El Sindicato de Vivienda de Valladolid alerta que "está muy normalizado" el acoso inmobiliario. Se produce cuando el propietario de una vivienda "quiere el piso porque normalmente pretende subir el alquiler y trata de echar al inquilino con cualquier método posible", explica su portavoz Elisa Millán.

Desde esta organización aseguran que reciben casos de este tipo de acoso, en los que el casero exige al inquilino salir de la vivienda sin que tenga derecho a ello. Denuncian prácticas como "poner a la comunidad en contra del inquilino, luego va a juicio y dice que los vecinos no le aguantan. Después descubres que los vecinos nunca han hablado con el inquilino".

En otros casos el acoso termina directamente en amenazas. Según Elisa Millán "también están los que llaman a alguna empresa de desocupación, que aseguran constantemente que todo lo que hacen es legal pero ya os decimos nosotros que, tratando de primera mano con ellos, no lo es. Amenazan con violencia física a los inquilinos, aporrean constantemente su casa, se quedan en el barrio para verles salir y entrar de casa".

Todo este infierno se produce por no atender a la demanda del propietario de abandonar la vivienda. Guillermo González, portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, explica que normalmente lo que quiere el dueño es "subir el alquiler o reformar el piso" sin que se haya cumplido la vigencia del contrato que tiene con el inquilino.

En estos casos la exigencia del propietario no es legal. Los contratos de alquiler por menos de 5 años deben ir realizando prórrogas anuales. Con un preaviso el casero puede no renovar el contrato. "El problema es que muchos caseros no se quieren esperar a esos 5 años porque es un periodo en el que fluctúa muchísimo el precio de la vivienda y se dan cuenta que en 2 años podrían poner un piso que hasta ahora están alquilando por 500 a 750 y se lo alquilarían".

Para vestir la petición de legalidad argumentan que "necesitan la vivienda para ellos mismos o para un familiar de primer grado. Sabemos que muchas veces no es real". El sindicato asesora que solo es válida esta condición si el propietario necesita la vivienda para sí mismo sin tener ninguna otra en propiedad o para un familiar que tampoco tenga ningún inmueble. Y precisa que, según la jurisprudencia, esa urgencia hay que acreditarla.

A los inquilinos que sufren acoso inmobiliario les aconsejan acudir al sindicato y denunciar cualquier coacción o amenazas. "Recomendaríamos no llamar a la policía porque a veces tampoco se enteran mucho y cuando va allí le dice: entrega las llaves" y ya es más difícil todo el proceso, subraya Elisa Millán.

Subidas de alquiler

Las subidas en el precio del alquiler pueden darse anualmente, cuando se revisa el contrato. Pero siempre dentro de unos límites que muchas veces no conocen ni el inquilino ni el propietario. Explica Guillermo González que "se puede revisar con límites, antiguamente eran respecto del IPC básicamente y ahora desde el año 2023 hay otro índice que es un índice de fluctuación de los precios del arrendamiento, creo que es un 2,7% el último año. Qué es lo que pasa, que muchos caseros de repente te solicitan una subida del 15%".

En el Sindicato de Vivienda de Valladolid las otras consultas que más atienden están referidas a la negativa de caseros a la devolución de fianzas una vez finalizado el contrato o a propietarios que se niegan a arreglar desperfectos en el inmueble. Hay muchos abusos porque "la otra parte no está informada", incide González.

Para esta organización la clave del problema de acceso a la vivienda que sufre España es que "es concebida como un bien de consumo y bien especulativo", explica Millán, "cuando es algo que todos necesitamos para subsistir y por tanto es un bien de primera necesidad".

Cuestionan las medidas basadas en ayudas que están aprobando tanto desde la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España. "Meter dinero a ayudas del alquiler o ayudas para la compra redunda al final en que todo este dinero fluctúe hacia los propietarios, que a fin y al cabo lo que están tratando de tener siempre es mayor y mayor cantidad de propiedad". Creen que este tipo de fórmulas termina en subidas de precios y en un sector más oligopolístico.

Vivienda pública

Aumentar la construcción de vivienda pública es una buena medida para mejorar el acceso a la vivienda. Sin embargo, desde el Sindicato de Vivienda de Valladolid critican cómo se construyen las viviendas públicas en nuestro país.

"No sé qué se hace, pero parece que se hace negocio entre ayuntamientos y constructoras", protesta Elisa Millán. "Vemos que se hacen viviendas de muy mala calidad. Tienen las paredes muy delgadas, no tienen aislamientos, tenemos muchas quejas de que se inundan los sótanos, tardan muchísimo en contestar, no las reforman. Apunta González que "si la administración gestiona la vivienda pública como si fuera un empresario tenemos la misma problemática".

De hecho, denuncian que también se produzcan desahucios en viviendas públicas, "no tienes tu vivienda en plenas condiciones ni te dan garantías de que no te vayan a desahuciar si te retrasas en el pago de dos mensualidades".

Añade Guillermo González, "en Valladolid no lo vemos tanto pero en Cataluña nuestros compañeros están lidiando semana tras semana con desahucios. Y es la propia Generalitat quien está desahuciando en Cataluña".

Advierte de una nueva oleada importante de desahucios en todo el país el próximo año porque "se tiene que disolver la Sareb y eso va a implicar depuración de viviendas que no sean rentables y que los inversores privados quieran a los inquilinos que hay fuera de las casas".

Ocupación

En Valladolid el problema de la ocupación ha vuelto a la actualidad con el caso de Arroyo de la Encomienda. Varios inmuebles de una misma comunidad han sido okupados ante las protestas de los vecinos. Unas viviendas que pertenecen al Sareb.

Para el Sindicato de Vivienda de Valladolid ha habido "mala praxis" de la banca con estas familias. Dicen que "muchos de ellos tienen contratos y cuando han querido pagar lo que hace el banco es desaparecer hasta acumular miles de euros en deudas". Las familias lo que no saben es que pueden hacer un depósito en el juzgado para evitar llegar a esta situación", precisa Elisa Millán.

Consideran la ocupación "algo anecdótico" y creen que es un problema mucho más grave que haya miles de casas vacías con la falta de vivienda que existe. Para la portavoz "castigar la ocupación es castigar la mendicidad, a gente que no tiene nada". Añade González que "no estamos en contra de la ocupación, pero hay que saber qué es la ocupación".

En este sentido critican la desinformación que llega a muchos ciudadanos sobre este problema. "Creen que me voy a ir un fin de semana y van a entrar en mi casa. Eso es allanamiento de morada, eso no es una ocupación. Eso está protegido por la Constitución y en cuestión de horas esas personas están fuera de tu casa. La ocupación no se puede dar respecto de una vivienda de primer uso de una persona. Hay que explicar la diferencia entre un allanamiento de morada que es un delito y una ocupación que es un vacío legal".