La crispación y la preocupación se han apoderado en los últimos meses de una comunidad de vecinos de Arroyo de la Encomienda. En concreto en 'Arroyovereda', donde se han registrado 85 okupaciones ilegales, según han confirmado fuentes del Sareb a este periódico, y que han llevado a los vecinos a vivir en un contexto de inseguridad constante.

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido ponerse en contacto directamente con el Sareb, desde donde han matizado que adquirieron estas viviendas mediante una subasta el pasado mes de abril, por lo que todavía no han podido ser puestas a su nombre. No obstante, han reconocido que son inmuebles que han recibido con personas habitando en su interior y que son "conscientes de los problemas de conflictividad que se han dado en ese vecindario".

Por ello, han aclarado que cuando se da esta circunstancia, el Sareb activa un protocolo para "agilizar los procedimientos". En este sentido, explican que lo que harán será visitar las 85 viviendas okupadas para comprar "una a una" quién vive dentro. Una vez dada esta situación, aseveran que se pueden dar dos situaciones.

La primera de ellas es que se encuentren personas con "indicios de vulnerabilidad". En dicho caso, cuentan con un equipo de trabajadores sociales que lo que harán en primer lugar será "acreditar que realmente existe esa situación". Una vez confirmada, se les ofrecerá participar en un programa de acompañamiento que trata de tramitar las ayudas que les correspondan y entrar en una bolsa de trabajo controlada por Sareb. 

En caso de que acepten colaborar, les ofrecerán un alquiler social con una duración de siete años. Dicha firma llevará aparejada la supervisión por parte de los trabajadores sociales de la situación de las familias y, por lo tanto, son personas que "cumplen con las normas de convivencia".

El segundo de los casos que relatan es que se dé que sean okupas conflictivos, tal y como vienen denunciando los vecinos. En dicho contexto, el Sareb señalan que es un "gran tenedor de vivienda y está obligado a acreditar ante el juez que no son vulnerables para poder solicitar el desalojo".

Recuerdan en declaraciones a este periódico que todos los desalojos han de realizarse por orden judicial y con la colaboración policial. Con este protocolo inicial de Sareb se agiliza el "acopio de la documentación necesaria para que el juzgado estime el desalojo", según afirman, al tiempo que matizan eso sí que los tiempos dependen de la Justicia.

En caso de que se permita el desalojo, el Sareb se comprometerá a incorporar seguridad en las viviendas para que estas no vuelvan a ser okupadas. Por último, aseguran en palabras a este medio que en este tipo de procesos están en colaboración con los Ayuntamientos locales.

Por su parte, el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, ha querido mandar nuevamente un mensaje de "apoyo" y ha asegurado que ya se lo ha transmitido a los propios vecinos el pasado mes de diciembre en un encuentro que tuvo con los representantes.

Fernández señala que la situación deja en "total indefensión" a los vecinos, que se ven abocados a sufrir situaciones de "inseguridad y mala convivencia" que va más allá de los afectados porque se produce una "sensación de angustia entre los ciudadanos" al percibirse que los okupas actúan "con impunidad".

Asimismo, ha denunciado la "falta de respuesta" por parte del Sareb, que tiene en su propiedad 89 de las 200 viviendas de la promoción. "En lo que se refiere a una actuación municipal para acabar con la ocupación de esos pisos tenemos poco margen de actuación al no ser sus propietarios", ha aclarado en relación al papel del Ayuntamiento.

En este sentido y en lo que a ellos respecta, afirma que se comprometieron a aumentar a la atención y vigilancia por parte de la Policía Local. Precisamente, señala que en el último mes ha habido dos llamadas por una posible ocupación y un allanamiento.

Igualmente, Sarbelio Fernández recalca que el Sareb es el "único que puede denunciar e iniciar los trámites" para que se produzca el desalojo en los pisos afectados por la okupación. Además, subraya que desde Consistorio se ha dado traslado de esta situación y asegura que no han recibido contestación. "Ante esta falta de información y atención he solicitado una reunión con la subdelegada del gobierno", ha añadido.

El regidor denuncia que la "permisividad e impunidad" que se han amparado desde el gobierno ha desembocado en un "aumento de las ocupaciones ilegales y, lamentablemente, esa situación también ha llegado a Arroyo".

Por último, y ante la tramitación de la Ley de Vivienda, Fernández ha recordado que el pleno municipal aprobó una moción dirigida al Gobierno nacional para solicitarle que no se considere domicilio un inmueble ocupado.

La subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, ha querido tranquilizar a los vecinos sobre la situación y les ha asegurado que el Ejecutivo nacional garantiza que cuando se produce una okupación en viviendas habituales o segundas residencias la actuación es "inmediata".

"Están garantizadas por los derechos que tienen los propietarios a mantener sus viviendas. La actuación se produce prácticamente de forma inmediata, por lo que la okupación es muy breve si se produce", ha insistido Villar.

Por todo ello, la subdelegada del Gobierno ha vuelto a recalcar la "tranquilidad" que supone que en esos casos la actuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen de manera "inmediata". Por último, ha vuelto a subrayar y recordar que una residencia de verano "también está protegida".