La Diputación de Valladolid ha aprobado una proposición para "defender la autonomía municipal y suspender la tasa obligatoria de basuras impuestas por la Ley 7/2022" en el Pleno correspondiente al mes de octubre.
Ha contado con los votos a favor de PP y VOX y en contra de PSOE y VTLP. La proposición, presentada por el Grupo Provincial Popular, defendía que esta decisión de política nacional supone "un problema para millones de familias y decenas de negocios" que verán incrementado su recibo.
Por tanto, los populares aseguraban que querían buscar "soluciones" y que no debe ser a base de "tasazos y de crujir, estrujar, el bolsillo de los ciudadanos". El PP criticaba que es una "exageración" y que el Gobierno de España debe "defender la libertad de los ayuntamientos de decidir cómo se tiene que gestionar".
Criticaba el diputado Gómez Alonso durante su intervención que el Gobierno de España había tomado esta decisión de "obligar a los ayuntamientos" a aprobar una tasa y exigía que fuera la autonomía local quien pudiera decidir sobre ella.
Mario Fuentes (VOX) ha cuestionado que esta tasa de basuras es consecuencia de las políticas de PSOE y PP en Bruselas y defendía que el reciclaje "es un negocio" y que se deben crear políticas basadas en la "reutilización, que realmente salva al planeta".
Por su parte, Gómez (PSOE) ha asegurado que esta tasa es una cuestión de "educación y conciencia cívica" y que los ciudadanos deben ser "responsables" y ser conscientes de que "tienen que separar".
"Si no se recicla, si no se separa, cada tonelada va a costar 110 euros. Si se recicla, se rebaja en un 60%", añadía mientras exigía a la población que haga "las cosas bien" y a los políticos que "no miren para otro lado".
"No es una penalización, es una responsabilidad que los vecinos sepan lo que cuesta", finalizaba. Una proposición a la que los socialistas han presentado una enmienda que no ha sido aceptada por el Grupo Provincial Popular.
Otro de los asuntos que ha tensado el Pleno de la Diputación ha sido la situación de los trenes entre Valladolid y Madrid. Una proposición del Grupo Provincial Vox por la "resolución del caos ferroviario".
"La puntualidad del ferrocarril es clave. Hay que instar al Ministerio de Transportes a tomar las medidas necesarias para evitar retrasos y aumentar el número de plazas en trenes en las horas más demandadas", afirma.
Una situación con la que el PSOE no está de acuerdo y explicaba, apoyándose en datos, que un 68,2% de los trenes han llegado puntuales y que el Gobierno de España está "haciendo inversiones millonarias".
Unas cifras expuestas que al PP no le parece suficiente y añade que los ciudadanos viven con "incertidumbre y frustración" por las "averías mecánicas y fallos en las catenarias" que hay en los trenes. Mientras que la respuesta del Gobierno es "inexistente".
"Óscar Puente ha ignorado más de 100 solicitudes para dar explicación sobre el caos ferroviario. 100 veces que la respuesta ha brillado por su ausencia. Es llamativo que siendo de Valladolid, no haya atendido las necesidades de la provincia mientras otras regiones reciben inversiones y mejoras", afirma el PP.
En este sentido, durante la intervención de la proposición, han lamentado que el servicio ferroviario "se cae a pedazos" y han criticado la actitud "arrogante y despectiva" del ministro hacia la provincia.
"Cada vez que Valladolid pide algo responde con sarcasmo. Necesitamos soluciones reales, responsabilidades políticas. Valladolid no necesita ministros que se miren al espejo sino a su tierra", añaden los populares.
De este modo, Vox ha asegurado que la incertidumbre genera "miedo" y se acabará "perdiendo población" en el alfoz de Valladolid. Una proposición que ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE y VTLP.
Por otro lado, el Pleno de la Diputación de Valladolid ha votado a favor de la proposición presentada por el Grupo Provincial TLP titulada ‘Por un mayor compromiso con el pueblo Saharaui’.
Con esta, la institución provincial ha acordado reforzar el compromiso con el pueblo saharaui exigiendo al Gobierno de España que adopte una política exterior coherente con las resoluciones de las Naciones Unidas.
Además, se ha mostrado el apoyo a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que pretende reconocer la nacionalidad española a aquellas personas nacidas antes de 1996 en el Sahara Occidental bajo la soberanía de la administración española.
Estos acuerdos serán enviado al Gobierno de España, a la Delegación Saharaui para España y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.
Por otra parte, dentro de este acuerdo, se ha aprobado incrementar la partida presupuestaria destinada a subvencionar a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui para financiar el Programa Vacaciones en Paz con el fin de que se amplíe el número de familias de acogida, y por lo tanto de menores beneficiados.