El jurado popular de la Audiencia Provincial de Zamora ha declarado culpables de asesinato a Ana Cristina y a su pareja, conocida como 'Mariñeiro' por la muerte de Jaime Gomes, un ciudadano portugués de 70 años cuyo cuerpo apareció en el Lago de Sanabria el 27 de diciembre de 2019.

Por otro lado, el tercer acusado, apodado 'El Chico', ha sido absuelto de ser cómplice de la muerte violenta de este vecino de Verín y será puesto en libertad en las próximas horas.

El juicio con jurado comenzó el pasado 17 de octubre y ha concluido el martes 28 de octubre, con la lectura del veredicto al que ha llegado el jurado popular.

La Fiscalía pide 25 años de prisión para los dos autores materiales del asesinato. Mientras que el abogado de la acusación solicita prisión permanente revisable para los dos acusados y la defensa pide su absolución. Será la jueza quien decida la pena para Ana Cristina y el 'Mariñeiro' en las próximas semanas, que incluirá una indemnización de 200.000 euros para la hija de la víctima. 

Un asesinato del que se ha demostrado que se produjo por un móvil económico, ya que los procesados planearon el crimen para quedarse con las dos pensiones que Jaime cobraba, una en Reino Unido y otra en Portugal, que sumaban cerca de 43.000 euros anuales.

Un macabro hallazgo en el Lago de Sanabria

El cuerpo de Jaime Gomes fue hallado en 2019 boca abajo, semisumergido en el río Tera, a los pies del Lago de Sanabria, dentro de una gran bolsa negra de basura atada con cuerda a la altura del pecho.

La cabeza estaba completamente precintada con cinta aislante ancha que cubría los ojos, la nariz y la boca, dejando solo una mínima abertura en el labio superior, lo que pudo propiciar la entrada de agua en sus pulmones.

En el interior de la bolsa se hallaron también dos sacos de cal viva, colocados como contrapeso para evitar que el cuerpo flotara y con la intención de desintegrar el cuerpo dificultando su identificación.

Varios de los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora que testificaron en el juicio explicaron que el hombre fue arrojado al agua aún con vida, lo que provocó su ahogamiento. Todos ellos han coincidido en afirmar que Jaime no tuvo posibilidad alguna de defenderse.

Precisamente ha sido esa cinta adhesiva que envolvía la cabeza de la víctima una de las evidencias clave para resolver el caso. Los agentes encontraron las huellas dactilares de Ana Cristina y de su pareja, tras el hallazgo del cadáver. Estas habían quedado protegidas bajo las vueltas del precinto y a salvo del agua tras arrojarlo al Tera. Una prueba que ha sido crucial en la decisión del jurado.

Este ha considerado probado que la mujer y su novio fueron los autores materiales del asesinato, si bien, no han tenido tan claro que la implicación del 'Chico', pese a que fue quien compró la cal viva en una tienda agrícola próxima a su explotación y que apareció en su vivienda. La absolución de este último se ha decidido por un solo voto, que le ha puesto en libertad sin consecuencias penales.

Un viaje sin retorno y una investigación de cinco años

La última vez que se vio con vida a Jaime fue el 20 de diciembre de 2019, durante la celebración del cumpleaños de Ana Cristina en un bar de Verín (Portugal). Según testigos del establecimiento, la mujer lanzó un servilletero metálico a la cabeza de la víctima, causándole una herida durante una discusión. Esa misma noche, los acusados abandonaron el local y nadie volvió a ver a Jaime.

Días después, Ana Cristina y 'Mariñeiro' se desplazaron desde Chaves hasta Puebla de Sanabria en un Renault Laguna propiedad de ella, que vendería posteriormente el 30 de diciembre. Allí, en el paraje conocido como Pozo Muerto, perpetraron el asesinato y arrojaron el cuerpo al río Tera.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Guardia Civil de Zamora en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal llevó a cabo una minuciosa investigación durante cinco años, que se vio ralentizada por las restricciones del covid.

Y es que el cuerpo carecía de documentación y solo se halló un paquete de tabaco de la marca Handelsgold. La identificación se logró en julio de 2020 gracias a muestras de ADN y a la colaboración de las autoridades británicas, ya que Jaime había residido en Reino Unido, cobraba allí una pensión y tenía antecedentes penales en dicho país.

Tras su identificación, la investigación se centró así en el entorno personal y social de la víctima en Verín (Ourense), donde residía y era conocido. Así dieron con Ana Cristina, quien era cuidadora de Jaime en Verín, y su compañero de piso, que compartían todos ellos una relación de amistad bastante estrecha.

De hecho, todos ellos vivían en dos domicilios que el fallecido tenía en Chaves y Vidago y compartían cuentas bancarias con uno de los sospechosos. Esto llevó a los investigadores a pensar que su asesinato estaba vinculado a un móvil económico, ya que aprovechándose de su amistad y de que convivían con él, querían hacerse con su doble pensión.

Las primeras órdenes de registro en dichos domicilios se emitieron en febrero de 2020, y durante la instrucción se obtuvieron grabaciones telefónicas en las que los procesados se incriminaban mutuamente.

En ellas, se llegaba a escuchar cómo Ana Cristina se mostraba preocupada porque dieran con el cuerpo de Jaime en el Lago de Sanabria y no de otro hombre, del que relataba que también había tirado a un embalse en Portugal años atrás. En estas mismas grabaciones, la mujer presumía de que nadie sería capaz de encontrar huellas o pruebas en su vehículo "porque se habían sentado muchos culos" en él.

Más adelante, los registros en las viviendas de Portugal, así como el análisis de dos vehículos de los sospechosos, permitieron confirmar la implicación de los tres acusados. Finalmente, fueron detenidos en Portugal y extraditados a España, ingresando en la prisión pontevedresa de A Lama.

La Fiscalía de Zamora, dirigida por Belén Fernández, ha recalcado a la salida de la Audiencia que "toda la instrucción ha sido importante desde el minuto uno" y que las pruebas "acreditan de manera indiscutible la culpabilidad" de los acusados. También ha alabado el "excelente" trabajo de la Guardia Civil en estos largos años de investigación.

Durante el juicio, que se ha prolongado durante diez días, han declarado trece guardias civiles y varios peritos. La Fiscalía y la acusación particular han coincidido en afirmar que "las pruebas eran contundentes para acreditar la culpabilidad de los acusados", como ha señalado el abogado de la familia de la víctima, Miguel Ángel Martín Anero.