Miles de bomberos forestales y agentes medioambientales de toda España se han movilizado este miércoles en Valladolid para reivindicar que "el fuego no es un negocio", clamar contra la clase política estatal y autonómica de nuestro país y demandar dispositivos 100% públicos.

La movilización se ha iniciado a las puertas de la Delegación del Gobierno en Castilla y León y ha seguido hasta las Cortes marcada por los gritos, el humo, una hoguera improvisada, los petardos y los golpes de los batefuegos contra el suelo, además de gritos contra el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos-Suárez Quiñones.

Ataviados con banderas de Zamora, Extremadura o País Vasco, entre otras muchas, los trabajadores forestales han elegido Valladolid para esta convocatoria estatal porque el dispositivo de Castilla y León es uno de los "peores y más maltratados de todo el territorio nacional".

Así lo ha manifestado el responsable federal de los bomberos forestales de la Unión General de Trabajadores (UGT), Francisco Javier García, ante los medios de comunicación.

Al representante sindical le han acompañado el agente medioambiental en Salamanca y delegado de Medio Ambiente de UGT, Francisco Camuña, y los coordinadores estatales de bomberos forestales, y agentes forestales y medioambientales de CC.OO., Carlos Martín y Jorge Nieto, respectivamente.

Bajo el lema 'El fuego no es un negocio', los cerca de 3.000 asistentes, según la estimación de los convocantes, y los 2.000 contabilizados por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, se han manifestado contra la precariedad laboral y para reclamar la equiparación laboral y la profesionalización del colectivo.

Francisco Javier, de la UGT, ha reivindicado que hay que empezar "a visualizar que los incendios matan, la precariedad mata y la falta de inversión mata". En este sentido, ha denunciado que en lo que va de año se han registrado nueve víctimas mortales en nuestro país, siendo tres de ellas bomberos forestales y el resto personal voluntario no adscrito a los dispositivos.

De ellos, cinco han sido en Castilla y León, cuatro de ellos en la provincia leonesa y uno en Ávila. El responsable federal de bomberos forestales de la UGT ha recordado tras ello que todavía están pendientes de que se aplique la Ley básica de Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales porque hay comunidades autónomas y administraciones "que no han hecho absolutamente nada".

De esta manera, ha querido también poner en valor "un dispositivo público, de verdad, que no sea precario, que se le dé continuidad en el tiempo, profesionalizado y formado".

Asimismo, ha denunciado un tratamiento "muy diferente" al colectivo en cada comunidad autónoma, a las que les ha achacado "responsabilidades" ante la "desigualdad enorme" que existe, por ejemplo, con bomberos cobrando en torno a los 18.000 o 19.000 euros brutos anuales en una Comunidad y los 30.000 en otra haciendo las mismas labores.

Por otro lado, Jorge Nieto, coordinador estatal de agentes forestales y medioambientales de CC.OO., ha coincidido en la necesidad de demandar un dispositivo público 100%.

Ha recordado que el Gobierno de España tiene aún pendiente aplicar la Ley 4/2024 de Agentes Medioambientales en lo que respecta a los coeficientes reductores que los bomberos forestales ya tienen. "Esperamos que salga publicado en breve, pero desde aquí demandamos que sea ya", ha subrayado.

Igualmente, ha exigido unas directrices de Prevención de Riesgos Laborales mientras reivindican "la postura y el criterio de que todos los trabajos que podamos realizar, por seguridad, sean en pareja".

Al igual que García, el coordinador estatal de CC.OO. ha resaltado que Castilla y León es una de las comunidades con uno de los dispositivos "peores implementados a nivel nacional" y ha cargado contra las "soluciones" propuestas por Suárez-Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

"No son más que lo que ya había, es decir, están poniendo otro parche a un nuevo parche", ha lamentado el representante sindical.

Jorge Nieto ha vuelto a reclamar la dimisión del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y el consejero de Medio Ambiente, quienes después de 20 y 12 años en el cargo "hablan con cualquier estamento o administración distinta a los del sector de incendios".

"No han sido capaces de preguntar nada a los que nos involucramos en ello. Si no cuentan con esta gente no van a poder avanzar con este dispositivo", ha resaltado.

El coordinador estatal de bomberos forestales de CC.OO., Carlos Martín, ha abogado por "cambiar la realidad de los dispositivos de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales".

Ha destacado que "no se puede seguir improvisando" y poniendo el foco "cuando las emergencias se producen, cuando los incendios están llegando a las puertas de los pueblos, cuando ya amenazan los hogares y las vidas de las personas".

Martín ha reclamado que se mantengan las plantillas estables todo el año para que "cuando lleguen las situaciones de emergencia por incendios forestales se tengan hechos los trabajos previos, preventivos, que se deben realizar a lo largo de todo el año para que los incendios no se hagan tan grandes y destructivos".

En su opinión, esto "solo se puede hacer con dispositivos públicos sin que las empresas privadas puedan hacer negocio de los incendios forestales y con plantillas estables todo el año que estén actuando en estos planes de prevención".

También con el llamado fuego prescrito, que se trata de quemas controladas que sirvan "como vacuna a la hora de contener los grandes incendios forestales eliminando material" combustible.

"Este tipo de quema prescrita se tiene que hacer con personal bien formado, bien equipado y bien preparado. No puede ser que en los meses de septiembre y octubre gran parte del personal se va al paro", ha lamentado el responsable de CC.OO.

Entre sus reivindicaciones también está la regulación "adecuada" de la limitación de los tiempos de trabajo porque es una labor "especialmente penosa, tóxica y con gran esfuerzo físico".

Bajo esta idea, ha resaltado que "hay que tener claro que en la Prevención de Riesgos Laborales se debe desarrollar un reglamento específico en base a la ley", ya que "algunos siguen pensando, también en Castilla y León, que en la actuación en el pleno incendio no se le aplica la ley de prevención y eso no es cierto".

Ha apuntado seguidamente su postura contra que a los incendios acudan profesionales "con excesiva edad a exponerse en primera línea de fuego con todo el riesgo y el esfuerzo que supone".

Por último, ha pedido actualizar el cuadro nacional de enfermedades profesionales porque al tratarse de una categoría que se está implementando aún a raíz de la ley aprobada en noviembre, hay patologías que "todavía no están reconocidas".

Por último, Camuña, de la UGT, ha exigido a los políticos a nivel estatal que acaben con la precariedad laboral y se luche en favor de unos dispositivos que "puedan defender nuestros bosques y nuestras poblaciones".

Ha apostado por "cambiar y profesionalizar el operativo" y ha recordado que el decreto de guardia que regula al personal y dirección de incendios es de 2007, estando "totalmente obsoleto".

"Luego salen Mañueco, Quiñones o el director general presumiendo de que tienen un operativo del siglo XXI y adaptado para las mejores circunstancias. No es cierto, hay una precariedad laboral enorme", ha denunciado.

En este sentido, ha abogado por un "operativo no solo para incendios, sino que se utilice para todas las emergencias que haya en Castilla y León". "Al estilo de una UME pero en la Comunidad. No podemos permitir que nos sigan vacilando de esta manera", ha zanjado.