La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zamora, Teresa Peral, ha advertido de un supuesto riesgo de "ocupación ilegal" ante la posibilidad de que la Junta de Castilla y León ceda el uso de la Residencia de Los Tres Árboles a Asprosub, cuando concluyan las obras de la nueva residencia de mayores del Alto de los Curas.
Cabe recordar que el INSS es la propietaria del inmueble, ahora cedido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades como residencia de mayores, pero cuando ese uso finalice, Teresa Peral ha advertido que se tomarán "todas las acciones necesarias" para recuperar el espacio.
Una controversia generada tras las declaraciones de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que el pasado 16 de enero anunció que Asprosub asumiría la atención a personas mayores con discapacidad en Los Tres Árboles mediante un modelo de gestión indirecta.
Según explicó entonces la zamorana, la decisión responde a la necesidad de nuevos espacios trasladada por la entidad y, a su juicio, el servicio "se ajusta totalmente al acuerdo de transferencias".
Pero Teresa Peral ha rechazado de forma tajante ese planteamiento y ha enmarcado el conflicto en un problema más amplio entre ambas administraciones.
Según ha detallado, la Tesorería General de la Seguridad Social mantiene "problemas" similares con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en otras provincias, por lo que, a su entender, no se trata de un caso aislado, sino de "un patrón de conducta" de la Consejería de Familia.
La responsable del INSS ha subrayado que la residencia de Los Tres Árboles es "patrimonio de la Seguridad Social" y que su titularidad corresponde a la Tesorería General, "no a la Junta de Castilla y León".
En ese contexto, ha afirmado que la intención de ceder el inmueble a un tercero "carece de sentido", al considerar que "no se puede ceder algo que no es propio".
Peral ha ido más allá al advertir expresamente de las consecuencias legales de una actuación unilateral. De hecho, ha señalado que una cesión sin autorización podría aproximarse a la figura de la "ocupación ilegal".
Además, ha asegurado que la Tesorería ejercería "todas las acciones necesarias para la recuperación del inmueble" frente a cualquier entidad que intentara utilizarlo sin consentimiento, citando de forma expresa a Asprosub.
En su intervención, la directora general del INSS en Zamora ha insistido en que todas las administraciones están sometidas "al imperio de la ley" y que fomentar actuaciones fuera del procedimiento administrativo resulta "sencillamente inaceptable".
Y ha defendido que la Tesorería cumple "escrupulosamente" la normativa y que mantendrá esa línea para proteger el patrimonio público, al que ha definido como una obligación institucional.
Peral también ha apelado al "sentido común" y a la "lealtad institucional", recordando que "con la Seguridad Social no se juega", una frase que, según dijo, ha calado en la sociedad y en las propias instituciones.
En esa misma línea, ha reiterado que cualquier decisión sobre el uso futuro del inmueble debe contar con la autorización "preceptiva" de su propietario.
En el plano administrativo, ha explicado que en octubre de 2024 se remitió un requerimiento a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que no ha obtenido respuesta.
Ha precisado que, llegado el caso, cualquier valoración sobre el destino del edificio debería abordarse no solo desde la dirección provincial, sino también desde la Subdirección General de Patrimonio, que coordina este tipo de procesos.
Preguntada por la posibilidad de que Asprosub pueda utilizar finalmente el inmueble, Peral ha matizado que se trata de una cuestión "de fondo y de forma".
Y ha indicado que primero debe analizarse si el edificio resulta necesario para la propia Seguridad Social y, solo si no lo fuera, estudiar otras fórmulas de uso, siempre con el protagonismo y la iniciativa del titular.
Estudiar acciones legales
Por otro lado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado en un comunicado remitido a EL ESPAÑOL de Castilla y León que la Junta sostiene que siempre ha considerado esta solución "la mejor para los zamoranos".
El Gobierno autonómico ha estudiado el convenio, concluyendo que la gestión indirecta planteada es "compatible con lo firmado y ajustado a convenio".
Así que, ante la "gravedad" de las acusaciones, la Consejería ha pedido que se formulen por escrito para remitirlas a los servicios jurídicos de la Junta y estudiar acciones legales.
Y es que en su intervención del 16 de enero, Isabel Blanco ya recordaba que el convenio establecía que el inmueble debía destinarse al "uso de hogar y centro residencial" para personas mayores.
En ese sentido, Blanco aseguraba que el hogar y el centro de día se mantendrán "tal y como estaba", continuando la prestación del servicio "al barrio", sin cambios en su uso actual, una afirmación que choca frontalmente con la posición expresada por la Tesorería General de la Seguridad Social.