La Diputación de Valladolid se ha negado a apoyar la propuesta de la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como a instar al Gobierno y a los grupos políticos del Congreso a tener en cuenta este texto para enriquecerlo en la búsqueda de hacer efectivo el derecho a la vivienda y de impedir desahucios.

Asimismo, el tercer punto de la proposición presentada por Héctor Gallego, de Sí Se Puede, defendía facilitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos del texto que defiende la PAH y Stop Desahucios.

A pesar del apoyo de los grupos de Toma la Palabra y del PSOE, la abstención de Ciudadanos y la negativa del Partido Popular han provocado que esta iniciativa se haya quedado sin efecto.

El texto de la PAH está dividido en cinco puntos en los que se recoge, entre otras medidas: segunda oportunidad para conceder la dación de pago, establecer un marco que regule los precios según los ingresos de la población, ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor, incremento del parque público de vivienda o la garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre las familias afectadas.

Héctor Gallego, en su exposición, ha incidido en que se ha tratado la vivienda como un “objeto de inversión y rentabilidad” y no como un “derecho esencial como bien de primera necesidad”. Asimismo ha asegurado que el Gobierno de España ha de iniciar una nueva política de vivienda que no promueva “medidas especulativas”, como asegura que van dirigidas las medidas del PP.

Por último, ha afianzado que se trata de una situación “grave e inmoral” en la que la Diputación de Valladolid “debería hacer más de lo que hace”.

El principal opositor ha sido el grupo provincial popular, que en voz de Conrado Íscar ha asegurado que en el texto de la PAH “obvia todo lo trabajado hasta ahora y no da ningún dato positivo en las medidas tomadas por el PP”, que ha recordado es el partido que más ha propuesto medidas contra los desahucios.

Por su parte, el portavoz de Toma la Palabra, Salvador Arpa, ha apoyado la medida con la intención de que los vientos “soplen a favor del interés común y no de estafadores”. Al tiempo que ha afirmado que es momento de “pasar una página muy triste en la historia de España”, que ha afectado a 400.000 familias desahuciadas.

En un mismo tono se ha expresado la socialista Virginia Almanza, quien además ha incidido en que la solución debe partir desde el Congreso de los Diputados para “resolver este drama social que ha destruido la vida de muchas familias”.

Pilar Vicente, de Ciudadanos, ha compartido el fondo de la proposición pero ha criticado la “solución preconfigurada”, ya que, aunque “compartimos objetivos y finalidad”, hay ciertos puntos que su grupo no defiende, y por ello ha pedido la votación de los tres puntos por separado.