Beatriz de Vicente es criminóloga, abogada penalista, letrada del turno de oficio y profesora universitaria. Y por si fuera poco, es una de las mayores divulgadoras del género true crime en España, contertulia habitual en Más Vale Tarde (La Sexta) y presentadora del podcast Bestias, donde analiza casos reales de criminología desde una perspectiva divulgativa y social.

Una mujer todoterreno que se ha metido en la mente de los peores criminales de nuestro país y, a la vez, defiende a las personas más vulnerables con su labor en el turno de oficio. Su interés por aquellos que más lo necesitan le ha llevado también a participar en la tercera mesa de trabajo del VII Congreso Internacional Silver Economy, organizado por la Diputación Provincial de Zamora y que se celebrará del 27 al 29 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión.

Su intervención versará sobre seguridad y protección jurídica de las personas mayores y con discapacidad, un tema que, en su opinión, está tremendamente invisibilizado, pese a ser una problemática muy extendida en nuestro país.

En una charla con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, ha desgranado los factores que hacen vulnerables a las personas mayores, los perfiles de agresores, los retos legales y sociales a los que se enfrentan. Además, ha compartido con este periódico algunos casos concretos que ilustran la gravedad de la situación.

P. ¿Dónde pueden surgir los factores que victimizan a las personas mayores?

R. Los factores victimógenos no son elementos aislados, sino circunstancias que hacen que determinados colectivos sean más vulnerables. Primero debemos entender qué es la tercera edad, qué es el edadismo (la discriminación por la edad) y la gerontofobia, que es la aversión hacia lo viejo. Estos conceptos explican por qué las personas mayores pueden ser víctimas de delitos como estafas, agresiones físicas o psicológicas, abandono, o delitos patrimoniales, y cómo factores situacionales como el estilo de vida, la brecha digital o la influencia del entorno aumentan su vulnerabilidad.

P. ¿Puede la profesionalización de los cuidadores ser un factor de protección?

R. Sí, es muy importante. La autoprotección individual es clave, por ejemplo, no abrir la puerta a desconocidos, no dar datos bancarios por teléfono, pero la profesionalización del sector geriátrico reduce riesgos desde la negligencia hasta el maltrato. La mayoría del personal es vocacional y cuidadoso, pero cuando hay falta de formación, sobrecarga de trabajo o personal “quemado”, se generan situaciones graves. Incluso he visto casos extremos como el Olot (Girona), donde un asistente geriátrico que asesinó a 11 ancianos de forma brutal, aunque esto es una excepción absoluta.

P. ¿Qué factores criminógenos existen en el entorno familiar?

R. Problemas de alcoholismo, drogodependencia y dificultades económicas son los principales factores que generan maltrato físico, psicológico y económico. La cercanía familiar complica la denuncia: sienten culpa, perdón, justifican los hechos o los minimizan. Hay casos de hijos con enfermedad mental o drogodependencia que provocan situaciones de extremo riesgo. Incluso la muerte, en contextos de maltrato prolongado, puede aparecer como liberadora.

P. ¿Y en residencias o centros geriátricos?

R. El problema suele ser la falta de personal cualificado y la sobrecarga de trabajo. He visto ancianos morir por abandono asistencial, como un caso en Madrid en agosto, donde un abuelito agonizó solo con una grave desatención intestinal. La combinación de abandono familiar, institucional y profesional es una bomba de relojería que afecta directamente a la seguridad de los mayores.

P. ¿Está el sistema judicial preparado para protegerlos de estafas o abusos?

R. Sí, el derecho penal tiene herramientas para protegerlos, pero el problema es el acceso. Hay una “cifra oscura” enorme: ni todo lo denunciado es real, ni todos los delitos se denuncian. Por ejemplo, el maltrato psicológico y silencioso es muy común y dañino, y muchos casos nunca llegan a los tribunales. Esto se ve en delitos intrafamiliares y económicos, donde el miedo, la soledad o la dependencia dificultan la denuncia.

P. ¿Qué papel juegan notarios y abogados en la prevención de abusos económicos?

R. Son fundamentales. Notarios y abogados especializados en herencias, incapacidades o derecho civil deben detectar señales de abuso económico. Un notario que permite una transmisión patrimonial aprovechando la vulnerabilidad de una persona mayor podría cometer un delito. Los penalistas, como yo, entramos cuando el daño ya ocurrió, pero los profesionales civiles pueden prevenir muchos abusos.

P. La digitalización, ¿ha incrementado la vulnerabilidad de los mayores?

R. Sí, la brecha digital es enorme. Muchos mayores nunca han trabajado con plataformas digitales y ahora se ven obligados a gestionar trámites por Internet. Esto facilita fraudes y estafas por teléfono o redes sociales. Las campañas de información son esenciales: los bancos nunca llaman para pedir datos y, aun así, muchos mayores caen en engaños por falta de formación digital.

P. ¿Cómo garantizar un consentimiento informado y seguro?

R. Existen leyes europeas de pagos que regulan el consentimiento, pero su aplicación en España no siempre es sensible a la vulnerabilidad de los mayores. Sería necesario un margen mayor de protección y reparación frente a estafas, adaptando las medidas a este colectivo.

P. ¿La diferencia cultural en el trato a los mayores influye en la forma en la que los tratamos?

R. En sociedades asiáticas o en clanes gitanos, los mayores son respetados y consultados; son considerados sabios y jefes de familia. En la sociedad general española, en cambio, los relegamos, los dejamos aparcados, y hay una visión paternalista que los hace invisibles. Esto alimenta la gerontofobia y la falta de protección social.

P. ¿Qué casos recientes pueden ilustrarnos sobre la gravedad del maltrato a mayores en España?

R. Mira, hay varios casos que realmente impactan. Por ejemplo, el policía de Ávila que hace poco mató a su madre; al parecer fue por problemas económicos y con el juego, pero lo terrible es que detrás ya había maltrato previo que nadie detectó. También hay muchos ancianos con hijos drogodependientes o con problemas de salud mental; en algunos casos, la propia abuela llama a la policía muerta de miedo porque el hijo está en brote psicótico y la agrede, y aun así muchas veces no denuncia, vuelve a casa y la situación se repite. Y luego están las estafas económicas masivas: llamadas, mensajes o engaños por Internet, con excusas como 'te lo hacemos más fácil, deme los datos de la cuenta'. Ahí la vulnerabilidad de las personas mayores es enorme y la exposición a delitos muy alta. Todos reflejan que el maltrato a la tercera edad puede ser físico, psicológico o patrimonial, y que la sociedad y las instituciones no siempre detectan estos abusos a tiempo.

P. ¿Se visibiliza suficientemente este maltrato?

R. La tercera edad es un colectivo completamente olvidado, invisibilizado tanto por políticas criminales como por políticas sociales. Incluso a los jóvenes se les instruye sobre violencia de género, acoso escolar o inmigración, pero no se les enseña respeto hacia las personas mayores, ni a evitar la gerontofobia o actitudes egoístas hacia quienes tienen 70 años o más. Hablamos del maltrato a las mujeres, pero olvidamos el abuso silencioso contra las personas mayores. Esto demuestra que, mientras se ha generado conciencia sobre otros tipos de violencia, los mayores siguen siendo víctimas de agresiones silenciosas y sostenidas, muchas veces difíciles de detectar y de denunciar, y que requieren atención social, legal y educativa urgente.

P. ¿Qué conclusión podemos extraer para proteger mejor a las personas mayores?

R. Es crucial combinar educación social, sensibilidad, profesionalización del cuidado geriátrico y concienciación legal. Debemos reconocer la experiencia, dignidad y derechos de los mayores, prevenir la gerontofobia y garantizar que tengan acceso efectivo a la justicia y a mecanismos de protección. La invisibilidad de este colectivo es una cuenta pendiente de nuestra sociedad.