La Audiencia Provincial de Zamora ha comunicado a la Junta de Extremadura la existencia de un procedimiento penal contra Rafael, el profesor de música acusado de abusar sexualmente de cinco alumnas menores de edad entre 2008 y 2012, durante su etapa en el Conservatorio Profesional de Música 'Miguel Manzano' de Zamora.
La decisión del tribunal se produce tras la detención del acusado el pasado jueves, 30 de mayo, en la localidad extremeña de Almendralejo, donde residía y trabajaba desde hace más de tres años.
El arresto se realizó en cumplimiento de una orden de busca y captura emitida por la Audiencia de Zamora, después de que el acusado no se presentara al juicio previsto inicialmente para el 27 de mayo.
En el oficio remitido a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, la Audiencia informa de los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y por la Junta de Castilla y León, que está personada como acusación, con los delitos imputados y las penas solicitadas. De hecho, la Junta ya había adoptado "medidas en el ámbito administrativo" contra el acusado.
El tribunal señala que la finalidad del comunicado es que "por esa Consejería se adopten, en su caso, las medidas administrativas que considere convenientes", dado que el investigado, hasta su detención, estaba ejerciendo como docente en el Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo.
Según pudo corroborar El Español, impartía clases “con normalidad” e incluso participó en actividades académicas el fin de semana anterior a la vista.
El día antes del juicio, su abogada alegó problemas de salud del acusado para solicitar la suspensión, pero no aportó la documentación correspondiente ni facilitó su paradero.
Ante esta situación, la Sala dictó una orden de busca y captura por entender que el procesado estaba en paradero desconocido y acordó su detención.
Tras ser localizado y arrestado, el docente fue puesto a disposición judicial y, aunque se valoró la prisión provisional, finalmente se le impuso una medida cautelar que le obliga a comparecer semanalmente en los juzgados hasta que se celebre la vista oral, que ha sido fijada para el próximo 25 de junio.
La Fiscalía solicita una condena de doce años de prisión, tres por cada uno de los cinco casos por los que se le juzga, mientras que la acusación particular eleva la petición a dieciséis años.