La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha salido a las calles para reivindicar al Gobierno una mejora en las condiciones laborales. En Valladolid, los trabajadores se concentraban frente a la Subdelegación del Gobierno para pedir "una negociación inmediata".
Así lo expresaba el presidente de la Unión Autonómica de CSIF de Castilla y León, Benjamín Castro, y María José San Román, presidenta de CSIF Valladolid, en declaraciones a los medios.
Piden que se "reconozca" la labor de estos empleados y que se aseguren que tengan "salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento actual de la economía". Según explicaba Castro, desde 2010 han perdido "más del 20% del poder adquisitivo".
Por este motivo, piden un acuerdo salarial que ayude a esa recuperación adquisitiva y que tenga una "cláusula de revisión anual con el IPC". Una situación que afecta a unos 160.000 trabajadores en la Comunidad.
Lamentan que, "pese a los anuncios" del Gobierno, no han recibido el 0,5% de la subida salarial correspondiente a 2024. Y desde la firma del acuerdo entre el Gobierno, CCOO y UGT de noviembre de 2022, los empleados han acumulado una "pérdida del poder alquisitivo del 9% y más de un 20% desde los recortes de Zapatero en 2010".
"Las pagas extraordinarias ya suman más de 28 y supone un ahorro al erario público de 30.000 millones en estos años", aseguraba el presidente de CSIF en Castilla y León. Por estos motivos, exigen una negociación al respecto.
Piden tener un nuevo acuerdo retributivo para los empleados públicos, que "ponga fin a la constante sangría de nuestro poder adquisitivo y que inicie el camino hacia la recuperación, adecuando las retribuciones a la evolución del IPC".
Además de lograr ir "recuperando, de manera progresiva, la inaceptable y abultada pérdida de poder adquisitivo producida durante los últimos años". Un momento de "pasar a la acción" ante esta "sangría constante" y donde CSIF da un "paso adelante" para reclamar estas mejoras.
Desde el sindicato independiente aseguran que "ya no sirven las palmaditas en la espalda ni los halagos vacíos" y que hasta que no aprueben la subida en el Consejo de Ministros continuarán con las movilizaciones: "No descartamos absolutamente nada".
Piden también una equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y una negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
Así como la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, "así como del teletrabajo". Por otro lado, piden una "mejora" en las condiciones de jubilación y la regulación para que puedan acogerse a la jubilación parcial.
Finalmente, María José Román también ha querido incidir en la importancia de la reclasificación profesional para que todos los profesionales que realizan funciones de un cuerpo superior del cual están recibiendo la nómina, "se les adapte y se tenga en serio".