Este miércoles, 11 de junio, jueces y fiscales de todo el país han realizado un paro simbólico en las sedes judiciales de toda España con el fin de protestar por el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Una convocatoria organizada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
En Valladolid, el paro ha tenido lugar a las 12:00 horas durante más de diez minutos por entender que las reformas legislativas emprendidas por el Gobierno en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “suponen una amenaza a la independencia judicial”.
También aseguran que “supone otra amenaza a la autonomía del Ministerio Fiscal” sin que “se haya cumplido hasta la fecha la totalidad de las reformas y promesas plasmadas en los acuerdos poniendo fin al anuncio de huelga del año 2023”.
En el acto, que ha tenido lugar junto a la Audiencia de Valladolid, cerca de los juzgados de calle Angustias, se ha procedido a dar lectura de un manifiesto conjunto por parte de los representantes de las Asociaciones de Jueces y Fiscales que han convocado el paro para ampliar las razones sobre los motivos del paro.
Los portavoces de las cinco organizaciones que han participado en el acto han leído un comunicado en el que han pedido “independencia” para el poder judicial y han tocado otros temas importantes.
Independencia y oposiciones
“La independencia judicial es clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea y está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas”, han asegurado.
Entre ellas han mencionado al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, contra las que han reaccionado en este paro.
Aseguran que el primero “está tramitado injustificadamente por vía de urgencia” y que es “un proyecto que no responde a demanda social alguna”.
“Entre otras medidas, como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, y por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país”, han manifestado.
Añaden que se “pone falsamente a Europa como excusa” y que “se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 sustitutos sin pruebas que midan su aptitud” lo que es un “grave perjuicio para las promociones más jóvenes y los miles de opositores”.
Aumentar las competencias del fiscal general del Estado
Ante el segundo anteproyecto referido han asegurado que “se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado que “seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo”.
Esto, sumado a la “eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de intervenciones políticas en causas de corrupción”.
“Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país. Por eso, con este paro, pedimos la retirada de ambos proyectos. En caso de que no sea así, no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga”, han finalizado.
“Pedro Sánchez dimisión”
En el paro han estado presentes el presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, además de la fiscal jefa de Valladolid, Soledad Martín, entre otros y decenas de personas que han entonado el grito de “Pedro Sánchez dimisión”.
Las cinco asociaciones han querido “desmarcarse de cualquier intento de politización o uso partidista de la protesta” con el fin de “defender los principios básicos del sistema, Estado de Derecho y de las condiciones de jueces y fiscales”.