Por fin tiene fecha. El 9 de marzo comenzará en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra la funeraria El Salvador, acusada de una presunta estafa masiva destapada por la Policía Nacional en la ‘Operación Ignis’.
La familia propietaria del grupo se enfrenta a penas que suman más de 80 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
Se calcula que más de 1.300 familias podrían estar afectadas por el presunto cambiazo de féretros en los crematorios del Grupo El Salvador. De ellas, más de 900 denuncias fueron canalizadas a través de la Policía Nacional y el resto directamente ante el juzgado.
La Sección Cuarta de la Audiencia ha fijado un total de 34 sesiones para el proceso, en las que comparecerán cerca de 250 testigos, en su mayoría afectados, además de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, funcionarios de Aduanas y peritos.
A partir del 20 de mayo será el turno de declaración de los 23 acusados, mientras que las conclusiones definitivas de las partes se celebrarán los días 3, 4, 8 y 9 de junio.
En lo que será otro macroproceso, como el que se está viviendo durante estos días con la trama eólica.
La Fiscalía solicita en conjunto cerca de 200 años de cárcel por un supuesto fraude que, según la investigación, se habría prolongado durante dos décadas, entre 1995 y 2015, y que consistía en sustituir ataúdes de alta gama por otros de menor coste en los servicios funerarios.
Las penas más elevadas se solicitan para María del Rosario V.L., viuda del empresario fundador, y para sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., para quienes el Ministerio Público pide 20 años de prisión cada uno.