Motos compradas y nunca entregadas, reparaciones que nunca se completaron, y excusas cada vez más inverosímiles por parte del dueño del negocio. Lo que parecía un concesionario sin problemas en el paseo de Juan Carlos I, se ha convertido en el centro de un escándalo que afecta ya a al menos una veintena de personas.
Se trata de Motos Copa, negocio que se presentaba como distribuidor oficial de Suzuki y que en los últimos días ha bajado la persiana de manera repentina, dejando un reguero de denuncias por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida.
La alarma saltó cuando varios clientes acudieron al local para recoger sus vehículos, ya fueran de nueva compra o depositados para revisión, y se encontraron con la verja cerrada.
Muchos habían abonado ya importantes cantidades de dinero, pero no recibieron ni su moto ni explicaciones. Algunos, al contactar con fabricantes, descubrieron que los pedidos que el concesionario aseguraba haber tramitado nunca llegaron a cursarse.
El malestar y la incertidumbre hizo que los afectados comenzaran a interponer denuncias en la Comisaría de la Policía Nacional, que reconoce varios casos aunque no ofrece más detalles. Este medio ha intentado ponerse en contacto con el concesionario, pero su teléfono ya no está operativo.
De esta manera, el caso ya está en manos de la Policía, que ha detenido al mediodía de este lunes al propietario y lo trasladó a declarar. Fuentes policiales confirman a este medio la detención y que la investigación sigue abierta.
Además, fuentes cercanas aseguran que se mostró arrepentido y alegó su intención de “pagar a todos los afectados”, algo que las víctimas consideran inviable:
Tras ser informado de su imputación como presunto autor de un concurso de delitos contra el patrimonio, estafa, apropiación indebida y falsedad documental, procedieron a su traslado a dependencias de la Policía Nacional, donde fue escuchado en declaración.
El atestado ha sido remitido a la autoridad judicial y el hombre ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez, cuando sea requerido.
Ante la falta de respuestas oficiales, varios clientes se han organizado para vigilar las instalaciones y evitar que se retiren los vehículos que aún permanecen dentro. Kiliam Alviarez, uno de los afectados, lo relató así en su cuenta de Instagram.
Ha habido personas afectadas incluso en otras provincias, habiendo denunciado en dependencias de la Policía Nacional una persona en la Comisaría de Jerez de la Frontera, en Cádiz y otra víctima que denuncio en la Comisaría de Pontevedra por hechos similares.
Vigilancia 24 horas
“Estamos haciendo guardias porque hay motos retenidas que son propiedad de clientes. Si esperamos por las autoridades, lo vamos a perder todo. Anoche un compañero se quedó hasta las tres de la mañana. Es lamentable que tengamos que hacer el trabajo de la policía”.
En la misma línea, el usuario Valla_Moteros denunció públicamente en su cuenta de Youtube que dentro del concesionario todavía hay motocicletas y documentación sensible de los clientes, lo que aumenta el temor a que puedan ser utilizadas de manera fraudulenta.
“Estamos de guardia porque tenemos miedo de que se las lleven. Ya hemos acudido a comisaría, pero parece increíble que con denuncias presentadas esto se permita”.
Este afectado relata en un vídeo de YouTube cómo dejó su moto para revisión a mediados de agosto:
“A los 15 días me dijo que ya estaba lista, pero al probarla seguía con los mismos tirones. Después dejó de contestar llamadas, ni al fijo, ni al móvil, ni al WhatsApp. Incluso llegó a decirme que mi moto era en realidad de un amigo suyo que se iba de vacaciones. Una tomadura de pelo”.
El desconcierto ha dado paso a la indignación y a una llamada colectiva a denunciar para que la causa gane peso judicial.
Asesoramiento legal
El despacho DGD Abogados ya asesora a varios de los afectados, aunque por el momento aún no hay un encargo formal cerrado. Andrés Giganto, uno de los letrados implicados, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León la situación.
“Lo que sabemos es que el concesionario exigía siempre pagos en efectivo y entregaba recibos o incluso reconocimientos de deuda, pero luego incumplía sistemáticamente los plazos”, afirma.
Además asegura que “los afectados se han encontrado con el local cerrado y con los vehículos desapareciendo día a día. Todo apunta a que podría tratarse de un caso de estafa o apropiación indebida”.
Giganto advierte que, además del perjuicio económico directo, muchos de los afectados contrajeron préstamos para financiar la compra de sus motos, lo que agrava la situación.
“No solo es que no tengan la moto, es que además siguen pagando intereses de una financiación que ahora no tiene objeto”.
El abogado señala que el caso terminará en los juzgados y que se valorará si es necesario acudir también a la vía mercantil, solicitando un concurso de acreedores.
Aunque las cifras exactas aún no están claras, los primeros cálculos sitúan las pérdidas de cada cliente en torno a 3.700 a 4.000 euros por moto, sin contar accesorios ni reparaciones.
Con cerca de una veintena de afectados confirmados, la cuantía global podría superar con facilidad los 70.000 euros, a lo que habría que añadir los intereses de los créditos asociados y los gastos de defensa legal.
Por ahora, la incertidumbre se cierne sobre los clientes, que reclaman más presencia policial en el lugar para garantizar que no desaparezcan más bienes.