gustaría conocer quién está detrás de estas decisiones que se achacan a la falta de concreción en las necesidades reales de esta infraestructura, mientras se destinan cientos de millones a otros proyectos de líneas cerradas hace 35 años, sin la existencia de estudios económicos o plataformas que reivindiquen su apertura”, denunciaron desde la organización.  

“En nuestra línea no se ha movido ni una sola piedra en los últimos 25 años sin un estudio previo. A nuestro juicio se gobierna con valoraciones muy frugales y con poca planificación, algo que sin duda lo único que refleja es que la eterna politización solo nos ha conducido a la pobreza y el despilfarro de 50.000 millones en AVE”, concluyó Jorge Núñez.