El colectivo de asociaciones y organizaciones que denunció la supresión de las paradas del AVE en la estación de Otero de Sanabria, llevará su causa a los juzgados de Madrid y a la Audiencia Nacional.

Así lo han anunciado después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora haya rechazado admitir a trámite su querella.

Ya que la jueza decretó el "sobreseimiento provisional" del procedimiento, al considerar que "no es competente" para investigar los hechos denunciados por un criterio de competencia territorial.

El auto indica que los hechos no ocurrieron en la provincia de Zamora, ni los denunciados, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el presidente de Adif, Luis Marco de la Peña; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tengan sede o residencia en ella.

Según esta resolución, el procedimiento debe trasladarse al lugar donde se dictaron las decisiones presuntamente ilegales, es decir, Madrid.

Los denunciantes afirman, no obstante, que no se ha hecho pública ninguna resolución oficial sobre la supresión.

Unión del Pueblo Leonés (UPL), la asociación Viriatos de Zamora, la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora (AGRYGALZA) y el colectivo Terra SOS-tenible anuncian, por tanto, que presentarán en las próximas horas una nueva denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid y ante la Audiencia Nacional, al considerar que estos órganos sí podrían asumir la competencia por territorio y por la relevancia institucional de los hechos.

Los denunciantes consideran que la eliminación de paradas del AVE Madrid-Galicia en la estación de Otero, en vigor desde el pasado 9 de junio, constituye una vulneración grave del derecho de los ciudadanos del medio rural a acceder a servicios esenciales.

A su juicio, la decisión se ha adoptado sin procedimiento administrativo alguno, sin declaración de interés público ni justificación técnica conocida, y afecta especialmente a los vecinos de la comarca de Sanabria.

Según el texto de la denuncia, los hechos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal) y abandono ilegal de un servicio público esencial (artículo 409 del Código Penal).

Los colectivos argumentan que se trata de una línea ferroviaria declarada como Obligación de Servicio Público (OSP), por lo que cualquier modificación debería contar con una tramitación formal, motivación legal y criterios técnicos objetivos, requisitos que, aseguran, no se han cumplido.

Además, los denunciantes advierten de que la medida podría responder a "intereses políticos o territoriales" ajenos al interés general, y recuerdan que el Estado ya compensa económicamente los servicios ferroviarios deficitarios, por lo que la decisión no puede justificarse por motivos presupuestarios.

Con esta nueva acción judicial, las asociaciones reafirman su compromiso con la defensa del medio rural, el derecho a la movilidad y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

"Luchamos por mantener los servicios fundamentales en nuestro territorio", subrayan a través de un comunicado.