El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha expresado su "malestar y rechazo" ante la decisión adoptada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Soria de iniciar un expediente disciplinario contra una letrada que no pudo asistir a una vista.

La abogada, según informan, solicitó la suspensión por motivos médicos relacionados con un embarazo de riesgo. Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de mayo, cuando el Juzgado desestimó la petición de la abogada y volvió a señalar el juicio dos días después.

En la segunda fecha, la letrada volvió a solicitar la suspensión de la vista por el mismo motivo, pero el órgano judicial decidió recurrir a un abogado de oficio.

Desde la institución que agrupa a los nueve colegios de la Comunidad consideran que estas decisiones resultan "desproporcionadas y contrarias a los principios de equidad, respeto institucional y conciliación de la vida profesional y personal, principalmente en contextos de especial vulnerabilidad".

Asimismo, señalan que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa reconoce el derecho de los profesionales de la abogacía a "solicitar la supresión o nuevo señalamiento de actuaciones procesales en supuestos de enfermedad u otras circunstancias de fuerza mayor, como puede ser el riesgo gestacional".

Un marco normativo que, expresan, establece con claridad el deber de las autoridades judiciales de valorar "con sensibilidad y proporcionalidad estas situaciones".

El Consejo ha trasladado su apoyo a la compañera afectada "confiando en que el Poder Judicial valore estos hechos con prudencia, protegiendo el libre ejercicio de la abogacía en condiciones de igualdad y respeto".