El propietario del 'Venus de Nilo' de Valladolid, Juan Carlos A.S, ha achacado a una "venganza por una deuda" la denuncia que varias trabajadoras de su club de alterne presentaron en su día contra él y su pareja por tráfico de drogas y prostitución, delitos por los que se enfrentan cada uno a una posible condena de nueve años y medio de cárcel.

En su declaración ante la Audiencia de Valladolid, que ha celebrado este lunes la primera de las dos sesiones previstas de juicio, el hostelero y su pareja, la dominicana Albelis N, han negado de forma categórica haber traficado con cocaína en el local, sito en la calle Galatea, y han mantenido que los servicios sexuales que las chicas realizaban en el mismo lo ejercían éstas de forma totalmente voluntaria y sin imposición de ningún tipo de horario o condiciones vejatorias.

A este respecto, Juan Carlos, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que las chicas, quienes habían contactado con él para ofrecer su servicios, sabían de antemano las condiciones laborales impuestas, según las cuales de cada 'pase'--en referencia a cada contacto sexual fijado en unos 50 euros--, él se quedaba con 15 euros de la habitación y otros 5 por las sábanas, la toalla y el preservativo, mientras que ellas percibían los 30 restantes.

El hostelero ha mantenido que cubría también la manutención de las cinco o seis chicas que trabajaban en el club, algunas de las cuales vivía incluso en sus instalaciones, y ha asegurado que la tarifa por los servicios las ponían las propias trabajadoras. "Lo que trataran con el cliente era cosa de ellas, yo no me metía, tan solo que la tarifa por utilizar la habitación era de 15 euros. Ellas eran las que atornillaban al cliente, sin que yo les dijera nada. ¡Pues menudas son!", ha apuntado el encausado.

Juan Carlos ha precisado que el negocio lo llevaba él en persona y ha añadido que su pareja, con la que llevaba saliendo cinco años, se encontraba al margen y tan solo cubría su ausencia, haciéndose cargo de la barra y de las tareas de limpieza cuando se desplazaba a Madrid a visitar a sus hijos y su padre, que por aquellas fechas acababa de ser operado de un cáncer.

Dicha justificación es la que ha dado para desmentir que esos continuos viajes a la capital de España tuvieran como único cometido la compra de cocaína que luego en Valladolid, tal y como sostienen la dos extrabajadoras, distribuía entre la clientela del puticlub.

La detención del hostelero y su novia se produjo tras la denuncia de esas dos de las chicas y la realización de 'pinchazos' telefónicos en los que la policía observa el uso de una jerga típica del tráfico de drogas, si bien el acusado ha asegurado que en las distintas conversaciones grabadas a lo largo de los meses de junio y julio de 2019 no estaba negociando el aprovisionamiento de sustancias sino que hablaba de cuestiones vanales.

SOLO LES GUARDABA LA 'COCA'

Eso sí, Juan Carlos ha indicado que la droga la compraban las prostitutas para su propio consumo y que se abastecían a través de un gitano que acudía de vez en cuando al local.

"Yo no he vendido jamás, otra cosa es que ellas lo hicieran entre los clientes", ha asegurado Juan Carlos, quien únicamente ha confesado su papel de "intermediario" o "recadero" en cuanto a que las chichas le daban a él la droga para que se la guardara y que incluso las había ayudado en alguna ocasión a dividir la 'coca' en partes iguales.

Lo que sí ha dejado bien claro el titular del club es que el origen de la denuncia es una "venganza" de dos de las chicas, la brasileña María Elena y la rumana Mikaela, que antes de acudir a la policía le habían exigido el pago de la deuda que un cliente había contraído con ellas. "Me dijeron que me iban a arruinar la vida si no les pagaba los 700 euros que ese cliente había dejado, ya que le habían realizado un servicio y éste no les había pagado", ha mantenido Juan Carlos.

Al término de la declaración del hostelero y su pareja, quien ha corroborado su versión de los hechos, las dos extrabajadoras del club han testificado, la brasileña por videoconferencia y la rumana en persona, han venido a reconocer que interpusieron denuncia contra Juan Carlos por motivos económicos, no sólo por la referida deuda sino también por entender que el acusado había incluido las condiciones 'laborales' pactadas.

Ambas han declarado que ejercían voluntariamente la prostitución y que se movían con absoluta libertad, sin recibir ningún tipo de maltrato, pero sí se han quejado de los excesivos honorarios que se cobraba el procesado y de las malas condiciones en las que tenían que ofrecer sexo a los clientes, ya que, además de las dependencias para su alojamiento, sólo había una habitación de 'trabajo' para todas las chicas.

María Elena, quien se ha reconocido consumidora de cocaína, también ha acusado al hostelero de aprovisionarse de droga en Madrid y de distribuirla luego, junto con su pareja, en el club de alterne. "Los clientes eran habituales y sabían que allí se vendía droga", ha sentenciado la brasileña, aunque ha puntualizado que ella nunca vio personalmente un pase de sustancia.

La otra denuciante, Mikaela, ha mantenido incluso que en alguna ocasión vio a Juan Carlos haciendo "pollos"--como se llama a los envoltorios de droga--con la droga que traía desde Madrid y que, según ha precisado, ocultaba en el almacén.

El juicio prosigue mañana. Fiscalía, con carácter provisional, solicita nueve años y medio de cárcel para ambos encausados por un delito de tráfico de drogas y otro relativo a la prostitución. También pide el pago de multas por importe de 1.400 euros y en el caso del varón, a mayores, su inhabilitación por espacio de cinco años para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la hostelería